Estaba claro que el Auto emitido ayer por el magistrado instructor del Tribunal Supremo iba a provocar el resurgimiento de voces y coces populares (debida y calculadamente amplificadas por las RRSS) contra su persona colmándolo de epítetos tan entrañables como «vendido»,  «juez haciendo política» o, en el mejor de los casos, «controlador parlamentario» o «jurista con argumentos de oportunidad política».

Se me escapa la razón verdadera de esta peculiar hoguera digital: no sé si es por intereses puramente mercantiles, o por cubrir carencias emocionales, lo que sí resulta diáfano es que este circo romano posmoderno de Derecho Procesal Penal sabe bien poquito. Y de leer una resolución judicial con anteojos de jurista generalista, menos, incluso.

Vamos a ver: en el derecho penal en general (y en la fase procesal de investigación del delito, en particular) la intencionalidad es parámetro habitual a los efectos de valoración jurídica. Llarena no pretende evitar el beneficio del «imputado» Puigdemont, si no el perjuicio que conllevaría la continuidad delictiva (léanse el Auto reposadamente, por favor), puesto que es el propio Puchi el que ha anunciado a bombo y platillo su «intención» de perseverar en el propósito potencial y presuntamente penado.

El auto, más bien, califica encubiertamente de fraude de ley y abuso de derecho las intenciones puigdemitas en suelo danés, y toma la decisión que toma y que todos conocemos de denegar la petición del Ministerio público.

Con anteojos de jurista, se podrá estar de acuerdo o no con dicha decisión, se podrá contrargumentar la misma, se podrá entender incorrectamente valorado el instituto del abuso procesal, pero, desde luego lo que estará completamente vedado, será el decir cosas tales como que el juez se ha vendido por oportunidad política. Comentarios que han salido de boca ya no del populacho iletrado, si no de profesores de Derecho y Juristas, lo cual es más grave, por que un jurista puede rebatir un argumento pero ha de hacerlo con razonamiento jurídico, no haciendo gala de su ignorancia procesal-penal o, en el mejor/peor de los casos, de su no lectura del auto comentado.

En fin, repito, estamos en España, país en el que todo el mundo sabe más de todo que el de enfrente. Así nos va.

A cuidarse, meus.

P