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La emergencia de la violencia contra las mujeres

Permalink 25.02.09 @ 05:41:13. Archivado en 2.2 Textologías

EL CUERPO VIOLENTADO de las mujeres maltratadas está siendo objeto de un profuso debate. Al rastrear los discursos que se van conformando en torno a este debate asistimos a la preeminencia de una práctica de gobierno -a la que Foucault denominó gubernamentalidad (1978)- que además de haber impulsado en los últimos años una serie de dispositivos jurídicos, penales y asistenciales de carácter específico -en el Código Civil y Penal, a través del Servicio de Atención a la Mujer de la Policía Nacional, del Equipo de Mujeres y Menores de la Guardia Civil, del Servicio de Atención a la Violencia Doméstica, del Protocolo de actuación Sanitaria, etc-, ha promovido el desarrollo de un conjunto de saberes especializados -estadísticas y toda clase de datos sobre las maltratadas, perfiles de maltratadores y víctimas, tratamientos médico-psicológicos, medidas de alcance europeo y mundial, guía de buenas prácticas, etc- que han ido transformando la percepción y los modos de abordar esta cuestión y, en definitiva, la relación entre las mujeres y el Estado.

La complicidad, frecuentemente señalada en la teoría feminista, entre Estado, capitalismo y patriarcado heteronormativo, fuertemente cohesionados en la perpetuación de las jerarquías de género en la familia, en el sistema productivo y en los ámbitos públicos [1] ha dado paso en unos cuantos años a un nuevo panorama en el que cabría pensar que el Estado se ha situado «del lado de las mujeres» convirtiéndose en abanderado, garante y gestor de la libertad de estas últimas frente a aquellos hombres que aún pretenden beneficiarse por la fuerza de un orden social heredado en aparente contradicción con los principios de la ciudadanía (neo)liberal. Esta percepción nos sitúa nuevamente ante la relación entre las mujeres y los discursos y las prácticas que emanan del Estado, ante las transformaciones del papel del este último que, como señalan algunas autoras feministas, ha sido una de las principales bajas de la teoría social reciente, y ante las formas en las que hoy se ejercer el gobierno y, en un sentido general, el poder (Pringle y Watson 2002).

El cambio fundamental en el gobierno, tal y como lo entiende Foucault, se refiere a la entrada de la vida en la política. De acuerdo con Lazaratto, para Foucault, las técnicas de poder cambian a partir de la integración de la economía (en tanto que gobierno de la familia) y la política (en tanto que gobierno de la polis). La cuestión, en adelante, se refiere a «la manera de gobernar como es debido a los individuos, los bienes, las riquezas, como puede hacerse dentro de una familia, como puede hacerlo un buen padre de familia que sabe dirigir a su mujer, a sus hijos, a sus domésticos, que sabe hacer prosperar a su familia, que sabe distinguir para ella las alianzas que le conviene. ¿Cómo introducir esta atención, esta meticulosidad, este tipo de relación del padre con su familia dentro de la gestión de un Estado?» (Foucault 1991,p.14). Y ¿cómo, siguiendo a Pateman, en esta entrada se produce una alianza fraternal, un contrato socio-sexual, que no responde ya al poder del padre sino al de los hombres, en sentido genérico, sobre las mujeres? (Pateman 1988).

La gran novedad de los nuevos dispositivos biopolíticos de gobierno es justamente que no revisten un carácter estrictamente represivo sino que se apoyan en el carácter productivo de la existencia social, del cuerpo social; aspiran a «mejorar la suerte de la población» y lo hacen profundizando en la acción de los propios sujetos sobre sí mismos y sobre los otros. El poder, en esta aproximación, multiplica sus puntos de condensación haciéndose inmanente en todas las relaciones sociales. «El problema político fundamental de la modernidad no es el de una causa de poder único y soberano, sino el de una multitud de fuerzas que actúan y reaccionan entre ellas según relaciones de obediencia y mando (…) La biopolítica, observa Lazarato, es entonces la coordinación estratégica de estas relaciones de poder dirigidas a que los vivientes produzcan más fuerza» (2000, p. 11).

La emergencia de la violencia de género se inscribe en esta transformación fundamental de las modalidades administrativas. En efecto, la violencia ha pasado de ser un secreto ignominioso, siempre insuficientemente guardado y regulado en el seno de las parejas, las familias y las comunidades a ocupar en nuestros días un lugar destacado entre los fenómenos de intervención estatal y mediática. De acuerdo con Foucault, en los Estados administrativos «gubernamentalizados», las familias han dejado de ser un modelo para el gobierno del Estado -el del cabeza de familia que dirige y controla todo lo que sucede en su casa- para convertirse en un instrumento privilegiado del gobierno de la población. Es a través de la familia como el Estado puede organizar ámbitos de la existencia de los individuos como la maternidad, la prevención de la salud, la reproducción de la fuerza de trabajo, el consumo, la asistencia y el cuidado a las personas, etc. cuyas dinámicas se sitúan al margen del marco jurídico de la soberanía (1978, pp. 21-23). La relación de poder que implica la violencia, una relación que se extiende desde lo infinitesimal hasta abarcarlo todo -la identidad, la cultura, la reproducción, el lenguaje, etc.-, y las resistencias y contra-posiciones que suscita son aprehendidas en una nueva modalidad de dominio sobre los cuerpos. Gobernar la violencia se convierte, por lo tanto, en un modo de gobernar a las mujeres introduciendo una acción externa, de expertos, jueces, policías, etc., y simultáneamente interna a cargo de las propias mujeres en su relación con las distintas instancias de poder y con los hombres.

