Leo unas interesantísimas reflexiones del Notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova cuestionándose la constitucionalidad de la tributación en Renta de las ganancias patrimoniales  (siguiendo el criterio del Tribunal Supremo para las plusvalías locales)  en las que, con una fundamentación técnica tributaria impecable, concluye que al no contemplar el sistema actual la depreciación monetaria, se podrían dar casos de estar tributando por ganancias ficticias o irreales.

El referido autor pone el siguiente, verídico y clarificante ejemplo: «Si ud compró una vivienda en el año 1995 por 100.000 euros (incluyendo gastos) y hoy la vende por 150.000 € tendrá que pagar unos 10.000 € por su ganancia, cuando en términos reales ha perdido 21.300 € teniendo en cuenta la variación del IPC en esos años...»

Si bien es cierto que enlaza su reflexión al calor de la nueva deriva de la plusvalía municipal de 2017, no se puede olvidar que esta denuncia ya tenía sentido el día que se publicó en el BOE la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, la cual no solo eliminaba ya los coeficientes de actualización en los inmuebles sino que, a mayores, restringía notablemente los coeficientes de abatimiento.

Es decir, con efectos fiscales de 1 de enero de 2015, se había borrado, legislativamente de un plumazo, todo mecanismo existente para corregir precisamente los valores de adquisición conforme a la depreciación monetaria sufrida por determinados bienes.

Aquí yo no lo tengo tan claro pero no por lo apuntado por el gran Royo-Villanova, sino porque entiendo que no hay cambio «en el fondo» patrimonial, puesto que «cambio un inmueble por una cosa correlativa en valor», es decir, que haya alteración cualitativa (en valro) no significa per se que sea justificativo de una mayor capacidad económica adicional a la que ya tenía antes de proceder a la venta del elemento patrimonial.

En fin, hoy voy a recoger a mi hijo a la guardería: eso sí que es una auténtica ganancia.

A cuidarse, meus.

PGV.