La ministra Carme Chacón ha dicho a los atuneros españoles que se protejan ellos mismos de los piratas somalíes, que su ministerio no tiene dinero para la labor.
Los fondos públicos, claro, sirven para unas cosas antes que para otras. Si se prefiere que vayan a los gays y lesbianas de Zimbabwe, como es el caso, por supuesto que no quedan luego para otros asuntos de menor cuantía.
Es curiosa la prelación de intereses humanitarios de nuestra política exterior. Los españoles condenados a muerte en el extranjero —Paco Larrañaga, Pablo Ibar y Nabil Manakli— disponen de toda la protección jurídica y diplomática del Estado. En cambio, los pescadores en riesgo de morir a manos de piratas extranjeros, que se apañen como puedan, en contraste con lo que hace Francia, que embarca con los suyos a infantes de marina.
A los nuestros se les propone que contraten a mercenarios. Éstos, a diferencia de las tropas españolas, con órdenes siempre de no pegar un tiro ni por casualidad, podrán disparar alegremente por aquello de estar en aguas foráneas. Ya ven qué paradoja: mientras los guardias privados sólo pueden hacer aquí un uso limitado de la fuerza, a compañías extranjeras, como la siniestra Blackwater, casi se les da barra libre.
¿Para qué sirven, pues, nuestros soldados, cuando no se les hace caso a los armadores de los buques atuneros, quienes preferirían pagar el coste de su defensa al ejército español antes que a matarifes extranjeros?
Si, en cambio, un grupo de vecinos que se hallase en un caso similar intentara organizar un modesto somatén, no les cuento la que les caería encima por parte de ese mismo Estado que propicia el ajuste de cuentas privado entre pescadores y piratas.
Domingo, 19 de febrero
José Pómez
Juan Fernandez Krohn
Avelino Vallina
Vicente Torres
Manuel Molares do Val
Raúl González Zorrilla
Vicente A. C. M.
Antonio Javier Vicente Gil
Pedro Fernández Barbadillo
Cesar Sinde
Toni García Arias
Francisco Rubiales
Enrique Arias Vega
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