Acuciado por su compromiso con el presidente catalán, José Montilla, Rodríguez Zapatero acaba de pisar el acelerador de la reforma de la financiación autonómica. ¿En qué va a consistir, qué criterios van a primar y cuánto va a costar?
Qué más da. Llevamos casi un año en que todas las previsiones y cifras macroeconómicas son artificiosas, cuando no puro camelo, a cuenta de una crisis que se ha llevado por delante cualquier expectativa razonable.
En todo caso, y fiel a su estilo, el jefe del Gobierno español ha prometido a cada interlocutor lo que quiere oír. A Esperanza Aguirre, que se ponderará más en el futuro la población. Al asturiano Álvarez Areces, que se tendrá en cuenta la dispersión geográfica. Y hasta ha introducido una nueva variable a petición de Pérez Touriño: más dinero a mayor número de lenguas vernáculas existentes en cada región. ¿Incluirá ello la fabla aragonesa o el aranés?
La única aportación de sentido común, hasta ahora, la ha hecho Francisco Camps, al subrayar que lo democrático es que “todos los ciudadanos españoles tengan los mismos derechos vivan donde vivan”. No está mal el evocar semejante obviedad porque hace bien poco se puso de moda lo de las balanzas fiscales —¿recuerdan?— como reproche de que las comunidades más ricas contribuyesen con más fondos en solidaridad hacia las más pobres. Tal queja es tan insensata y tan absurda como protestar, por ejemplo, de que Emilio Botín pague más impuestos que un parado de la construcción.
El resultado de la nueva financiación, cuadre o no el sudoku de que la tildaba Pedro Solbes, conllevará que el Estado aporte a las comunidades autónomas de 4.000 a 12.700 millones más que hasta ahora, al pasar probablemente las transferencias del IRPF y del IVA —de los respectivos 33 y 35 por ciento actuales— al 50 por ciento y las de los impuestos especiales —del 40 por ciento de ahora— al 58 por ciento.
De esta manera, al disponer las comunidades autónomas de más de la mitad del Presupuesto nacional, se hará bueno aquel deseo formulado por el olvidado Pasqual Maragall de que España pase a convertirse en “un Estado residual”.
Pero decía que todo esto, a fecha de hoy, resulta irrelevante merced a la crisis que ha convertido en surrealista cualquier intento de racionalización económica.
Para empezar, hemos estado votando en Las Cortes unos Presupuestos más falsos que un billete de 13 euros, ya que sus previsiones están absolutamente “desactualizadas”, en piadoso eufemismo del ministro Solbes. Tanto es así, que pronostican unos ingresos del Estado para 2009 superiores a los de este año —un 6,7 por ciento más del IRPF, por ejemplo—, cuando la tendencia es justamente la contraria. A 30 de noviembre, según el secretario de Estado Carlos Ocaña, el Estado lleva recaudado un 11,5 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.
¿De qué nos sirve, pues, discutir en el Parlamento unos Presupuestos que sabemos no se han de cumplir? Ninguna de sus cifras es válida: ni el crecimiento del PIB —¿crecimiento?—, ni las previsiones de desempleo, ni el déficit público, ni el superávit de la Seguridad Social, ni nada de nada. La realidad, muy otra, es que aún no conocemos —ni podemos conocer—, cuál va a ser el agujero de las arcas públicas, ni cuánto tiempo va a durar ni cómo remendar el descosido.
Trasladado el tema al ámbito autonómico, igual de utópicos y de surrealistas son, por ejemplo, esos Presupuestos de la Comunidad Valenciana que con tanto esmero ha pergeñado el consejero Gerardo Camps. En primer lugar, porque ya vienen condicionados por las dos grandes partidas transferidas por la Administración central —Sanidad y Educación—, que por sí solas absorben el 70 por ciento de nuestros recursos. En segundo lugar, porque el descenso de la actividad económica mengua la capacidad recaudatoria de la Generalitat Valenciana: a día de hoy, los ingresos por el IRPF han bajado un 9,4 por ciento, los del IVA el 24,5 y los impuestos especiales el 8,1 respecto a lo recaudado el año pasado.
¿Quién, en estas condiciones, puede realizar una planificación coherente del gasto? ¿Cómo, en este contexto, no han de resultar deficitarios desde los grandes proyectos temáticos de esa Comunidad hasta la explotación de RTVV?
Lo peor de la crisis actual no es, pues, el suceso en sí mismo, sino el relativismo y la confusión que genera. Rodríguez Zapatero, es de suponer que con la mejor intención del mundo, se está dedicando a tapar agujeros sobre la marcha sin sentar las bases de una recuperación económica futura. ¿Qué pasará cuando nos hayamos comido las reservas y agotado nuestra capacidad de crédito sin haber regenerado el sistema productivo?
Esperemos que la habilidad de nuestros gobernantes, el sentido común de los ciudadanos o el mero azar sean capaces de aportar cuanto antes un poco de racionalidad a este escenario surrealista en el que nos encontramos sumidos.
Martes, 29 de mayo
Vicente Torres
Juan Fernandez Krohn
Vicente A. C. M.
Manuel Molares do Val
Miguel Barrachina
Julio César Izquierdo
Francisco Rubiales
Pedro Fernández Barbadillo
José Pómez
Antonio Cabrera
Miguel Torres Galera
Carlos Ruiz Miguel