Jessica Nieto (PD).-El rescate de los banqueros cada vez genera más sospecha. UPyD, que votó a favor del salvataje, ha denunciado que el Gobierno y el PP han pactado la «opacidad» de la puesta en marcha de los decretos de ayuda a las entidades financieras para beneficiar especialmente a las cajas de ahorros «con problemas» e impulsar los procesos de fusión con una clara intención política. PD ha hablado con Mikel Buesa, el portavoz de la Coordinadora Territorial de Madrid de UPyD, para saber qué se está guardando el Gobierno ZP y si esas últimas medidas anuncias servirán de algo.
Parece que los dos partidos se guardan muchos ases en la manga respecto al rescate. ¿Podría decirnos qué es lo que están ocultando PP y PSOE?
Desconozco lo que están ocultando, aunque lo sospecho. En todo caso, lo que si está claro es que han llegado a un acuerdo, que incluso parece que ya existía cuando ambos partidos llegaron al Congreso de los Diputados y dijeron que iba a haber transparencia. Yo sospecho que lo que hay detrás es que el fondo de rescate va a ser utilizado preferentemente por cajas de ahorro con dificultades en las que, tanto el PSOE como el PP, tienen ciertas responsabilidades por haber nombrado a sus gestores.
Las medidas, como por ejemplo, la moratoria de las hipotecas, ¿son parches? Los consumidores la han criticado por ser discriminatoria.
La medida de la moratoria de las hipotecas, es una medida diseñada, como otras muchas que ha adoptado este Gobierno, para atender a unos pocos y dar la apariencia de que se ocupa de las personas más necesitadas. Si tenemos en cuenta la información que ha proporcionado el Presidente del Gobierno y la que ha proporcionado el Presidente del Instituto de Crédito Oficial, se observan discrepancias, ya que el Presidente del Gobierno dijo que esta medida iba a afectar a medio millón de personas mientras que el Presidente del ICO dijo que esto iba a costar como mucho 400 millones de euros. Si hacemos la cuenta, el resultado es de 33 euros por persona o por hipoteca al mes. Por tanto, se trata de una ayuda totalmente irrelevante.
¿Por que UPyD apoyó que los ciudadanos tengan que soportar coactivamente los riesgos y las cargas de los bancos y de los ciudadanos insolventes?
Lo que apoyamos fue un plan que estaba inducido por un acuerdo que se adoptó en el seno de la UE. Nos parecía importante que todos los países contaran con un sistema similar de actuación frente a la crisis financiera, ya que esta es la única manera por la que no se emprenden políticas consistentes en “echarle la crisis al vecino”. Por ello, nos pareció que era un acto de responsabilidad votar a favor de la convalidación, siempre con la promesa de que este iba a ser un tema transparente, y que no iba a costar nada a los ciudadanos porque se trasladaría a las entidades bancarias o a las cajas de ahorros. En ese marco, advertimos que exigiríamos unos requisitos, que ayer presentamos en la Proposición No de Ley, nos pareció adecuado dar el visto bueno a la convalidación.
El otro anuncio de Zapatero de crear una nueva modalidad de bonificación de 1500 euros para la contratación indefinida de desempleados con cargas familiares, ha sido criticada por ser otra maniobra de distracción. ¿Está de acuerdo con esta apreciación?
Sí, es otra maniobra de distracción ya que aparentemente se va a beneficiar a las personas más necesitadas y luego ese número de personas es extremadamente reducido. Zapatero dijo que esto iba a costar 170 millones de euros: si dividimos 170 millones entre 1500 euros, sale a un poco más de 100.000 personas que van a poderse beneficiar. El problema, es que en este momento, hay 2.800.000 parados. Por lo tanto, se trata de una medida de carácter demagógico más que de incidencia relevante en el mercado de trabajo. Si el Gobierno y Zapatero están convencidos de que para favorecer el empleo hay que reducir el coste de trabajo por la vía de la reducción del coste de las cotizaciones sociales, lo razonable sería que fuera al Congreso y presentara una política para reducir las cotizaciones sociales, que tendría que ser compensada con alguna actuación fiscal, como una pequeña elevación en el IVA, por ejemplo.
¿No es un peligro que, con este rescate, el Estado y los políticos accedan a tener un mayor poder económico?
Sí, es un peligro. Lo hemos advertido en nuestra proposición. Nuestro planteamiento es que estas operaciones no deben suplir la intervención del Banco de España, en el caso de que haya entidades en una situación de quiebra o próxima a ella. Esto es una medida que puede ser razonable si de lo que se trata es de hacer un saneamiento a corto plazo que permita salvar una situación de dificultad, también a corto plazo, si las entidades son solventes y siguen adelante. Pero, si de lo que se trata es de ocultar situaciones de gran vulnerabilidad en determinadas entidades, esta medida no sirve y sería peligroso utilizarlo para atajar los problemas del sector financiero.
