(PL).- Las asociaciones, Rumiñahui, Atime y Karibú, que ofrecen atención y apoyo a inmigrantes, criticaron hoy la «criminalización» a la que se ve sometido el colectivo, «cuyos miembros son equiparados a la categoría de delincuentes», así como manifestaron su disconformidad ante el reciente «endurecimiento» de la política de inmigración del Gobierno socialista.
El portavoz de la Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, explicó en la víspera del Día Internacional de la Inmigración, que la sociedad española «no termina de entender el fenómeno como una oportunidad, en vez de como un problema». Además, señaló que la crisis económica «está generando una actuación en las instituciones que les perjudica mucho».
Según Jiménez, los Estados «se están deshaciendo de mano de obra barata que ya no necesitan», especialmente en el sector de la construcción y los servicios, «dejando sin trabajo a muchos inmigrantes que, al no disponer de redes sociales de apoyo, se encuentran desamparados». «El Gobierno debería promover más políticas de desarrollo, porque iniciativas como el Plan de Retorno Voluntario, estaban desde el principio condenadas al fracaso», subrayó.
Asimismo, el representante de la Asociacion de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Kamal Rahmouni, señaló la multiplicidad de asignaturas pendientes que tiene el Estado en este aspecto. «Hace falta que se garantice la plena participación política de los inmigrantes y que la igualdad de derechos se convierta en una realidad definitiva», se quejó Rahmouni.
También, para la asociación de marroquíes la situación económica del momento tiene un fuerte impacto sobre la vida del colectivo en España. «Se producen recortes de empleo y medidas restrictivas que nos perjudican especialmente», afirmó el portavoz, quien lamentó que la sociedad «no sea más consciente del importante aporte cultural, social y político que el colectivo ofrece al país».
Por otra parte, la ONG de apoyo al pueblo africano, Karibu, critica que la situación de los subsaharianos es la «más alarmante», pues son un grupo de inmigrantes «marginado» en la aplicación de políticas que resulten efectivas para su asentamiento en el país. Así, su director, Antonio Díaz, denunció el «vacío» existente en la aplicación de la Ley hacia el inmigrante africano, razón que, según Díaz, explica su escaso índice de regularizaciones.
Finalmente, Díaz destacó la «gravedad» del caso subsahariano, debido a la elevada tasa de muertes que se produce por el naufragio de cayucos y por la falta de un protocolo adecuado de actuación. «Los africanos en España se ven obligados a sobrevivir por sus propios medios, casi siempre de la caridad pública, ya que tienen todas las puertas a la integración cerradas», concluyó.
