Juan Felipe Simón
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Corrupción en el Estado
18.04.08 @ 09:00:00. Archivado en Política
Cuando leí que el Juez Torres había dicho que “el Estado está cada vez más retrasado y perdiendo la lucha contra la corrupción”, situación que atribuía a “la carencia de medios”, quedé algo perplejo, porque no era un cualquiera quien sentenciaba sobre tan delicado asunto. Después supe que dicha afirmación formaba parte de su intervención en la clausura de una mesa redonda sobre “Corrupción. La gran amenaza al Estado Democrático”, que se celebró la semana pasada en Salamanca en el ámbito del XX Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal. Solo el lema del simposio da para pensar.
Miguel Ángel Torres Segura (Granada, 1971), el Juez Torres, se doctoró en corrupciones en 2005, cuando le tocó instruir el caso Ballena Blanca, considerado entonces la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero en España. La cátedra subsiguiente la obtendría en 2006 con el caso Malaya, también la mayor campaña contra la corrupción urbanística y afines levantada en nuestro país. En ambos casos el epicentro de la dorada corrupción es la Costa del Sol, en donde la más lujosa corrupción nacional e internacional halla su acomodo. Actualmente el Juez Torres ejerce de titular de lo Penal en Granada.
¿A qué corrupción se refería exactamente el juez con la grave aseveración que encabeza este artículo? ¿A la corrupción en general o, concretamente, a la mejor organizada, a la de alto copete y de contrastada influencia en las altas esferas del poder? Aunque a renglón seguido advertía de que “en España se ve la corrupción como algo normal y, en algunos casos, como defraudar a Hacienda, está bien vista”. A su juicio contribuyen a esta situación “la falta de unidades policiales y juzgados especializados y el que no todo el mundo está dispuesto a luchar contra la corrupción”. Todos conocemos, aunque ningún gobierno ha actuado por derecho en ese sentido, la secular carencia de personas y de medios, pero… ¿quién es para Torres todo ese mundo no dispuesto a luchar contra la corrupción? Realmente grave esa apreciación suya ¿Serán las distintas Administraciones Públicas, cada una con su parte de cuota, encargadas de velar contra todo tipo de corrupción?
Torres pidió “aumentar los medios para conseguir pruebas”, mientras reclamaba la “regulación de las intervenciones telefónicas” y la mejora en “la obtención de información de la Agencia Tributaria y de las entidades bancarias”. También se mostró partidario de “modificar los tipos penales” y de que “se avance en la devolución de los bienes sustraídos más que en las penas”. O sea, aquí el juez ya orienta con claridad su mirada, entre otros, a los responsables políticos, a quienes incluso propone soluciones.
Finalmente, el juez lamentó que los jueces tengan cada vez “menos autoridad” y criticó que en los medios de comunicación “aparezca la versión de los abogados de los implicados” en los casos de corrupción, algo que según él no sucede con los jueces, fiscales y policías, “porque no hablamos de estos temas”. Nuevo repaso a los legisladores por la rebaja de poder, de facultades ante la sociedad para ejercer la función que la Constitución les tiene encomendada. No le falta razón a Torres cuando propone evitar que en los casos de corrupción, aunque también debería suceder en otros de especial trascendencia, ciertos abogados alienten un juicio paralelo ante un público no especializado, generalmente desinformado y ávido de sucesos morbosos.
Para el experto juez la corrupción en España alcanza cotas muy preocupantes, si tenemos en cuanta la sustancia y la variedad de aspectos que destaca como criticables, como mejorables e indispensables para que las raíces de tan generalizado mal social no continúen extendiéndose. Además de las responsabilidades que atañen al Poder Ejecutivo y al Legislativo, el propio Poder Judicial no es ajeno a la marcha del sistema, como no lo es tampoco la misma sociedad que con su molicie y pasividad consiente y soporta ya casi todo.
A juzgar por la gravedad de los últimos fallos judiciales que llegan a nuestro conocimiento, que serán sin duda una ínfima parte de los verdaderos desajustes, la Justicia en España no es que necesite de una atención coyuntural e interesada de la clase política, no, lo que necesita es una profunda y pausada revisión de todo el sistema, porque la raíz de sus males afecta tanto a la carencia de instrumentos como de personas, de métodos de trabajo como de una organización procesal y laboral que permita a los Jueces, Magistrados y demás funcionarios administrar la justicia, que emana del pueblo, de manera independiente y responsable, pero sometidos siempre en el fondo y en la forma al imperio de la ley, lo que no sucede en la actualidad.
No suena nada bien la advertencia del juez, que el Estado está perdiendo la lucha contra la corrupción, porque el Estado democrático es garantía de libertad y de justicia, cimientos que está socavando obstinadamente la corrupción en España ante la falta de voluntad y de entendimiento de todos.
Quien esté libre de culpa que lance el primer parche. ¡Menuda lección recibieron los alumnos salmantinos!
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