(PD).- Cuando comenzó el ‘ladrillazo’, allá por mediados del 2006, y antes de que la crisis se revelara con toda su crudeza, absolutamente todos los analistas manejaban el mismo discurso: los inmigrantes serán parte esencial del mercado inmobiliario más inmediato.
En España se construía más que en media Europa junta, y bancos, organismos oficiales y hasta el propio Gobierno estaban convencidos de que aquellos llegados al país en busca casi siempre de una vida mejor comprarían pisos a manos llenas. Otro error de cálculo.
Así lo revelan los datos del Ministerio de Vivienda, que cifran en 7.672 los pisos que los inmigrantes compraron en España en el tercer trimestre del 2008. Pues bien, esa cantidad es el 58% inferior a las 18.521 casas que adquirieron un año atrás. Porcentaje que cobra verdadera dimensión si se compara con la caída del 33,7% que registraron las adquisiciones de los españoles.
Ese descenso medio del 58% fue superado con creces en algunas zonas. Fue el caso de Huelva, Sevilla, Ávila, Burgos, Segovia, Zamora, Albacete, Cuenca, Lérida, Madrid, Navarra o La Rioja, donde la caída superó el 78%. También hubo excepciones. En Cáceres el mercado inmigrante se mantuvo estable e, incluso, hubo algún incremento, como los de Murcia (14,3%) o Ceuta y Melilla (23%).
Dos son las causas del derrumbe de lo que iba a ser la tabla de salvación de promotores, bancos y administraciones: el paro y la falta de crédito. El aluvión de despidos ha tenido especial incidencia entre los inmigrantes, muchos de ellos, paradójicamente, empleados en el sector de la construcción.
Consecuencias
Alguna caja llegó a ofrecer créditos hipotecarios compartidos a inmigrantes que ni siquiera tenían porqué conocerse. Esa apuesta por el ‘dinero para todos’ tiene ahora funestas consecuencias.
La consecuencia más directa en el mercado inmobiliario es el desplome del negocio para extranjeros inmigrantes. Entre julio y septiembre del 2008, los inmigrantes invirtieron en pisos 1.481 millones de euros, el 55% menos que un año antes. El precio medio de las operaciones, sin embargo, lejos de retroceder aumentó el 8,5% hasta los 199.335 euros.
