La Junta de Andalucía lesiona derechos fundamentales de 81 menores objetores.

03.10.08 | 15:47. Archivado en Educación para la Ciudadanía, Conflictividad, Leyes educativas, Acoso escolar, Alumnos

PD.- La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha dado un paso más en su intento de cohibir a los que se oponen a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Si hace unos días publicaba los nombres de los padres objetores a los que se le había denegado la objeción, el BOJA del pasado uno de octubre recogía no sólo los nombres de los padres, sino también los de los hijos, todos ellos menores, a los que se les deniega su deseo de ausentarse de Ciudadanía.

Concretamente en ese BOJA aparecen los nombres y apellidos de 81 objetores. Los nombres del padre o tutor y los de los hijos, estudiantes de 3º de ESO y, por tanto, menores de edad. El BOJA recoge que se ha intentado sin efecto la notificación personal a los recurrentes y que por ello se procede a hacerlas públicas. Además les indica que acudan a Torretriana, sede de la consejería de Educación a acceder a la documentación sobre sus expedientes.

Ayer desde Educación se aseguraba que se ha empleado ese procedimiento porque no se les había podido localizar de otra manera, sin embargo se trata de niños que están localizados en los centros educativos donde se presentaron las objeciones y cuyos padres tuvieron que rellenar un escrito en el que constaba el domicilio.

Por ello Carlos Seco, el letrado que recurrió la asignatura, mostraba ayer su asombro e indignación por lo que considera una vulneración del derecho a la intimidad y la propia imagen no solo de los padres sino también la lesión a derechos de menores. Para Seco se trata de una maniobra «inaceptable» por lo que considera que la consejera de Educación, Teresa Jiménez, debe dimitir o «Chaves la debe cesar». «Son 81 familias y el nombre de 81 menores publicados en el BOJA», recalcó asegurando que la consejera ha lesionado derechos fundamentales de los menores.
Además Seco afirmó que la Junta de Andalucía tiene otros medios para poder localizar a los padres a través de los centros educativos a lo que se une el hecho de que, al estar escolarizados, están inscritos en los registros de la consejería de Educación.
«No tiene porqué publicar sus nombres en un boletín oficial y más en un asunto de sensibilidad como éste», indicó Seco que cree que se trata de «una estrategia» para evitar que se sigan produciendo objeciones.

Pero además se da la circunstancia, según el letrado, de que algunos de los menores que aparecen en ese listado tienen hermanos que también habían objetado y a los que la Junta de Andalucía ya les había notificado la resolución negándoles la objeción. Por tanto conocía el domicilio donde localizarlos.
Seco aseguró también que, en este caso, también cabría la posibilidad de que el fiscal de menores actuase de oficio en defensa de los intereses del menor e investigar si la Junta de Andalucía ha agotado todos los recursos para notificarles en su domicilio antes de publicarlo en el BOJA. En cualquier caso los padres de estos menores, tras ser notificados, tienen, según el abogado, vía libre para recurrir ante el TSJA.

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