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Un atroz anteproyecto de ley

Permalink 25.05.08 @ 19:14:53. Archivado en Educación escolar

Durante la pasada campaña electoral de ámbito nacional pudimos oír cómo los políticos prometían reformas en el ámbito educativo. Es bien conocido que la situación por la que atraviesa el sistema educativo español es grave. Los datos, informes y las quejas de las propias familias son una buena prueba de ello. Nos quejamos y pedimos mejoras, y los políticos prometen y sólo prometen. Sin embargo, la educación no es un tema que no importe para aquellos que gobiernan. Tal es la importancia que le dan, que en lugar de buscar nuevas fórmulas para desarrollar una mejora de la calidad educativa, acaba convirtiéndose en la excusa perfecta para convertir la educación en un arma política de interés particular.

Así es lo que ocurre con el Anteproyecto de la Ley de Educación catalana que salió a la luz hace unas pocas semanas. Parecía que íbamos a avanzar, que se intentaría encontrar la calidad y la mejora del sistema, y sin embargo todo lo contrario… aparece un Anteproyecto de ley que no sólo no mejora el sistema educativo, sino que además vulnera -desde el ataque más mordaz- a la libertad de enseñanza a la cual tiene derecho cualquier ciudadano español. Al leer detenidamente los distintos artículos que la componen, aparece una obvia vulneración contra los artículos 10 y 27 de la Constitución, entre otros.

Dicha ley prioriza de forma absoluta la pertenencia a una zona. De esta forma, los padres ya no podrán elegir de forma libre entre los diversos colegios –ya sean públicos o concertados- y se verán obligados a matricular a sus hijos en aquél centro escolar que se les dictamine de forma obligada.

El carácter propio de los centros, y su ideario, queda pisoteado por completo, quebrantando las normas e idearios internacionales en la protección de los derechos humanos. Para el nuevo anteproyecto de ley éstos no tienen ninguna importancia. Del mismo modo no se garantiza la gratuidad para todas las familias, ya que no permite financiar a los centros concertados de forma equitativa con los centros públicos. Incluso, contradictoriamente con la legislación vigente, prohíbe de forma expresa la posibilidad de la educación diferenciada, obligando a la coeducación y privando la libertad de las familias a escoger un tipo de educación u otra para sus hijos.

El artículo 16 de la Constitución española en el que se establece que España es un estado no confesional, pero que ha de tener en cuenta las creencias de la sociedad española, queda vulnerado cuando el anteproyecto afirma que la enseñanza ha de ser obligatoriamente laica. Así se prohíbe a las familias elegir libremente una educación conforme a sus principios y convicciones.

De una manera sibilina, se habla continuamente –y de manera confusa- del “servicio público de educación” al referirse a las escuelas públicas y concertadas. De esta forma se entrevé que el Estado, o la Generalitat, pretenden ser los propietarios de la educación. Con la introducción de esta terminología incluso el artículo 21 del nuevo Estatut de Cataluña queda descalabrado, ya que éste habla de garantizar el derecho a la educación a través de un modelo educativo de interés público. No debemos olvidar que el servicio público que nos puedan ofrecer las autoridades no tiene que coincidir con el interés público que sí quieren los padres, ya que éste está a un mayor nivel de aceptación por toda la ciudadanía que cualquier servicio público. Con esta medida no se garantizará nunca ni la diversidad ni el pluralismo necesarios para escoger el tipo de educación que deseen los padres.

Entre otras medidas, también se impone un “comisario” político en el Consejo Escolar de los centros, que controle y gestione.

El Estado no tiene ningún derecho a pasar por encima de las libertades que tienen los padres, a través del intervencionismo excesivo y la pérdida de la pluralidad. Hitler y Stalin ya lo hicieron en su momento… ¿será necesario repasar un poco de historia y recordar cómo les fueron?

Cabrera no amenaza, pero cabrea

Permalink 19.05.08 @ 23:45:39. Archivado en Educación escolar

Lo dice en un periódico nacional, en una entrevista reciente que le han hecho. Mercedes Cabrera, la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, ha vuelto a cargar contra aquellos que se oponen contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ante la pregunta sobre las consecuencias de lo que está pasando en algunas comunidades como Madrid o la Valenciana, en las que se apoya la desobediencia civil a esta asignatura, su respuesta ha sido clara y tajante: “No obtendrán la titulación de la ESO. Pero no es una amenaza, es el cumplimiento de la ley”. Pues ahí se queda eso, porque lo dicta la ley, y a más de uno le habrá hecho sentirse cabreado…

Pues es verdad que la ley debe cumplirse, que para eso está. Pero también cabe afirmar que el Estado tiene sus límites, y cuando los sobrepasa entra en un terreno muy pantanoso. La incorporación de EpC en el currículo educativo y la intransigencia por parte del gobierno, está consiguiendo dividir a las familias, donde parece que haya ciudadanos de primera y de segunda, individuos liberados y otros adoctrinados. Quizás es el momento de enfatizar que una cosa es la libertad de conciencia, y otra distinta la libertad de las conciencias.

