(HO).-Los han emitido dos juzgados de lo contencioso-administrativo, después de haberse dado a conocer el fallo del TS que denegó la objeción a cuatro familias.
La objeción a Educación para la Ciudadanía (EpC) es un caso abierto, por mucho que el Gobierno nacional, algunos ejecutivos autonómicos y varios grupos mediáticos hayan pretendido darlo por zanjado de manera precipitada.
El pasado 28 de enero una nota de prensa de su Oficina de Comunicación comunicaba que el Tribunal Supremo había denegado el derecho a objetar a las asignaturas de EpC en cuatro casos concretos. Hace una semana, el 17 de febrero, se conocía el contenido íntegro de las cuatro sentencias, que resolvían tres recursos presentados por familias asturianas contra sentencias denegatorias de la objeción dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del Principado y uno interpuesto por las administraciones educativas andaluza y nacional contra la primera sentencia del TSJ andaluz que reconoció a una familia onubense el derecho a objetar por uno de sus hijos.
Tras esos fallos del Supremo, en los últimos ocho días, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 y n.º 2 de Toledo han emitido seis nuevos autos de medidas cautelares, que eximen a nueve hijos de objetores de cursar EpC hasta que los mismos Juzgados dicten las correspondientes sentencias.
Un Auto fue comunicado a los interesados el pasado 16 de febrero, otros dos fueron notificados el lunes 23 y tres más lo han sido en el día de ayer, el martes 24 de febrero, una semana después de que el TS hiciera públicos los textos de sus sentencias.
Según Cristina Rodríguez, portavoz de la plataforma Toledo Educa en Libertad, con estos autos de medidas cautelares se han emitido ya un total de 125 resoluciones de esa clase, que eximen de forma provisional a 166 estudiantes de toda la provincia.
Por su parte, Carlos Jariod, presidente de la asociación Educación y Persona, ha afirmado que «estos nuevos Autos demuestran que los recursos judiciales sobre objeción a EpC siguen su curso, ya que las sentencias del Tribunal Supremo afectan exclusivamente a cuatro recursos».
María Jesús Aranda, de la plataforma talaverana ¿Xq te callas?, ha afirmado que «la razón está de parte de los padres objetores porque defienden sus derechos constitucionales. Y tarde o temprano, la Justicia nos dará la razón».
