Cuando aquí apenas se hacía, descubrí en Estados Unidos que la mayoría de pagos era con tarjeta de crédito. “En efectivo solo pagan los pobres”, me dijo con indisimulada displicencia clasista un conocido. Podía haber añadido, aunque no lo hizo, que también lo realizaban los narcotraficantes y otros delincuentes.

Lo cierto es que pagar en metálico no deja trazas y propicia desde el blanqueo de dinero hasta una masiva evasión fiscal.

Es lo que sucede en los países menos desarrollados. Hace un año invité a mis hijos y nietos a una estancia en Marruecos, a través de una agencia de viajes, para celebrar una efeméride familiar. Al ir a pagar en el hotel todos los extras consumidos durante aquellos días, me dijeron que debía hacerlo en efectivo y que, para ello, fuese a un cajero de la calle a sacar el dinero. Al exigir un recibo, me dieron un papelito escrito a mano, sin ningún valor probatorio. ¿Qué mejor manera de defraudar a Hacienda en un país con escasísimo cumplimiento fiscal?

Solo unos meses antes, como contraste, había estado en Reikiavik. Pues bien: desconozco hasta físicamente cómo es la corona islandesa, ya que hice todos los pagos con tarjeta, desde los desplazamientos en taxi hasta los perritos calientes comprados en un carrito callejero. Además de la comodidad, la transparencia y el control fiscal estaban garantizados.

Eso es lo que pretende ahora el Gobierno español al limitar a 1.000 euros las compras en metálico. Y aun me parece una cantidad excesiva que, multiplicada por millones de transacciones, permite todavía un fraude fiscal gigantesco.

En un momento de expansión del gasto público y del consecuente aumento de la presión impositiva, resulta fundamental que se recupere la ingente cantidad de dinero que defraudamos al Estado. Para ello, además de que se practique un mayor control a las grandes empresas (hasta ahora inexistente), no hay nada mejor que la práctica desaparición para siempre del pago en efectivo.