Los radicales antisistema no necesitan la Declaración de Bolonia como coartada para la perturbación de nuestra escasa vida académica y para dar quebraderos de cabeza a Francisco Tomás y al resto de rectores de las universidades españolas.
Una serie de siglas juveniles, desde Agir en Galicia, hasta los Maulets de Cataluña, han protagonizado en los últimos años boicots y agresiones a políticos de toda laya que pretendían disertar pacíficamente en los recintos universitarios, desde María San Gil a Rosa Aguilar, pasando por Rosa Díez. El último, y repetido, damnificado ha sido Josep Piqué, en la Complutense de Madrid, al responsabilizarle los manifestantes, mediante una espectacular puesta en escena con monos naranja, de las sevicias a los presos en Guantánamo.
Se argüirá que todo esto no es más que una simplificación interesada y que las protestas contra el espacio Europeo de Educación Superior, que es la denominación oficial del Plan de Bolonia, resultan más complejas y más razonables. Puede.
Pero el intentar que haya una homologación universitaria en Europa, que nuestros estudiantes puedan desplazarse por ella sin trabas académicas y que la enseñanza se adecue a las cambiantes necesidades del mundo tecnificado de hoy día es lo más progresista que se ha planteado hasta la fecha. Y eso resulta tanto más necesario en España, donde una serie de pruritos autonómicos impide convalidar asignaturas de una universidad a otra y donde ningún centro de estudios superiores se encuentra entre las 200 mejores universidades del mundo. ¡Eso, mientras Rodríguez Zapatero va presumiendo de que somos la octava potencia mundial!
En una divertida e inteligente metáfora, el catedrático Josep Joan Moreso ironizaba en un reciente artículo que también cuando se generalizó el sistema métrico decimal hace dos siglos hubo airadas protestas. Hoy día, ya lo sabemos, dicha homologación de medidas simplifica y favorece las relaciones humanas y todos tan contentos.
Uno, en su modestia, piensa que en el batiburrillo opositor a Bolonia se mezclan demasiados intereses y no pocas confusiones.
La primera de éstas ha sido el desdén de nuestros políticos a dar cualquier clase de explicación. Cuando era ministra de Educación María Jesús San Segundo, pasó olímpicamente del tema. Su sucesora, Mercedes Cabrera, por formación y cualidades personales, tiene mucho más interés en el asunto pero, ay, las competencias académicas las posee en la actualidad la titular de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, más preocupada en pelearse con su compañero de Gabinete Bernat Soria por ver quién controla la investigación española que en otros menesteres. Ya ven qué ejemplo.
Luego, claro, está la endogamia académica de un profesorado más interesado en mantener su estatus académico que en adecuarse a la realidad de conocimientos actual. No parece de recibo que en este país existan 76 universidades, 50 de ellas públicas, sin que se produzca una legítima y sana competencia docente entre ellas para ofrecer lo mejor a los alumnos, en vez de mantener un bajo nivel de exigencia que justifique su apacible continuidad.
Finalmente, está el miedo que se les ha metido en el cuerpo a los estudiantes de Secundaria, reclutados ya para la gresca contra Bolonia. Se les dice que no podrán estudiar lo que ellos quieran, que deberán trasladarse de su pueblo y dejar a sus amigos, que deberán pagar más por la enseñanza y costearse el postgrado —como si eso fuese cierto y como si la mayoría de ellos llegara a alcanzar ese nivel— y que el plan es cargarse la enseñanza pública.
A esas falsedades se unen en la Comunidad Valenciana otro tipo de reivindicaciones, desde la protesta contra la Educación para la Ciudadanía en inglés hasta la instalación de videocámaras en algunos institutos. Así tenemos el lío garantizado.
Poco hay de inocente, pues, en la ocupación de recintos académicos, intimidación de profesores y manifas callejeras cuando 46 universidades europeas tratan de armonizar sus estudios y conseguir que valgan para algo más que para colgar títulos en las paredes. La prueba del nueve de que esto es así me la ofreció, en la modestia de mis alcances, un profesor antisistema que resumía su postura sesgada y sectaria con estas palabras: “No estoy de acuerdo en que las carreras se diseñen sólo pensando en su utilidad para las empresas”, como si ése fuera el tema.
¿Para qué deben servir, según él?: ¿para que se entretengan los hijos de papá?, ¿para derrochar el dinero público en estudios inútiles?, ¿para programar botellones, viajes de fin de curso y sexo libre?
Así que menos demagogia y más aplicación académica.
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El poder de la desinformación y de la manipulación es inmenso, y en este tema, al igual que en otros que estan en primera plana en la actualidad, se hace más evidente. El tratado de Bolonia introduce nuevas y prometedoras expectativas sobre la educación superior futura, muy necesarias para un pais como el nuestro, el cual, desgraciadamente no destaca ni mucho menos por la sólida formación de sus estudiantes y recién graduados. Un replantamiento de los actuales planes de estudio para adaptarlos a la realidad social y económica es además de necesario, urgente. Existen carencias en los actuales planes de estudio que están directamente relacionadas con nuestra pobre posición en las listas de mérito de las mejores universades europeas y mundiales, y que repercute directamente por la carencia de productividad y competitividad de nuestro sistema económico. Tengo la esperanza de que la mayoría de las personas utilice el sentido común y la razón para abordar este tema, que la inútil violencia.
Martes, 29 de mayo
Vicente Torres
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