Jesús Bastante
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El Gobierno comienza a pasar factura
08.05.08 @ 14:47:52. Archivado en Iglesia-Estado
Ya lo anunciaron los principales dirigentes socialistas, después de la polémica concentración en defensa de la familia cristiana del pasado 30 de diciembre. "Las cosas no serán igual a partir del 9-M", dijo entonces el secretario de organización del PSOE, José Blanco, mientras que la propia Ejecutiva socialista publicaba un documento titulado "Las cosas claras", en el que criticaba la postura llevada a cabo por la cúpula eclesial española -salvaron al Nuncio y a Blázquez- a lo largo de la legislatura que tocaba a su fin. Ahora, De la Vega anuncia una reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Lo adelantábamos hace meses: el Gobierno iba a marcar una nueva "línea roja" en sus relaciones con la Iglesia, y la futura reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 es el primer paso para un nuevo marco de relaciones. La polémica está servida. Y algunos ya hablan de que el Gobierno comienza a "pasar factura" a la Iglesia.
Desde el Gobierno, se asegura que la modificación de esta ley está orientada a asegurar "la laicidad del Estado" y a poner en plano de igualdad a todas las confesiones religiosas presentes en España, sobre todo aquellas que cuentan con acuerdos de cooperación (judíos, evangélicos y musulmanes). La postura oficial del Ejecutivo socialista es que tanto los Acuerdos Iglesia-Estado (1979) como la Ley de Libertad Religiosa (1980) fueron suscritos a la par que la Constitución de 1978 y que, a lo largo de los últimos 30 años, la situación religiosa en nuestro país ha cambiado mucho, sobre todo debido al impacto de la inmigración y la creciente presencia de musulmanes y evangélicos, a quienes hay que dotar de derechos, así como cerrar cualquier atisbo de confesionalidad por parte del Estado.
La propuesta de modificación, de hecho, venía inserta en el programa electoral del PSOE para las pasadas elecciones. Mas, como bien ha dicho Victoria Prego esta mañana en Los Desayunos de TVE, el gran pecado de quienes abogan por el laicismo está en considerar los programas electorales como "dogma de fe", más aún aquellos que tienen que ver con instituciones a quienes precisamente se critica, entre otras cosas, su postura dogmática. La cuestión es peliaguda, y tendrá consecuencias de inmediato.
En primer lugar, y aunque el espíritu de la futura reforma está en el cumplimiento efectivo de los Acuerdos de Cooperación suscritos entre el Estado y las confesiones de "notorio arraigo", lo cierto es que, con el actual sistema jurídico, la equiparación absoluta entre la Iglesia católica y el resto de confesiones no es posible. No hay que olvidar que nuestra Carta Magna, en su artículo 16, se compromete a mantener relaciones especiales con la Iglesia católica, la única institución religiosa nombrada en el texto constitucional.
Por eso, detrás de esta modificación de la ley, a nadie se le escapa que se esconde una futura revisión de la Constitución en este apartado, así como un nuevo rango en las relaciones Iglesia-Estado. Aunque todavía no se conoce el texto de la futura ley -y, como sucediera en el caso de la Ley de Memoria Histórica-, una cosa es lo que se anuncia, y otra muy diferente lo que finalmente saldrá a la luz. En estos asuntos, hay que recordar que las negociaciones las lleva la Santa Sede. Y la relación de la vicepresidenta De la Vega con Roma siempre han sido buenas, en buena medida gracias a la mediación del embajador Francisco Vázquez.
En su comparecencia ante la Comisión Constitucional, De la Vega citó la necesidad de "avanzar en la condición de laicidad que la Constitución" otorga al Estado. Según sus palabras, el Gobierno quiere reformar la ley orgánica de Libertad Religiosa, que data de 1980, para "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso" que caracteriza a "la España de hoy". La nueva ley, ha añadido, deberá establecer garantías para la libertad de conciencia e incorporar los acuerdos hoy vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años.
Ojo con esto último. No sólo estamos hablando de abrir la financiación vía IRPF al resto de confesiones -que, como ya anunciamos, será un hecho en cuestión de meses-, ni de hacer efectiva la obligación del Estado de garantizar la enseñanza religiosa en la escuela pública de las confesiones minoritarias, sino de otras cuestiones de mayor calado. En primer lugar, el caso de los profesores de Religión o la regulación de las objeciones de conciencia. En el primer caso, y como dictaminó el Constitucional, se les debe incluir dentro del Estatuto de los Trabajadores (lo cual conllevará, con toda seguridad, una modificación en su régimen de contratación). En el segundo, limitando las "cláusulas de conciencia".
