Hablemos de las cárceles
25.12.07 @ 15:21:09. Archivado en Artículos
Hace muchos años traté a un delincuente marroquí que había pasado por las prisiones de varios países:
—Si me vuelven a detener, que me encierren en una cárcel española; son las mejores —dijo el hombre, con una convicción producto de la experiencia.
Y eso que en aquel tiempo el régimen de Franco no ataba precisamente a los perros con longaniza. Entonces, de prisiones yo sólo conocía el siniestro penal de El Sexto, en Perú, con celdas excavadas en lúgubres cuevas llenas de humedad. Había ido allí a entrevistar al líder guerrillero y excelente poeta Héctor Béjar y sólo sabía de aquel presidio lo leído en la estremecedora novela de José María Arguedas, quien se suicidaría poco después.
Relato este siniestro panorama para evidenciar mi ignorancia y mis prejuicios sobre el sistema penitenciario español, el cual he conocido no hace mucho, durante mi estancia en Salamanca. Entonces visité varias veces el complejo penitenciario de Topas, centro de reclusión mixta, espacioso, con un moderno polideportivo, biblioteca y talleres para practicar las actividades más diversas. Nada que ver con el régimen carcelario que denunciaba Victoria Kent hace un siglo y mucho más confortable que las prisiones norteamericanas que denuncia constantemente la asociación Human Rights Watch.
Claro que, con todo, estar en la cárcel no es un chollo. ¿A quién le agrada vivir sin libertad?
El problema se ha agravado en los últimos tiempos, como bien saben los funcionarios de Picassent, donde tres de ellos fueron secuestrados hace menos de un mes, durante un motín. El malestar se debe a que la población reclusa española —unos 68.000 internos— se ha duplicado en los últimos 17 años, creciendo en 10 reclusos más cada día que pasa.
Así, obviamente, se produce hacinamiento —tenemos 150 presos por cada 100.000 habitantes, el porcentaje más alto de Europa Occidental—, con celdas proyectadas para uso individual y que están ocupadas por dos detenidos, multiplicación étnica y lingüística de los internos —un tercio de ellos son extranjeros—, dilación de los juicios, aumento del número de reclusos preventivos, etcétera, etcétera.
Las cárceles se hacen, pues, menos manejables, los presos son más peligrosos, su control resulta más difícil y sólo viven en un relativo confort los criminales de ETA, en holgados módulos de aislamiento, de habitaciones individuales y con tele y frontones en los que ejercitarse diariamente como pelotaris.
Esta exposición no pretende ser un sarcasmo, sino la realidad objetiva que he apreciado con mis propios ojos.
Con retraso, como siempre, el Gobierno español se ha dado cuenta de que en estas condiciones nuestro sistema penitenciario se convierte en un polvorín que no logran desactivar ni los juicios rápidos ni la desidia de algunos jueces que, como la gijonesa Rosario Hevia, llegan a acumular 148 sentencias sin dictar. Por eso, el Consejo de Ministros aprobó hace dos años crear 11 nuevas cárceles con 18.000 plazas, a añadir a los 77 centros ya existentes.
Pues bien: sólo cuatro están en construcción. Entre ellas, la castellonense de Albocàsser, aunque concluirá mucho después de lo anunciado en su día por la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. ¿Y las otras?
Pues surgen dificultades, como la protagonizada por los vecinos de Siete Aguas, con su alcalde, Rafael Zahonero, al frente. No quieren ninguna prisión en su término municipal, por razones medioambientales, dicen. La realidad suele ser que nadie desea tener cerca un penal, ni un centro de tratamiento de residuos ni un local para toxicómanos, aunque todos esos centros resulten imprescindibles por desgracia en nuestra sociedad.
Para convencer a cualquier municipio de que instale una cárcel sólo cabe que las ventajas —económicas, sobre todo— superen a los inconvenientes de inseguridad y del dudoso entorno social de los reclusos. Nada mejor para ello que la agilidad judicial que reduzca la estancia de los presos preventivos y una rotación de los más peligrosos que evite la formación de mafias.
Pero, para ello, no basta que haya nuevas cárceles, sino que hay que modificar nuestra práctica judicial y nuestro sistema penal en su conjunto y ponerlos al día de una vez.
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Enrique Arias Vega
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