Los culpables de la corrupción urbanística

09.11.08 | 14:48. Archivado en Artículos

Ante la reciente avalancha de casos de corrupción urbanística municipal, la pregunta es simple y delicada a la vez: ¿se trata de casos aislados de precoz detección o nos hallamos ante la punta de un iceberg de envilecimiento generalizado?

No deja de resultar paradójico, por otra parte, que los últimos casos de alcaldes valencianos bajo sospecha --Juan José Rubio, de Zarra, José Joaquín Moya, de Bigastro, y Trinidad Martínez, de San Fulgencio-- se hagan públicos cuando la construcción va de capa caída y las ubres de las contratas públicas ya no dan la leche de antaño.

Curiosamente, también, los dos únicos ex alcaldes de la Comunidad Valenciana hasta ahora condenados con penas de prisión no lo han sido por masivas operaciones fraudulentas, del tipo de la de José Manuel Rodríguez Leal, quien autorizó la construcción en Catral de 1.200 chalés sobre suelo no urbanizable. No. Al oriolano Luis Fernando Cartagena le cayeron cuatro años por quedarse 49.000 euros de unas monjitas, y a Carlos Pascual, seis, por daños ecológicos al marjal de Pego.

¿Quiere esto decir que en Valencia no existen casos sonados, como los de Ciempozuelos, Coslada, Telde, Andratx...? ¿Es que sus munícipes son más honrados que los marbellíes Marisol Yagüe o Julián Muñoz? ¿A qué se debe, en cualquier caso, tanta presunta inmoralidad municipal que no hace acepción alguna de siglas políticas?

La tentación, para el aspirante a corrupto, deriva de que entre el 35 y el 40 por ciento de la financiación de los ayuntamientos se debe a las obras públicas. Es éste mucho dinero cuya obtención proviene, además, de simples actos administrativos sobre planes urbanísticos, recalificaciones de terrenos, permutas de solares y otras decisiones de difícil control y de sustanciosas plusvalías. ¿Quién no se resiste muchas veces ante semejante fascinación?

Todo comenzó, hay que decirlo, con la financiación ilegal de los partidos políticos a nivel nacional, desde el lejano caso Filesa en tiempos de Felipe González. Por aquella época, la contratación irregular de obras del AVE le costó el puesto al entonces ministro Julián García Valverde y poco más. Pero todos recordamos el caso Naseiro, la adjudicación de las tragaperras vascas, el caso Pallarols sobre cómo se financiaba el partido de Durán i Lleida o la imputación de Pasqual Maragall a Artur Mas de la mordida de un 3 por ciento en las contratas públicas. O sea, que no hay ningún partido inmune a esas prácticas.

Nada de eso resulta privativo de España, claro. En la Francia de François Mitterrand tal actividad alcanzó caracteres de virtuosismo y mereció dos amnistías colectivas de la Asamblea Nacional que permitieron, entre otras cosas, que gente inculpada por financiar irregularmente a su partido llegara a ser luego comisario europeo, como en el caso de Jacques Barrot.

Y es que los partidos --y los sindicatos-- muchas veces estiran más el brazo que la manga, ya que si sólo dependiesen de las cuotas de sus afiliados habrían quebrado hace tiempo y tampoco les bastan las generosas partidas con las que les subvencionan los Presupuestos Generales del Estado.

El caso más sangrante es el de nuestros ayuntamientos, las instituciones públicas menos dotadas económicamente dentro de la administración del Estado. En su día, José María Aznar prometió hacer una segunda transición, tras la autonómica, que quedó en agua de borrajas. La petición de una mayor financiación pública por parte de la esforzada Rita Barberá no fue atendida. Tampoco ahora, que preside los municipios españoles el socialista Pedro Castro. Ante eso, muchos municipios se han visto obligados a bordear la legalidad para dotarse de medios y algunos, incluso, la han traspasado.

Ése es el ambiente en el que los pícaros y sinvergüenzas han medrado, llevándose comisiones fraudulentas. A su impunidad ha coadyuvado no sólo la relativa generalización del problema, sino la carencia de policías especializados, de fiscales expertos en cuestiones contables y de una mayor dotación de jueces. En el propio Estados Unidos, el FBI acaba de reconocer que necesitaría tres veces más agentes para investigar las quiebras de Lehman Brothers, Merrill Lynch y otros.

Aquí, además, algunos jueces, como Baltasar Garzón o Santiago Pedraz, parecen más interesados en exhumar cadáveres o investigar a dictadores extranjeros que en solventar nuestros asuntos internos cotidianos.

Por todo eso, resulta demoledor para nuestra democracia --más sana de lo que algunas conductas individuales pudieran hacer creer-- que tengamos a decenas de alcaldes y ex alcaldes años y años bajo sospecha, como sería el caso del oriolano José Manuel Medina, sin que se aclare judicialmente de una dichosa vez su situación. Porque la sospecha, no lo olvidemos, resulta infinitamente más grave para todos que la peor de las certidumbres.