(PD).- El Gobierno ZP adjudica «a dedo» a Correos el reparto de 21,9 millones de lámparas por 22 millones. Miguel Sebastián lleva adelante su propósito de que los domicilios españoles dispongan de, al menos, una lámpara de bajo consumo y ha convencido al Consejo de Ministros para que se destinen 64 millones de euros a esta iniciativa, con cargo al IDAE. Además, el Ejecutivo aprobó 690 millones en créditos para la industria del automóvil, y la financiación del Plan Avanza para Pymes: habrá más dinero para la Industria.
Subraya Hernando F. Calleja en El Economista que dos son las partidas principales de la operación. Por un lado, la compra de los 21,96 millones de bombillas supondrá un gasto de 42 millones de euros en 2009 y una partida semejante para la «segunda bombilla«, cuyo reparto está previsto en el año 2010.
Las correspondientes al año que viene se comprarán mediante procedimiento abierto, contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público.
Correos es la afortunada
Sin embargo, a la hora de la distribución, el Gobierno ha considerado que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos es la única capaz de realizar el reparto y por ello les ha concedido un contrato de 22 millones de euros «a dedo».
Las bombillas de bajo consumo consumen un 80 por ciento menos de energía que las incandescentes y duran, según el Ejecutivo, entre seis y ocho veces más, con un ahorro final de unos 100 euros durante la vida útil. Al concluir la operación bombilla, programa estrella del titular de Industria, Miguel Sebastián, se habrán repartido unos 49 millones de lámparas.
Inmigración irregular
El Consejo de Ministros estudió ayer también la reforma de la Ley de Inmigración, cuyas directrices son, en cuanto al reagrupamiento familiar, la autorización para trabajar a los reagrupados en edad laboral; la comunicación previa de los reagrupamientos de menores en edad escolar, así como el endurecimiento de las condiciones económicas y de vivienda con que cuenta el reagrupante.
En cuanto a los irregulares, la Orden de Expulsión tendrá un periodo de salida obligatoria comprendido entre siete y 30 días; y la reducción de la prohibición de retorno del expulsado será de 10 años a cinco años. En cuanto a los tiempos de internamiento, se ampliarán selectivamente los plazos de 40 a 60 días.
La ordenación de los flujos migratorios de entrada exigirá la vinculación del inicio de la autorización de residencia y trabajo al contrato de trabajo efectivo y al alta en la Seguridad Social. (En noviembre, la afiliación de extranjeros cayó en 64.256 personas)
