La Junta de Andalucía: el ojo que todo lo ve.

18.11.08 | 13:09. Archivado en Conflictividad, Acoso escolar, Alumnos

PD.- Cuando todavía está presente la polémica por la publicación en el BOJA de los nombres de 81 menores objetores a Educación para la Ciudadanía, el Parlamento andaluz aprueba una enmienda que permitirá a la Junta tener acceso a las conductas contrarias a la convivencia y a datos identificativos del alumnado y de sus padres, "incluidos los referidos a las necesidades específicas de apoyo educativo, de salud o de cualquier otra índole".

Lejos de evaluar la violencia para, desde la identificación precoz prevenir el maltrato en las aulas, el parlamento Andaluz aprobó la semana pasada una enmienda en la que se recoge textualmente que Educación puede tener acceso al "seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar" tanto en los centros públicos como en los privados concertados.

Lejos de trabajar en interés superior del menor facilitando programas que permitan erradicar la violencia en las aulas, la Consejería de Educación lleva tiempo intentando que los responsables de centros concertados aporten información sobre los problemas en sus aulas pese a la oposición frontal de éstos. La Federación de Enseñanza Religiosa (Fere) en Andalucía remitió en junio una circular a los concertados de Sevilla en la que se instaba a no registrar estos datos en el programa informático Séneca de la Consejería de Educación. Argumentaban que "no existe base jurídica suficiente que ampare la obligación legal de la grabación de las conductas gravemente perjudiciales".

Según la enmienda del PSOE a la ley aprobada la semana pasada, "podrán ser objeto de cesión a la Administración educativa" los datos identificativos del alumnado y de sus padres, "incluidos los referidos a las necesidades específicas de apoyo educativo, de salud o de cualquier otra índole".

También se podrán reclamar "los relacionados con el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes y con el desarrollo de su escolarización, evaluación y orientación educativa y profesional". Se incluyen además "los referidos a la gestión y el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, a la utilización de los servicios complementarios, a la participación en planes y programas educativos".