La quiebra del Constitucional

24.10.07 @ 09:00:00. Archivado en Política

Nuestra Constitución de 1978 le dedica el Título IX (Arts. 159 al 165) al Tribunal Constitucional. Desde su aparición en escena en 1980 su existencia no ha estado exenta de intromisiones, por parte de los distintos Gobiernos, para intervenir en sus decisiones, procurando que éstas fueran favorables a sus intereses. Se oyó que Manuel García Pelayo, primer Presidente del Constitucional (1980-1986), murió afligido en su retiro de Caracas al haber decidido con su voto de calidad, tras fuertes presiones que no pudo resistir, la expropiación del imperio Rumasa. A partir de ahí, de manera más o menos disimulada, las injerencias no han dejado de existir.

Hagamos una pausa para situarnos. La Constitución es la ley de leyes, la base a que han de ajustarse todas las normas del ordenamiento jurídico español. Ni siquiera le siguen en importancia las leyes, llamadas orgánicas, que regulan los distintos Estatutos de las Comunidades Autónomas. Antes que éstas y siguiendo a la Constitución se hallan los Tratados Internacionales y las llamadas Leyes de armonización (Art.150, 3), cuyo objetivo es precisamente armonizar en caso de necesidad las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas. Luego la importancia del Tribunal Constitucional estriba en ser el garante de la Constitución, el encargado de velar porque el ordenamiento jurídico en su totalidad se adecue a lo dispuesto en los preceptos constitucionales para, como se lee en el Preámbulo: “Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”. Pero… ¿están contribuyendo los distintos Gobiernos, a través del Tribunal, a que lo anterior se cumpla?

En el Consejo de Ministros del pasado viernes, por primera vez en la historia del Tribunal, el gobierno de Zapatero ha decidido recusar a dos jueces del Constitucional, considerados del sector “conservador”, para que no puedan intervenir en la resolución del recurso del PP contra la llamada “enmienda Casas”. La “enmienda Casas” es la que alarga el mandato de la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, considerada del sector “progresista”. El Gobierno afirma que los recusa por el hecho de que ambos jueces se opusieron, al parecer por carta, a la prórroga de la Presidenta que pretendía de manera unilateral el Gobierno. Esta “enmienda” o prórroga, que dio lugar al recurso del PP, la dictó el Gobierno sin previo acuerdo con el PP para dilatar, en beneficio propio, la continuidad de la presidenta. Digamos ya que por desacuerdo de ambos partidos el Tribunal, que debía haberse renovado hace meses, aún no lo ha hecho. Se ve bien que el alto Tribunal no puede andar más bajo en consideración para los políticos de turno, pues lo gobiernan a su antojo para conseguir sus fines particulares.

Esto es precisamente lo que ahora está maniobrando el gobierno de Zapatero, tratar de que la mayoría de sus miembros pertenezcan “como sea” al sector “progresista”, porque le quedan al Gobierno muchas leyes importantes pendientes de la decisión del Tribunal, pero ninguna tan fundamental para Zapatero como el innecesariamente reformado, al menos de ese modo, Estatuto de Cataluña, que por contener artículos claramente inconstitucionales el Gobierno ya no sabe qué hacer para que atraviese la criba del Tribunal. E indicios hay que hacen pensar que después de esta reforma encubierta de la Constitución para Cataluña vendría otra para el País Vasco, y… ¿Pero cómo se atreve Zapatero a semejante ataque al Estado de Derecho ante la cercanía de elecciones? Pues porque lo que podría perder si no dispone de un Tribunal favorable a sus exclusivos intereses es mucho más importante para su partido y para él que los posibles votos que esta desfachatez les puedan restar.

Para poder gobernar y legislar sin el apoyo del PP, tanto a nivel estatal como autonómico,decidió el PSOE de Zapatero primero y luego su gobierno aliarse con el grupo político que se lo permitiera, al margen de siglas o ideologías, pues el propio PSOE desde el final del franquismo quedó inerme de ideología y hasta de siglas que lo definan con propiedad. Objetivo entrevisto de Zapatero tanto por sus obras como por sus contradictorias palabras: gobernar en España a cualquier precio, aunque se tenga que pactar con grupos poco o nada afines al extraviado PSOE. Aunque eso suponga, como se está viendo en el caso de los llamados nacionalistas o radicales interesados, tener que quebrar la Constitución de 1978, porque en este caso, además, se acercaría a su idealizada España republicana o confederal que sin ambages está dejando entrever.

Esta empresa de políticos, llamada PSOE, y este gobierno a la deriva de Zapatero son capaces de cualquier cosa por intentar alcanzar sus fines y sueños particulares, en menos de cuatro años lo han demostrado con creces. Es responsabilidad de los españoles retirarle o concederle de nuevo el poder. Pero si volviera a gobernar Zapatero otra vez, seguramente los daños ocasionados a España y a los españoles serían entonces irreparables. Porque ningún Tribunal, y menos el Constitucional, debe parecerse a un Parlamento, y menos a éste que no parlamenta sino pacta fuera de él. Los Tribunales deben ser reflejo del poder judicial existente en nuestro país y garantizado en nuestra Constitución.

Presidente Zapatero, a sus hechos ya consumados e intentados me refiero. ¡Atención a lo que puede suponer para nuestro Estado de Derecho la quiebra del garante de la Constitución!

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