El problema de Epc viene por dos direcciones: por el contenido que se imparte, y la ideología de quién lo imparte. De hecho, en muchos colegios, han acabado por adaptar la asignatura a su identidad e ideario propio. Los alumnos son muy influenciables, están en un proceso de maduración personal y la actitud del profesor depende mucho de ello. Casi se podría afirmar que no existen asignaturas neutras, y si observamos la programación de algunas áreas como Filosofía, Historia, Ciencias Naturales… se prestan a darle un enfoque u otro dependiendo de la visión del profesor que las imparta.

¿Cuál es entonces la diferencia que existe respecto a Educación para la Ciudadanía? En que los contenidos vienen muy marcados por un adoctrinamiento que desde el Estado se quiere que se imparta. Ante esta situación, podríamos preguntarnos: ¿por qué el Estado tiene que decidir en base a una ética parcial que esa, y sólo ésa, es la ética universal? Hemos entrado en una nueva gnosis, en la cuál el legislador se vuelve el intérprete autorizado y autoproclamado de la moral y de la educación de las conciencias de los más vulnerables, que son los niños y los jóvenes. La metodología de los “dilemas morales” no es neutra, responde a una idea kantiana de autoconstruirse porque no se cree que se pueda mostrar y transmitir la verdad ni el bien; por lo tanto hay que llegar a ellas a través del consenso democrático y politizando la educación.

Relativizar la realidad objetiva para absolutizar las opiniones subjetivas no deja de ser un dogmatismo -a priori- de quien impone obligatoriamente las reglas del juego en materia educativa.

Las personas y las familias son previas a las legislaciones y las políticas de turno, por tanto no se puede ir contra ellas, ni fragmentarlas en sólo “ciudadanos”, pues se parcializa las dimensiones naturales de todo hombre.

Una vez más, EpC vuelve a estar en el candelero. El debate está servido.

Dos de mayo: una revuelta y algo más

Permalink 04.05.08 @ 19:00:47. Archivado en Temas sociales

Si nos ceñimos al resultado conseguido tras la revuelta del 2 de mayo de 1808, no se podría certificar que fuera un día glorioso para los españoles. La jornada dio lugar a unos resultados demoledores, pues los franceses consiguieron abatir la revuelta y más de 400 habitantes de Madrid murieron en ella. A pesar de ello, son muchos los historiadores que coinciden en señalar que con el alzamiento de España que se produjo, el 2 de mayo es el germen del constitucionalismo liberal, y como consecuencia de lo que hoy en día podemos entender como Nación, de españoles libres e iguales.

Es el origen de la Guerra de la Independencia de España, que dio lugar a la mecha que se iría propagando por todo el país de la resistencia durante los seis años siguientes frente a la ocupación del Ejército de Napoleón. La rebelión del pueblo madrileño se fue extendiendo por toda España a partir del Bando de los alcaldes de Móstoles.

Recordemos que con el Tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de octubre de 1807, se dio vía libre a las tropas francesas para que pasaran por España dirigiéndose a Portugal. Luego vino el Motín de Aranjuez y la ocupación de Madrid del general Murat el 23 de marzo. Fernando VII y su padre, que fue forzado a abdicar, fueron obligados a reunirse en Bayona con Napoleón, para acabar abdicando en favor de su hermano José Bonaparte.

A pesar de la constitución de la Junta de Gobierno que representaba Fernando VII, el poder -de facto- estaba en manos del general Murat. Fue éste quien solicitó el traslado a Bayona de la reina de Etruria (que era la hija de Carlos IV) y del infante Francisco de Paula.

De este modo el 2 de mayo se produjo la concentración ante el Palacio Real de una multitud de madrileños que empezaron a presenciar cómo sacaban del palacio a la reina de Etruria y al infante Francisco de Paula. Indignados y resistiéndose a aceptar esta sumisión, el gentío empezó a penetrar en palacio al grito de “¡Que nos lo llevan!”. La revuelta no había hecho nada más que empezar, tras la defensa de Murat enviando un batallón de granaderos de la Guardia Imperial que disparaba contra toda la multitud. El pueblo no estaba dispuesto a ceder la salida del infante, quería vengar a los muertos, y pretendía deshacerse de la ocupación francesa… lo que originó una lucha que se extendió por todo Madrid.

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