Contra el prozac y la corrupción farmacéutica

07.02.08 @ 11:03:25. Archivado en Violencia, Cultura, Política, Psicología, Educación, Salud Mental, Salud

En 2004, el periódico francés, Le Figaro, publicó una nota titulada Medicamentos, la crisis de confianza. Fue a raíz de que uno de los miembros de la FDA, el doctor David Graham, había denunciado públicamente que ese organismo fiscalizador era “incapaz de proteger a Norteamérica de otro Vioxx”.

El gran escándalo se había desencadenado al verse obligado a reconocer el laboratorio fabricante de las consecuencias nocivas y mortíferas de su producto y a satisfacer las millonarias demandas de los afectados. En su denuncia el doctor Graham citó otros medicamentos que podrían presentar riesgos, mencionando concretamente el Crestor, un anticolesterol fabricado por AstraZeneca, el Serevent, un antiasmático de GlaxoSmithKline, el Meridia de Abbott para combatir la obesidad, el Bextra de Pfizer contra la artrosis y el Accutane de Roche contra el acné.

Inmediatamente y también públicamente, su superior jerárquico, el doctor Steven Galson, lo contradijo, calificando de irresponsables las acusaciones de su colega, calificándolas de estar fundadas en estudios “científicamente podridos” y en “estimaciones estadísticamente inaceptables”. Pero, pocos días después, la FDA se sintió obligada a emitir un comunicado en el que se informaba que “se volverían a analizar seriamente los efectos secundarios de los medicamentos” denunciados por el doctor Graham.

A raíz de todo esto, actualmente la fiscalizadora FDA está siendo, a su vez fiscalizada por varias comisiones del Senado que investigan su eficacia en el control y autorización de los medicamentos. El escándalo provocado por los efectos secundarios graves de medicamentos a los que ha tenido que cancelar la autorización concedida, prohibir su comercialización y exigir su retirada del mercado, como han sido los casos del Vioxx (Merck Sharp & Dome), del Cholstat (Bayer), del Redux y del Ponderal (Servier), confirma la denuncia del doctor Graham, hace sospechosa la “irresponsabilidad” de su superior, el doctor Galson, pero ratifica además la afirmación inicial del primero, de que la FDA es incapaz de proteger a los Estados Unidos de la desidia y voracidad de la industria farmacéutica.

¿Será capaz la Agencia Europea del Medicamento de protegernos a los europeos de esa desidia y esa voracidad? ¿Será capaz la Agencia Española del Medicamento de protegernos de esos riesgos? ¿Acabaremos los denunciantes de esta corrupción cosidos a puñaladas como Pequito en Portugal, que se atrevió a denunciar los procedimientos de las multinacionales farmacéuticas? Quizás el Parlamento Europeo, siguiendo en este caso el buen ejemplo del senado norteamericano, debiera tomar serias cartas en un tema tan vital para el conjunto de los ciudadanos, investigar los procedimientos que se utilizan para conceder la autorización de medicamentos, derogar la reglamentación vigente, establecer que los medicamentos para ser autorizados deben ser previamente objeto de una investigación realizada por científicos libres de toda sospecha, cuyo costo debe ser pagado anticipadamente por la empresa solicitante y quitarle toda posibilidad de inmiscuirse a la Dirección General de Empresa e Industria en temas que corresponden a la Dirección General de Salud y Protección del Consumidor.

Si yo solicito patentar un invento, no basta con mi informe. El dictamen le corresponde al organismo respectivo. Y debo pagar por el sólo acto de mi solicitud. Si solicito una licencia de obra o construcción debo pagar por mi solicitud, no bastará con mi informe de viabilidad o de impacto medio-ambiental. El dictamen lo expedirá el organismo pertinente.

El artículo 6 del Reglamento mencionado constituye una anomalía en el orden jurídico de las instituciones europeas y de las sociedades democráticas en las que vivimos.

GlaxoSmithKline ha sido acusada en junio de 2004 por Eliot Spitzer, el procurador general del estado de Nueva York, de ocultar efectos secundarios graves del antidepresivo Paxil, el antidepresivo rival del Prozac. A raíz de tantos escándalos el Comité Internacional de Revistas Médicas (ICMJE) ha lanzado un solemne llamado al registro previo de todos los ensayos clínicos.

Las revistas asociadas se han comprometido a no publicar los resultados de ensayos que no hayan cumplido con ese requisito. Me temo que la multinacional de las farmacéuticas tenga más poder que las revistas, que la FDA, y que las agencias europea y española del medicamento. Al menos así lo han hecho sentir hasta el momento.

Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association detectó que 2.216.000 americanos quedan permanentemente discapacitados o pasan algún tiempo en el hospital a consecuencia de los efectos adversos de algún medicamento (JAMA, 1998; 279: 1200-5). Esta cifra no incluye a tantos otros que son víctimas de reacciones adversas que no los discapacitan permanentemente ni tampoco a aquellos que han sido tratados como pacientes externos.

Un estudio realizado por el Institute of Medicine (IOM) en relación a pacientes que fallecieron durante su internamiento en un hospital norteamericano, arribó a la conclusión de que las muertes que causaban las recetas médicas eran “como un sigiloso asesino que nunca atraía los titulares de prensa, no interesaba a políticos ni a las estrellas del pop”. Según este estudio, en Estados Unidos mueren un mínimo de 225.000 personas como consecuencia directa de la mala administración de la medicina convencional, convirtiéndola en el tercer mayor asesino de Occidente, por detrás de las enfermedades cardíacas y del cáncer.

Estos números sólo incluyen las muertes y no toman en cuenta el número de perjudicados por los efectos secundarios adversos que pueden llegar a ser graves y minusvalidantes. (American Family Physician, 1997; 56: 1781-8).

El doctor Vernon Coleman, afirma que “se puede estimar con certeza que, como mínimo, el 12 por ciento de la investigación científica realizada por los laboratorios, es fraudulenta” (Betrayal of trust, European Medical Journal, 1994). Un estudio publicado en 1998 en el New England Journal of Medicine reveló que el 96 por ciento de los autores de los documentos de investigación, cuyo estudio favorecía a algunos fármacos para el corazón, tenían lazos económicos con los fabricantes.

Un estudio publicado en los Annals of Internal Medicine reveló que el 98 por ciento de los estudios farmacológicos subvencionados por empresas, publicados en revistas entre 1980 y 1989, promovieron conclusiones positivas sobre los fármacos de las empresas promotoras.