Las fuerzas sociales hegemónicas desde el Estado y la comunicación se han decidido a hablar sobre la violencia erigiéndose en las auténticas «especialistas» de nuestro tiempo. Se suceden, especialmente por parte de las instituciones, discursos en los que se subraya que este fenómeno concierne al conjunto de la sociedad y se advierte sobre el paso adelante dado gracias al creciente compromiso de los organismos públicos y los medios de comunicación en su visibilización. Informativos, reality shows, informes y estadísticas, investigaciones, cursos de expertos y campañas de prevención no son más que algunas de las formas que adopta el interés que se ha generado en torno a un tipo de violencia que hace no tanto únicamente interesaba a aquellas que aspiraban a abolirla mediante la lucha política. Así, comunicadores y políticos actúan como auténticos dinamizadores en un debate que ha desplazado a un segundo o tercer plano el componente de agitación y transformación social que hace unos años tuvieran las luchas en contra de las agresiones.

No cabe duda de que nos encontramos ante un hecho novedoso, sorprendente incluso, para quienes han luchado durante años por desnaturalizar y acabar con esta clase de violencia. El feminismo en tanto motor político y simbólico en la emancipación de las mujeres, herramienta de análisis de las formas de explotación y dominación de las mismas en distintas sociedades, catalizador de hábitos nuevos y alegres y enunciación colectiva y visible de una multitud de deseos femeninos individuales ha sido un elemento clave para entender este fenómeno. En sus distintas expresiones, ámbitos de acción, ubicaciones geográficas, objetivos y encrucijadas, el feminismo ha producido nuevas subjetividades femeninas que han alternado irremisiblemente las relaciones de poder entre las mujeres y los hombres constituyéndose en un referente fundamental, aunque no siempre admitido o entendido del mismo modo, para muchas mujeres. En este sentido, la presión ejercida desde estas subjetividades resulta clave a la hora de nombrar y dar presencia en lo público a este tipo de violencia.

Si atendemos a la visibilización de la violencia contra las mujeres [2] en el Estado Español, hoy por hoy expresada por el número de denuncias, veremos cómo, hasta el año 1997, el aumento de las mismas coincide con momentos álgidos en la movilización y la denuncia social (véase el cuadro n° 1). Tras un periodo de estancamiento, esta dinámica cambia, y el protagonismo que anteriormente jugara el movimiento feminista (MF) cede ante el papel que en adelante desempeñarán los medios de comunicación y los organismos institucionales o seminstitucionales, con el consiguiente cambio en la comprensión y los modos de abordar esta cuestión. El cambio en la enunciación del «problema» («abuso», «malos tratos», «agresiones», «violencia machista», «violencia doméstica», «violencia contra las mujeres», «terrorismo doméstico», etc.) no sería más que una de las manifestaciones de la transformación general del discurso sobre/contra la violencia, un discurso que en el Estado Español se inicia en la década de los 70 y tiene al movimiento feminista como primer enunciador.

Tal y como explicaremos más adelante, los cambios en las concepciones feministas que se han producido a lo largo de las últimas décadas han ido desplazando los campos de intervención del MF, entre ellos, el de la violencia. Así, en lo que se refiere a ésta última, el espacio reivindicativo de los 80, ocupado por grupos de mujeres locales o temáticos como las Comisiones Anti-Agresiones, se transformó en los 90 en un espacio de atención o asistencial dirigido a las víctimas (espacio inexistente con anterioridad) más o menos autónomo con respecto a las instituciones que en los últimos años ha consolidado su posición y su dependencia con relación a las mismas (véase el cuadro n° 2). En este sentido, el Estado empleará y aprovechará todo el potencial, esfuerzo, conocimiento y entusiasmo desplegado por las organizaciones feministas durante la década de los 80 para ponerlo al servicio, como explicaremos más adelante, de una racionalidad propia (Bourdieu 1999, pp. 291-304).

Antes de adentrarnos en la caracterización de este desplazamiento político en el tratamiento de la violencia en el Estado Español, así como a la gestión institucional de la misma, consolidada a lo largo de la última década, nos referiremos brevemente a la encarnación o corporeidad como un instrumento central de las políticas feministas y, en particular, de las políticas contra la violencia.

Acción feminista y gubernamentalidad.
La emergencia pública de la violencia contra las mujeres

Begoña Marugán Pintos
Cristina Vega

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