Educación

El Gobierno de Madrid ordena cursar EpC y prohíbe adoctrinar

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En aplicación de las sentencias del TS, el movimiento objetor reivindica que el derecho a objetar sea reconocido "mediante normativa autonómica".

REDACCIÓN HO.- Por medio de una carta dirigida a los directores de los centros docentes, y pese a reconocer que esas cuatro resoluciones "afectan de manera directa únicamente a los alumnos cuyos recursos se han resuelto", la Consejería de Educación de Madrid extiende la denegación del derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía que establecieron las recientes sentencias del Supremo a todos los colegios e institutos de la Comunidad.

Aunque durante la tarde de hoy fuentes del departamento que dirige Lucía Figar han asegurado reiteradamente a HO que el texto de la misiva aún era un simple borrador sujeto a posibles modificaciones, por lo que todavía no se había empezado a remitir a los centros, finalmente ha quedado confirmado por un alto responsable de la Consejería que, como había informado Europa Press a lo largo de la jornada, la carta se ha comenzado a enviar hoy mismo a los centros en que cursan estudios los alumnos objetores madrileños.

El documento, al que ha tenido acceso esta redacción, recuerda que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fallado sobre cuatro recursos procedentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y de Andalucía en relación con las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y, extendiendo sus efectos al ámbito regional, ordena a los directores "adoptar las medidas necesarias para que los alumnos matriculados en 2º y 4º de la ESO cursen" esas materias "sin adoctrinamiento de ningún tipo" y siguiendo el currículo ordinario, que en Madrid quedó fijado por el Decreto 23/2007. Ello implica que las adaptaciones que el Gobierno regional madrileño había autorizado para los hijos de los objetores ya no se podrán seguir aplicando.

"Aunque las sentencias afectan de manera directa únicamente a los alumnos cuyos recursos se han resuelto, una vez estudiado el texto íntegro, la Consejería de Educación entiende que el Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la asignatura y sus efectos", dice el documento.

No cabe el adoctrinamiento

Algunos medios han interpretado que esta notificación demuestra que la postura del Ejecutivo madrileño ha experimentado un giro a favor de la asignatura tal y como está planteada por el Ministerio pues, aunque no se puede olvidar que aún sigue abierta la vía del recurso ante el Constitucional y, si fuera necesario, ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la misiva recalca que el Alto Tribunal "no admite la objeción de conciencia en materia educativa y recuerda que todos los alumnos deben cursar la asignatura".

No hay que olvidar que las sentencias también hacen especial hincapié en que la asignatura no puede adoctrinar, dando así la razón a los objetores, que por ello también están planteando ahora su batalla jurídica en relación a los contenidos de los manuales de texto del polémico grupo de asignaturas.

De hecho, la propia Figar en su carta también precisa que el Supremo "exige que la enseñanza de la misma no se desvíe de los fines de la educación intentando inculcar o imponer, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista que puedan entrar en colisión con el artículo 27 de la Constitución Española".

Por ello, al ordenar a los directores que tomen las medidas que sean necesarias para que los alumnos de 2º y 4º de la ESO cursen EpC, insiste en que ello ha de hacerse "sin adoctrinamiento de ningún tipo, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo y al Decreto 23/2007 de 10 de mayo de la Comunidad de Madrid, y de acuerdo con el proyecto educativo de su centro".

A lo largo del curso en la Comunidad de Madrid ha habido más de 11 mil objetores, aunque no todos han sido contemplados de la misma manera, ya que algunos de ellos no estaban en los cursos en los que se impartía la materia.

Descontento del movimiento objetor

La carta, en la que el Ejecutivo de la CAM afirma que "el Alto Tribunal no admite la objeción de conciencia en materia educativa y recuerda que todos los alumnos deben cursar la asignatura", ha provocado la discrepancia del movimiento objetor, porque el análisis que la Comunidad de Madrid hace en ella de las sentencias del Supremo ignora algo de gran trascendencia. En sus resoluciones, el Supremo no solo ha abierto a las familias -como la Comunidad de Madrid reconoce- nuevas vías para defender sus derechos frente al adoctrinamiento de la materia -por ejemplo, recurriendo el contenido de algunos manuales de texto usados para impartirla-, sino que además, lejos de descartarla por completo, admite abiertamente la posibilidad del reconocimiento de la objeción de conciencia, algo esto último que al parecer ha pasado inadvertido tanto para Lucía Figar como para sus asesores jurídicos.

Así, en el fundamento jurídico 8.º de la sentencia de Andalucía y en el 7.º de las sentencias de Asturias, la Sala proclama literalmente que "nada impide al legislador ordinario, siempre que respete las exigencias derivadas del principio de igualdad ante la ley, reconocer la posibilidad de dispensa por razones de conciencia a determinados deberes jurídicos". "Lo que ocurre es que se trataría de un derecho a la objeción de conciencia de rango puramente legislativo -no constitucional- y, por consiguiente, existente sólo en virtud de la libertad de configuración del ordenamiento de que dispone el legislador democrático; esto es, podría crear, modificar o suprimir dicho derecho según lo estimase oportuno", matiza a continuación.

Por lo tanto, depende tan solo de la voluntad política de sus gobernantes la posibilidad de que la Comunidad de Madrid -como todas las demás- reconozca plenamente el derecho de los padres a objetar para que sus hijos sean eximidos de cursar Educación para la Ciudadanía, en cualquiera de sus denominaciones.

Esta reivindicación se puso de manifiesto con ocasión del reciente II Encuentro Nacional de Objetores a EpC celebrado el pasado sábado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en cuyo transcurso se hizo público un decálogo de instrumentos legales mediante los que el movimiento objetor se plantea la defensa de sus derechos. Su apartado n.º 3 recoge la iniciativa de "instar a los responsables políticos y los legisladores de las respectivas Comunidades Autónomas a que reconozcan el derecho a objetar a EpC mediante normativa autonómica".

Por otra parte, hoy se conocía también que la familia de Bollullos del Condado que se vio afectada por una de las sentencias del TS ha iniciado precisamente la impugnación de los manuales de EpC.

Se pone pues de manifiesto que el movimiento objetor está más vivo que nunca.


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