Uno de los males de nuestra enseñanza es haber troceado su competencia normativa en 17 comunidades autónomas. Así, cada una adopta medidas a cuál más pintoresca, como la valenciana, que imparte Educación para la Ciudadanía en inglés.
Presumo la inocencia de Baltasar Garzón, como la de cualquier otro imputado no condenado por los tribunales.
Lo único que me perturba de los probables delitos de prevaricación es que siempre suele haber un Alfredo Pérez, El Bigotes, dispuesto a regalar un traje o un reloj para ver si él recibe en compensación alguna gabela. Por eso, también, sospecho de quien financia generosos cursos y conferencias como las de Garzón.
Otros, de pequeños, soñaban con ser deportistas famosos. Él, en cambio, prefería ser dirigente deportivo. Aquel niño tan raro, en vez de tener que retirarse del deporte pasados los 30, como otros, seguía a los 80 al frente del deporte mundial.
Si hace cien años la apertura de la Gran Vía madrileña hubiese tenido para su creación la mitad de los problemas que El Cabañal valenciano, Madrid continuaría siendo la agobiante y envejecida ciudad de los austrias, en vez de la amplia villa cosmopolita de hoy día.
El Gobierno ha dispuesto que la Administración pague en 30 días y no como ahora, en el que se retrasa como el mayor de los morosos. Ya me dirán, ya, dentro de un tiempo, cuando al Tesoro Público no le queden en sus arcas más que telarañas y los empresarios autónomos sigan anticipando al Estado un IVA que aún no han cobrado. Y lo que te rodaré, morena.
Hasta ahora, 1,3 millones de españoles tienen el doble de capacidad de voto que el resto de sus conciudadanos. Son aquellos residentes en el extranjero que, sin haber estado nunca en España muchos de ellos, pueden votar tanto a Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo, como a Rajoy o Rodríguez Zapatero en nuestro país.
El paro continúa subiendo, pero aun así el Gobierno se muestra contento: “Los datos consolidan la tendencia de que estamos en el camino de la recuperación”, dice una impávida María Teresa Fernández de la Vega. Evidentemente, con 4,2 millones de parados —la cifra más alta de Europa— cada día que pasa quedan menos empleos por destruir y, en consecuencia, el ritmo de desempleo será menor.
Probablemente sobren funcionarios, como dice la vicepresidente Elena Salgado. Pero más obvio que eso es la inutilidad de muchísimos altos cargos, nombrados a dedo, sin pasar prueba alguna y con el único mérito de ser amigos del gerifalte de turno.
Un representante de la industria farmacéutica dice que las medidas de la Administración para ahorrar 1.500 millones en gastos sanitarios conllevará la pérdida de 500 puestos de trabajo. Este tipo de argumentos a mí me dejan frío. Mejor dicho: me conturba el que se antepongan intereses de grupo al beneficio de la sociedad en su conjunto. Es como si los plantadores de tabaco se quejasen por las normas preventivas del tabaquismo o los fabricantes de armas por la prohibición de su venta libre a los particulares.
Jueves, 16 de febrero
Manuel Molares do Val
Juan Fernandez Krohn
Antonio Javier Vicente Gil
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