—Mamá: quiero casarme con un político.

—¡Ni se te ocurra hij@ mí@!

Esta conversación imaginaria puede estar produciéndose en muchas casas de España, cuando antes emparentar con un político era la de Dios.

Resulta que con todo lo que está lloviendo sobre la corrupción, la ministra Ana Mato no dimite por ello, ni por su nefasta gestión sanitaria, ni por otros errores o culpas propios, sino por haberse beneficiado de los ingresos fraudulentos de su entonces marido, Jesús Sepúlveda, con la trama Gürtel.

Al menos, eso se desprende del auto del juez Pablo Ruz.

Por eso me ha parecido acertadísimo el jocoso comentario televisivo de Ana Rosa Quintana: “Los políticos deben casarse en régimen de separación de bienes”. O no casarse, digo yo. Y ni siquiera mantener relaciones sentimentales, añado. Véase, si no, cómo se le están buscando las cosquillas a Tania Sánchez por un contrato concedido a su hermano por el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. ¿Se lo habrían hecho de no ser la citada política novia de Pablo Iglesias?

No es la primera vez, ni será la última, en que familiares hasta de cuarto grado de los políticos no pueden dedicarse a los negocios sin generar sospechas y, menos aun, presentarse a ninguna licitación pública ni contrato alguno con la Administración.

El recelo y la suspicacia alcanzan incluso a quienes han coincidido en alguna fiesta con un político o se les ha visto tomando un café con él en la terraza de un bar.

Resultan lógicas esta prevención y esta desconfianza cuando tenemos a centenares de políticos inculpados y muchos más bajo la amenazadora sombra de la corrupción. No es disculpable que en nuestra historia siempre se hayan enriquecido los dirigentes políticos a costa de los ciudadanos (véase el libro España: tres mil años de Historia, de Antonio Domínguez Ortiz). Ahora, en un momento de vacas flacas, somos más sensibles y suspicaces que nunca frente a pícaros, sinvergüenzas y corruptos.

Por eso, la profesión de político ha pasado de ser un chollo a convertirse en una infamia.