Contra el prozac y la corrupción farmacéutica

07.02.08 @ 11:03:25. Archivado en Violencia, Cultura, Política, Psicología, Educación, Salud Mental, Salud

El Doctor Masand, un investigador médico que hace honor a su profesión, comienza el informe resultado de su investigación, considerando que: “A pesar del conocimiento, aceptación y disponibilidad cada vez mayores de antidepresivos eficaces, el diagnóstico y el tratamiento de la depresión continúan siendo inadecuados. Las tasas de recurrencia y recidiva pueden ser de hasta un 80%, los fracasos terapéuticos son frecuentes (40% a 60%) y hasta un 20% de los pacientes continúan recibiendo tratamiento inadecuado”.

Más adelante, el investigador agrega que “el coste del tratamiento de la depresión se estima en 43.700 millones de dólares al año tan sólo en Estados Unidos”. Refiriéndose al mecanismo con el que actúan los antidepresivos, el investigador, además de mencionar las reacciones adversas ya descritas, advierte que “el bloqueo de recaptación de noradrenalina, serotonina y dopamina produce una toxicidad neurológica que puede producir crisis epilépticas”, y que “hasta un 60% de los pacientes que reciben un ISRS (antidepresivo) experimentan una disfunción sexual”.

¿A las agencias europea y española no les vale este incuestionable, impecable, publicado y conocido estudio que ha sido subvencionado por el fabricante del otro ISRS más difundido?. Se trata de un estudio realizado por un investigador médico reconocido por las más grandes empresas farmacéuticas, incluida la propia Lilly, fabricante del Prozac.

En esta publicación el Doctor Masand, además de agradecer la subvención sin restricciones de GlaxoSmithkline, agradece subvenciones de AstraZeneca, Forest Laboratories, Jaussen Farmacéutica y Wyeth. Asimismo, informa que ha sido consultor de esos laboratorios y también de Bristol-Myers Squibb Cº y Pfizer Inc., y que además ha sido portavoz de Abbott Laboratories, Lilly y Novartis.

Mark Olfson, psiquiatra de la Universidad de Columbia y del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, acababa de concluir un nuevo estudio sobre el riesgo de suicidios en niños y adolescentes tratados con ISRS. En la investigación publicada en Archives of General Psychiatry, informaba que se habían suicidado ocho adolescentes y 86 adultos y que habían intentado suicidarse 263 niños y adolescentes y 521 adultos, a todos los cuales se les estaban administrando estos antidepresivos.

En el informe afirmaba que el riesgo de suicidios e intentos se incrementaba, entre los 6 y los 18 años, 1,5 veces, si los pacientes habían sido tratados con ISRS. Su conclusión final era que la administración de ISRS conlleva riesgo de suicidio tanto en niños como en adolescentes.

El doctor Amir Raz, también psiquiatra de la Universidad de Columbia, en un artículo publicado por la revista PLoS Medicine, señalaba que no todos los problemas que se presentaban en estas investigaciones estaban relacionados con la dificultad para encontrar una muestra válida del riesgo de suicidios en niños y jóvenes, a los que se les hubieran administrado antidepresivos, sino que “la influencia de la industria farmacéutica impregnaba
la ciencia a tal punto que el mensaje transmitido a la prensa popular y al público era habitualmente tergiversado para enfatizar los beneficios por encima de los riesgos”.

Raz agregaba que “la presión comercial no era el único 'culpable' y que la responsabilidad también recaía sobre los investigadores ansiosos por promocionar sus últimos descubrimientos”, “todo lo cual llevaba incluso a enturbiar los resultados de las investigaciones”.

Raz se manifestó sumamente crítico a este respecto. En ese mismo artículo denunció también que “la mayoría de los estudios rigurosos para conocer la seguridad y eficacia de los ISRS en adolescentes deprimidos habían sido realizados con posterioridad a que los profesionales de la psiquiatría infantil los hubieran convertido ya en un tratamiento de 'primera línea”. Con los adolescentes de inocentes e involuntarias cobayas de laboratorio.

Ahora los ciudadanos de la Unión Europea nos enteramos que el artículo 6 del Reglamento de la Comisión Europea nº 1084/2003 concede al titular, del producto cuya autorización solicita, facilitar los datos de la investigación realizada en la que fundamenta su autorización. Ese informe basta para que la EMEA conceda su dictamen favorable y lo pase a la firma de la Comisión Europea.

Es un flagrante caso de legalización de la corrupción de la industria farmacéutica que nos hace considerar que la Comisión de la Unión Europea funciona con una falta de transparencia y de eficacia que pone nuestra salud y nuestras vidas en riesgo a merced del objetivo de lucro de la industria farmacéutica que ha sido la responsable, entre otras, del Vioxx y de la monstruosa talidomida y de sus nefastas consecuencias.

Los niveles de serotonina en el organismo afectan al funcionamiento vascular, a la frecuencia del latido cardiaco, regulan la secreción de hormonas por parte de la hipófisis , y en consecuencia afectan también al crecimiento, a los niveles de estrógenos y de testosterona, inhiben la secreción gástrica y estimulan el desarrollo de la musculatura lisa. Nada se sabe de los efectos adversos que pueden provocar los ISRS como el Prozac, en relación a esas funciones fisiológicas y sobre el resto del organismo.

En un mundo cada vez más globalizado y transnacional, los gobiernos nacionales, e incluso los organismos internacionales, conviven con fuerzas económicas que poseen, cuando menos, el mismo poder e influencia que éstos en la vida cotidiana de sus ciudadanos, pero que lo ejercen fuera de todo control.

El mercado, cuando se mueve exclusivamente por los objetivos del éxito y de los beneficios económicos particulares, olvidándose de la libertad, la justicia, el bienestar social y la salud de sus ciudadanos, no constituye un complemento útil a la democracia, sino una alternativa paralela que actúa sin rendir cuentas a nadie y que acaba sustituyendo a la política y determinando nuestras formas de vida de una manera que debe considerarse inaceptable y totalitaria.

Las decisiones de la FDA han sido puestas en cuestión por sus propios directivos, sobre todo a partir de sentirse involucrados en el tremendo escándalo del Vioxx y actualmente por el Informe del Instituto de Medicina, organismo asesor y de control del gobierno de los EEUU en materia de sanidad, con el cual la FDA se vio obligada a contratar un estudio por el cual ha tenido que pagarle tres millones de dólares.

El informe pone en descubierto que la mayor deficiencia de su funcionamiento es que la principal fuente de financiación de la FDA son los millones de dólares que las empresas farmacéuticas le aportan para que acelere el proceso de revisión y aprobación de sus productos, lo cual influye en la capacidad de independencia con la que deberían trabajar los investigadores de la FDA. Esta corrupción institucionalizada nos debería permitir hacer una seria valoración de la validez de las autorizaciones de la FDA y en consecuencia de las de la Agencia Europea del Medicamento y de las agencias nacionales, como la española, que se apoyan en los corruptos informes de la FDA.