¿Y si Jordi Pujol hubiese sido condenado en 1990 por la quiebra de Banca Catalana? Pues seguramente la familia Pujol Ferrusola no habría parasitado todos estos años sobre la sociedad catalana, chupándole la sangre y diciendo que “Espanya ens roba”.
Pero, claro, el tribunal de entonces ni se atrevió a juzgar al que era presidente de la Generalitat, pese a la impecable querella presentada por los fiscales de Cataluña José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, hoy eurodiputado de Podemos.
Es que los personajes públicos, durante más de treinta años, han gozado de una evidente impunidad judicial de hecho, al margen de las presuntas responsabilidades individuales en que pudieran haber incurrido.
Por eso, ¿qué habría pasado si Alfonso Escámez y otros banqueros y empresarios de la época hubiesen sido condenados por la financiación irregular del PSOE con Filesa? Pues seguramente que nos habría evitado el expolio posterior del caso Gürtel, los ERES andaluces y otras tropelías político-financieras de estas últimas décadas.
¿Y qué me dicen de Emilio Botín y la comercialización de las primas únicas a comienzos de los 90? Pues que el escarmiento habría evitado desde estafas posteriores, como Afinsa o Gowex, hasta la masiva tragedia colectiva de las participaciones preferentes.
¿Qué hubiese pasado, también, de no haber dejado prescribir la compra-venta de acciones de Tabacalera por un sobrino de César Alierta, cuando este último presidía la compañía? Pues posiblemente se habría legislado con más rigor todo lo relativo a la transparencia empresarial, el inside traiding y la regulación bursátil. Otro tanto cabría decir de Emilio Ybarra y los fondos del BBVA en New Jersey. ¡Cómo habría cambiado, gracias a una condena, la actitud legal hacia los paraísos fiscales!
¿Para qué seguir con lo que podría haber ocurrido y no ocurrió? La comparación entre lo que sucedía en España y Estados Unidos en aquella época me permitió escribir entonces que “si en nuestro país se aplicase la legislación norteamericana casi todos los banqueros españoles estarían en la cárcel”.
Afortunadamente, aunque a muchos no se lo parezca, las cosas han cambiado y los corruptos comienzan a amontonarse en nuestras prisiones. Hay políticos de primera, como Jaume Matas, Carlos Fabra, María Antònia Munar, consejeros autonómicos, diputados, alcaldes,… Pero también dirigentes empresariales como Díaz Ferrán, deportivos, como José María del Nido, o personajes del papel cuché como Ortega Cano.
Y esto, por suerte y por justicia, no ha hecho más que empezar.