Más allá de cuestiones monetarias, educativas o morales, el gran cambio que postula el Gobierno en este sentido se encuentra en la presencia pública de la Iglesia católica. Así, no es de extrañar que el proyecto de Ley -veremos si la legislación que finalmente vea la luz- incluya la desaparición de elementos confesionales dentro de los actos públicos, como el crucifijo en las escuelas o la cruz y la Biblia en el juramento o promesa de cargos públicos. Más allá, la celebración de funerales de Estado presididos por una autoridad católica. Y, en un futuro -eso quieren los sectores más laicistas, pero sinceramente no creo que se llegue a tanto-, restringir lo máximo posible ciertas celebraciones públicas de la fe (procesiones) o, cuando menos, evitar que alcaldes, corporaciones o cuerpos de seguridad (Guardia Civil o Policía) participen en esos eventos como tales autoridades.
Se avecina una nueva polémica. Para los socialistas, "de aquellos polvos -léase manifestaciones de obispos en la pasada legislatura- vienen estos lodos". Por parte de la Iglesia, por el momento, silencio. Ya comentábamos esta semana que, al menos mientras dure la Campaña de la Renta, la consigna es la de no tensar la cuerda. Pero el Episcopado tendrá algo que decir ante este proyecto de Ley. Y pronto.
Mientras tanto, lo que sí parece claro es que se comenzarán a cumplir algunos de los aspectos firmados en los convenios con judíos, musulmanes y evangélicos de 1992: dichos acuerdos reconocían a estas religiones derechos como la protección jurídica de sus lugares de culto; un estatuto para sus dirigentes religiosos; asistencia a fieles en ejército, cárceles u hospitales; efectos civiles al matrimonio celebrado según sus ritos; enseñanza religiosa en escuelas; regulación de enterramientos y cementerios; sello de garantía de alimentos propios y su disponibilidad en centros públicos, o participación en las comisiones encargadas de velar por la libertad religiosa. Quince años después, la mayoría de esos derechos no se han desarrollado. Y, siendo honestos, ya va siendo hora.
Pero ojo: una cosa es equiparar en derechos a los que no los tienen, y otra muy distinta es igualar "a la baja". Esto es: quitar a la Iglesia católica derechos adquiridos. Eso no sería apostar por la laicidad, sino por el laicismo. Un debate -y una dinámica- que muchos quieren abrir y que, honestamente, no creo que sea beneficioso para nadie.
baronrampante@hotmail.es
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Comentarios, Trackbacks, Pingbacks:
Comentario por Hermenegildo 10.05.08 @ 09:56
Este señor ZP iluminado no nos da tregua, tiene en vilo a España y a toda la comunidad internacional.
Comentario por ana 09.05.08 @ 13:23
"ESPAÑA NECESITA UNA TRANSICIÓN RELIGIOSA", DICEN
Los líderes musulmanes ya reclaman al Gobierno que equipare su religión con la Iglesia católicaLos líderes de las organizaciones musulmanas presentes en España reclamaron este jueves al Gobierno una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que equipare la religión islámica con la Iglesia Católica, en materia de derechos y obligaciones. Los musulmanes han hecho esta exigencia después de que el Gobierno anunciara el miércoles que va a revisar la Ley de Libertad Religiosas...
http://www.libertaddigital.com/noticias/kw/laicidad/religion/kw/noticia_1276329870.html
Comentario por Hermenegildo 08.05.08 @ 23:26
Y no olvidemos otro detalle. la reforma de la Ley de Libertad Religiosa necesita una ley orgánica, que tiene que ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Para conseguir esta mayoría, el PSOE debe pactar la reforma con el PNV o CiU, ambos partidos democristianos que sin duda frenaran las apiraciones más laicistas del Gobierno.
Comentario por Hermenegildo 08.05.08 @ 22:36
Comentario por Hermenegildo 08.05.08 @ 22:33
Comentario por mario 08.05.08 @ 22:15
Comentario por ana 08.05.08 @ 19:36
Si se quiere, el estado puede hacer de recaudador y que el 0,7% del importe a pagar en la declaración de la renta, lo incremente el declarante a su cuota líquida de forma que cada creyente sostenga a su iglesia o religión, como se hace en Alemania.
Comentario por Almanzor 08.05.08 @ 19:30
Por cierto los crucifijos ya se retiraron de las escuelas hace mucho. Supongo que seguirán en las concertadas. Pero te aseguro que hasta poner un Belén en Navidad se convierte cada día más en una batalla a la que ni siquiera se suman los profesores de religión.
Un saludo, a ritmo de la internacional.Perdón, queria decir de la Alianza de Civilizaciones.
Comentario por Carmen Bellver [Blogger] 08.05.08 @ 18:00
Comentario por JLCI 08.05.08 @ 15:41
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