(Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo).- Son ya millares los padres y madres que se oponen a la imposición de Educación para la Ciudadanía mediante la objeción de conciencia. Como ciudadanos particulares no les queda otra forma de evitar una intromisión sin precedentes del Estado en el ámbito de la educación moral de sus hijos.
Es hora de dar un paso adelante y defender unas libertades que trascienden cada situación concreta para adquirir una dimensión de defensa del Bien Común. No podemos dejar de hacer frente a este ataque a nuestra libertad y la de nuestros hijos. Porque es una cuestión de derechos civiles que no podemos soslayar. Y en esta batalla no podemos dar ni un paso atrás.
Los centros docentes están obligados, por ley, a impartir las asignaturas del área de Ciudadanía aunque algunos han manifestado su rechazo a esta ley intervencionista de forma más notoria que otros. Pero, en cualquier caso, sus responsables han transmitido el mensaje de que, una vez aprobados los Reales Decretos, la oposición a la EpC es tarea de los padres. En esas estamos.
La comunidad educativa y cada centro docente disponen de un instrumento idóneo para representar a los padres y madres de los alumnos ante la dirección del centro educativo: las APYMAs (Asociación de Padres y Madres de Alumnos). Es cada APYMA. por tanto, el lugar natural donde debiera orquestarse la oposición activa de los padres a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.
Un APYMA sensible a la libertad de enseñanza y celosa del ideario del centro que han elegido para educar a sus hijos tiene la responsabilidad de concitar las acciones de sus representados para procurar desactivar, en la medida de sus posibilidades, el ataque a la libertad de educación que supone la EpC y que, por desgracia, si no se neutraliza, abrirá una brecha de intervencionismo estatal cada vez más difícil de restañar.
Son, pues, las APYMAs instrumentos clave en la defensa de la libertad de educación. Oponiéndose a una EpC intervencionista, a una administración que procura restringir los conciertos educativos a aquellos centros que satisfacen los principios educativos del gobierno de turno (coeducación, política lingüística, marginación de la asignatura de la religión, etc.) y negándoselos a los que, llevados por su legítimo derecho constitucional, ofrecen una educación regida por un ideario específico.
Educación para la Ciudadanía es la punta de lanza de una ofensiva estatal contra las libertades en materia educativa que se prevé larga y profunda. Pero también es la piedra de toque de la sensibilidad de las APYMAs ante los recortes de libertades. Los hechos han demostrado que, cuando una APYMA se empeña en estudiar y explicar a los padres del centro el contenido y las consecuencias de la EpC, las objeciones de conciencia se han presentado en masa. Primero, porque es una ley injusta que vulnera los derechos paternos a educar moralmente a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Segundo, porque aunque la administración educativa esté haciendo «la vista gorda» ante las adaptaciones que los centros concertados realizan de las asignaturas de EpC, los padres y los directores saben que se trata de una concesión estratégica y temporal que no tiene amparo legal ninguno y terminará por imponerse una inspección rigurosa de las administraciones sobre los contenidos reales explicados en cada centro. Tercero, porque, aunque los centros concertados tengan un mayor margen de maniobra para paliar los contenidos más nocivos de dichas asignaturas, no podemos olvidar que la gran mayoría de los escolares españoles acuden a centros públicos. Y su defensa no es sólo cuestión de solidaridad, sino de pura justicia social. Finalmente, las APYMAs promotoras de la objeción de conciencia han sabido explicar también que la introducción de estas materias, siendo un grave atropello a la libertad de los padres y los centros educativos, podría sentar un grave precedente en la línea del intervencionismo administrativo en el ideario de los centros concertados. La modificación o ruptura del concierto económico pendería permanentemente como espada de Damocles sobre los centros ante cualquier iniciativa de la administración educativa.
Es ahora, por tanto, la hora de las APYMAs. Es momento de hacerse cargo de la responsabilidad moral para con sus padres, su propio centro y para con la sociedad que su situación en este conflicto les ha deparado. No será cómodo ante la dirección del centro promover acciones que favorezcan la información en profundidad sobre la EpC y sus repercusiones actuales y futuras. No será cómodo alentar la objeción de conciencia porque muchos directivos de centros estiman la relación con su administración educativa por encima de la injusticia y el recorte de libertades civiles que supone la implantación de la EpC. Pero es hora de hacerlo.
Es hora de dar un paso adelante y defender unas libertades que, aunque parecen pequeña amenaza actualmente en el entorno de un centro concertado, trasciende cada situación concreta para adquirir una dimensión de defensa del Bien Común. Los padres y nuestros representantes en las APYMAs podemos equivocarnos en los medios empleados. Lo que no podemos hacer es dejar de hacer frente a este ataque a nuestra libertad y la de nuestros hijos. Porque es una cuestión de derechos civiles que no podemos soslayar. Y en esta batalla no podemos dar ni un paso atrás.
