El Congreso ilegal del Presidente cobarde.

17.01.06 @ 17:47:44. Archivado en Artículos

El auto del juez Fernando Grande-Marlaska manteniendo la ilegalización de Batasuna como organización y la “suspensión de actividades” por otros dos años ha dejado varias cosas claras. Se celebre o no se celebre la no autorizada Asamblea-Congreso de Batasuna, sabemos que tenemos a un cobarde de Presidente del Gobierno. Se ha puesto de perfil ante los terroristas, al decir que el gobierno no tiene jurisdicción, y además ha criticado las leyes que él mismo propuso cuando era oposición, con el fin de no verse forzado a encargar al Fiscal General del Estado que se responsabilizara de que se hiciera efectiva una sentencia del Supremo, amparada por el Tribunal Constitucional. A su política del “como sea” hay que añadirle un “al precio que sea”.

Para conseguir “su” tregua está dispuesto a lo que sea. Por supuesto que Rodríguez, en su rendición ante el terrorismo, no está solo. En la desfachatez de saltarse la Ley de Partidos le hacen los coros los dos inconsistentes ideológicos más grandes de la corta democracia española. El primero, Pepiño Blanco, a quien le parece “irrelevante que se reúnan” los miembros de una organización declarada ilegal y que figura en las listas de organizaciones terroristas de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Al Secretario de Organización del PSOE le parece “irrelevante” que no se cumpla la ley. Pocas cosas hay menos democráticas que amparar el incumplimiento de la ley. El segundo, el Secretario de Estado de Comunicación, quien en su indescriptible demagogia va más lejos y califica de “democracia avanzada” el hecho de que el Gobierno del Estado ceda ante los terroristas. Como buen lacayo de Rodríguez no conoce el significado de las palabras “democracia” y “avanzada”.

La vulneración de la ley desde el poder está tipificada como prevaricación. El Presidente Rodríguez debería saberlo, Pepiño Blanco, por su historia, ya sabemos que no. La actitud mantenida ante el Congreso de Batasuna podría considerarse como tal, ya que no están utilizando los instrumentos legales de los que disponen con el fin de que se cumpla la ley. Rodríguez sabe de sobra que el terrorismo es una de las competencias del Estado. Así que si quisiera de verdad que se cumpliera la ley, debería enviar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para hacer efectiva la prohibición de la Asamblea. Han ocurrido ya demasiados casos, como la reunión celebrada en Anoeta, para saber de antemano que la Ertzaintza nunca hará efectiva la prohibición. Para salvarse de las responsabilidades penales primero dejan que se celebre parte del acto y luego actúan. Como ha sucedido con las manifestaciones ilegales de San Sebastián, Bilbao, …

Batasuna-Eta conoce la claudicación del gobierno y se mofa en sus narices. Cuando Rodríguez habla del derecho de reunión, fórmula tramposa para intentar justificar su claudicación, Batasuna da una rueda de prensa y dice que es un Congreso. O sea, un acto “orgánico” y “colectivo” y Rodríguez con el “culo al aire”. Cuando desde el PSOE claman por ¡cómo se va a impedir “un proceso de paz”!, Batasuna dice que no va a pedir a ETA que conceda ninguna tregua. Más tomadura de pelo. Y cada día una nueva claudicación gubernamental y una nueva colleja terrorista.

Cándido Conde Pumpido es el Fiscal General del Estado más dependiente y más entregado a la política de la historia democrática de España. Pasa de la ley anteponiendo los objetivos políticos de su gobierno. Sólo se le ha conseguido arrancar de su turbio papel cuando ha tomado conciencia de que, por claudicar ante los terroristas haciendo dejación de su función y por hacer política desde su cargo, podía incurrir en responsabilidades judiciales. Que nadie se engañe, en Anoeta el 14 de noviembre de 2004 se celebró aquello que el propio Otegui calificó así: “Este es un acto ilegal de un partido ilegal”. Lo quieren volver a hacer y a Rodríguez parece que le gusta. Vive mejor con los terroristas que contra los terroristas. Cobardes. Menos mal que en España todavía queda independiente parte del poder judicial.

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