(Educador Digital).- Cuando el Ministerio cumpla y cambie la asignatura (contenidos, objetivos y criterios de evaluación), entraremos en clase, antes no. Las sentencias del Supremo, confirman el fracaso de un conjunto de asignaturas que ya han judicializado la Educación e instalado la conflictividad en las aulas. Es el Tribunal Supremo el que afirma que la asignatura no puede entrar en temas de controversia social. Campañas como «Yo no entro» ó «Aulas Vacías. Pírate la Ciudadanía», se ven reforzadas y legitimadas tras las sentencias que acabamos de conocer. No es de extrañar que desde fuentes ministeriales se diga que EpC ya ha descarrilado.
Las sentencias confirman el deber de neutralidad del Estado en lo que se refiere a la formación moral. El Estado y las administraciones educativas que lo forman deben limitarse en su cometido a instruir a los alumnos sin pretender que compartan puntos de vista que en la sociedad civil están en litigio, y sin que deban revelar su propio punto de vista o las propias convicciones.
El Tribunal Supremo ratifica con sus sentencias el acierto de las familias que han defendido su derecho a educar en libertad, cuando anota “…insistir en que el hecho de que sea ajustada a Derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas, erigiéndose en árbitro de cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales”.
Por esos motivos, solicita a las administraciones educativas, a los centros docentes y a los profesores de la materia, la más exquisita prudencia a la hora de utilizar libros de texto, proponer contenidos, o impartir clases que puedan calificarse de adoctrinadores de los alumnos. Y aconsejan a los padres de familia un cuidadoso seguimiento de estos temas, una vez que el propio TS los resalta en sus sentencias. Además, animan a los padres a acudir a los tribunales cuando perciban el riesgo de adoctrinamiento en los libros o en la escuela.
Las sentencias del Alto Tribunal consideran imprescindible que las Administraciones estatales y autonómicas lleven a cabo una profunda revisión de los contenidos de los decretos para adecuarlos a los principios que ha establecido el TS. Nuestro sistema educativo está enfermo y judicializar la Educación es una decepcionante solución frente al adoctrinamiento en las aulas.
