La Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, presidida por el obispo de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, ha emitido un comunicado respecto a la crisis económica y cómo ésta afecta a los inmigrantes. En el mismo, los obispos critican "las propuestas legales" (léase reforma de la Ley de Extranjería) que "puedan, en su caso, afectar a la dignidad de los hermanos emigrantes y sus familias y a las personas e instituciones que promueven su integración en nuestra sociedad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y la tradición de ésta en su labor de acogida, hospitalidad y acompañamiento a los emigrantes". Esto es: con buen criterio, arremeten contra las intenciones -al parecer, frustradas en parte gracias a las miles de firmas de la plataforma Salvemos la Solidaridad- de impedir la acogida hospitalaria del inmigrante, bajo penas de multas, e incluso penales, contra aquellas instituciones -incluidas parroquias y ONG- que hicieran realidad la parábola del Buen Samaritano.
"Impulsados por el Evangelio", dice la nota, los obispos "advierten de los riesgos de una visión puramente economicista de las personas emigrantes que los someta al vaivén de situaciones económicas coyunturales", y muestran su preocupación por "todo aquello que pudiera afectar el legítimo ejercicio de los derechos humanos de los emigrantes y su dignidad como personas, hijos de Dios y hermanos". Bien dicho, monseñores.
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¿Por qué si es la Comisión Episcopal de Migraciones la que emite el comunicado son los obispos lo que hablan y si es la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, por ejemplo, ya no son los obispos sino los carcas de Javier Martínez, Demetrio y compañía? Deberías hacertelo mirar...
Viernes, 27 de noviembre
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