La imputación penal de un político en ejercicio viene a resultar un incordio no sólo para él, sino para sus propios administrados, ya que, aunque él no lo pretenda, suele distraerle de la gestión pública a fin de preparar su defensa jurídica.
Le sucedió a Bill Clinton, cuando el escándalo de Monica Lewinsky, y conllevó que sus dos últimos años de mandato fuesen peores que los brillantes seis anteriores. Hasta su mismo segundo, Al Gore, acabó por distanciarse de él para poder conservar así sus opciones a la presidencia, aunque al final le ganase George Bush en un turbio recuento final.
Por eso, algunas legislaciones esperan a que venza el período de gestión del mandatario público para poder encausarle. Es lo que le pasa ahora a Jacques Chirac, implicado en un juicio por posibles empleos ficticios cuando era alcalde de París, hace más de doce años. Esa es la normativa, dicho sea de paso, que ha pretendido implantar en Italia Silvio Berlusconi, el político en activo con más casos llevados a los tribunales.
Pero hablábamos de España.
Aquí existe el instructivo dicho de que “quien fue a Sevilla, perdió a su silla”. En el caso que nos ocupa, quiere decir que si un dirigente deja su cargo para pelear a pecho descubierto por su honradez, aunque ésta llegue luego a demostrarse ya es demasiado tarde entonces para reparar su honra y mucho más aun para recuperar el cargo perdido.
Dos casos resultan bien ilustrativos. Uno, el del socialista Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta de Castilla y León, quien dimitió en 1986 por un tema laboral en una empresa de su propiedad. Tres años después fue absuelto, pero abocado ya al olvido en puestos políticos marginales. Otro, el del presidente balear Gabriel Cañellas. El líder del PP, José María Aznar, le obligó a dejar el cargo tras su imputación por cohecho y prevaricación en las obras del túnel de Sóller. Prescrito el primer delito y absuelto del otro, el ex presidente pasó sin embargo a un absoluto ostracismo político.
Reacción opuesta a la de los dos anteriores fue la de Jordi Pujol, querellado en 1984 por los presuntos delitos de falsedad y apropiación indebida en Banca Catalana. En una historia que profesionalmente viví muy de cerca, comprobé cómo el hombre aguantó el tipo y consiguió aglutinar tras él a una sociedad que se sintió agredida en su conjunto hasta que la Audiencia acordó por simple mayoría no procesarle. Obvio es decir que después Pujol ganó ininterrumpidamente todas las elecciones hasta que en 2003 pasó los trastos a Artur Mas.
Espoleado quizás por ese ejemplo, en 2000, al entonces ministro Josep Piqué tampoco se le ocurrió dimitir cuando la fiscalía anticorrupción le buscó las cosquillas por lo ocurrido nueve años antes en Ercros, empresa de la que fue directivo. Todo quedó en seguida en agua de borrajas. ¿Pero habría tenido Piqué el brillante futuro empresarial del que ahora goza si hubiese dejado el cargo fruto de las muchas presiones políticas y mediáticas sufridas antes de demostrarse su inocencia? Seguro que no.
Todo esto viene a cuento, ustedes lo saben, de la pintoresca historia de los trajes supuestamente regalados por Álvaro Pérez, el Bigotes, al presidente valenciano Francisco Camps.
Y es que algunos pretenden desalojar de sus puestos a los políticos con campañas de agit-prop —la agitación y propaganda bolchevique creada por Plejánov y Lenin— antes de que los tribunales de justicia, si acaso, dicten la suya.
Mientras que cualquier asesino convicto, incluso apresado con un hacha ensangrentada en la mano, disfruta de la presunción de inocencia hasta que una sentencia diga lo contrario, no sucede lo mismo con los políticos. Muchas veces el rumor, bastantes otras la calumnia y en contadas ocasiones una simple demanda judicial son suficientes para establecer un imborrable estigma de culpabilidad que los acompañará de por vida.
Aquí no sucede, pues, como en Estados Unidos, donde no sólo una simple imputación no arruina una carrera política, sino que, una vez purgado el delito cometido, la rehabilitación social de su autor es plena. Véanse, si no, el caso de Marion Barry, alcalde de Washington antes y después de haber pasado por la cárcel, y los de tantos otros.
Pero esto no es Estados Unidos, evidentemente. Aquí a un hombre público la presión social y mediática le puede hundir incluso sin haber efectuado nada reprobable en absoluto.
Así que hace muy bien Francisco Camps —como cualquiera que se precie del cargo que ocupa— en esperar que las cosas se esclarezcan sin abandonar por ello ninguna de sus responsabilidades.
Lo que él y todos los demás debemos exigir siempre es rigor informativo, claridad sumarial, discreción de los jueces y celeridad procesal para que, en vez de justicia, no se produzcan meros linchamientos políticos.
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Escribe Roberto Saviano en su magnífico libro Gomorra, sobre la Camorra Napolitana: "No se intenta ocultar una acción, un homicidio, una inversión, sino simplentente hacer que sea indemostrable ante un tribunal" (pag. 71, VII edición en DeBolsillo). Evidentemente el PP asume los mismos planteamientos que la Camorra. Las Comunidades de Madrid, Murcia y Valencia, son nuestro Nápoles
Martes, 29 de mayo
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