(PD).- Con el nuevo modelo de financiación Cataluña se lleva 3.855 millones más y Andalucía, 3.133. Un reparto parcial y torticero destinado que los dos graneros de votos del PSOE se lleven la parte de león. Y el PP, no sabe si decir que «no» o abstenerse. Para Rajoy se trata de una «gigantesca chapuza» pero anima a las autonomías, con la boca pequeña, a que defiendan sus intereses. Según Manuel López Torrents, director del diario Negocio, «mientras se siga escuchando eso de que ‘con nuestro dinero se pagan los servicios de otros'», las autonomías serán «un reino de taifas que roza lo cortijero».
¿Quién saldrá ganando y quién perdiendo con el nuevo modelo de financiación?
Pues realmente nadie, porque si tienen que haber unas Autonomías que se quejan de la injusticia cometidas con ellas y otras satisfechas del último ‘mordisco’, está claro que el asunto está lejos de ser una solución, porque los perjudicados prometerán pelea y se sentirán ultrajados siempre, mientras los satisfechos serán mirados con muy malos ojos. Hay un debate espantoso en mi opinión que hace trizas el principio de solidaridad que en teoría rige para este asunto. Mientras sigan escuchándose cosas como que “con nuestro dinero se pagan los servicios de otros”, estará claro que las autonomías no son una plataforma de descentralización sino un reino de taifas que roza lo cortijero. Y la bronca política de fondo es penosa también.
Tres millones de funcionarios y las autonomías que no dejan de ser un pozo sin fondo; ¿cómo se revierte esto?
No entiendo por qué el empleado público tiene que tener garantizado su puesto con el dinero de los impuestos de los demás. Es cierto que han ganado una plaza por oposición (también el privado supera procesos de selección) pero en cualquier caso, tres millones de empleados públicos me parecen colesterol para nuestro sistema. Las autonomías han sido muy bonitas (es cierto que todas las capitales están espectaculares) pero muy caras. No sé si hay que revertir esto, pero desde luego rebajar el peso de lo público, cosa que creo que es compatible con la cobertura social.
Los empresarios presionan con el despido libre; pero, ¿por qué las soluciones pasan por adelgazar el sector privado y no el público?
No piden eso con esa crudeza, sino más flexibilidad. Las teorías liberales señalan que con un despido libre habría más empleo. Lo que ocurre es que las organizaciones privadas se han sobredimensionado y ahora para continuar tienen que aligerar carga. Y saben que con plantillas mucho más pequeñas podrían seguir adelante. En el caso del sector público, el adelgazamiento necesario es casi imposible con la actual legislación. Creo que nos encaminamos a un modelo laboral en el que el rendimiento del empleado se analizará con lupa. Se han acabado los tiempos en los que un trabajador puede estar camuflado en una gran organización. Estará el que rinda y se le analizará individualmente, de eso estoy seguro.
Este lunes, escribió en el editorial que la financiación «no nos llega llovida del cielo»; ¿a qué se refiere?
Efectivamente, llega de los impuestos y de la emisión de deuda. A más gasto social, más impuestos y más endeudamiento. Lo primero no nos gusta a nadie. Lo segundo puede tener un impacto muy negativo en el riesgo país español, por poner una primera consecuencia, que hay muchas más.
¿Teme que peligren las prestaciones y que el paro vaya en aumento?
Sí. También parecía imposible que los ayuntamientos dejaran de pagar no sólo a sus proveedores sino las nóminas de sus trabajadores y ha ocurrido, a pesar de que en los últimos años han manejado muchísimo dinero, procedente del urbanismo. No es algo que vaya a ocurrir de manera inmediata, pero no es nada prudente hablar del subsidio de desempleo como si de un maná eterno se tratara, ampliable además de modo casi indiscriminado. Creo que se debe pensar en positivo: lo ideal es que nadie cobrara ese subsidio porque todo el mundo trabajase.
¿Se viene una hecatombe en las cajas?
Esperemos que no. Lo que debería haber es un reordenamiento con las menores injerencias políticas. (Y que ‘los pajaritos canten y las nubes se levanten’, claro). Más de 40 cajas en España sin contar rurales es una locura. Muchos expertos sitúan la cifra adecuada en alrededor de la mitad. Pero deben ser sanas, fuertes, competitivas y, sobre todo, este proceso debe costar lo menos posible al contribuyente. Ojalá se realice con criterios técnicos y no políticos, pero por desgracia los jefes de los gobiernos autonómicos han dejado clarísimo sin el menor disimulo que van a tutelar ese proceso.
