Un tercio de las empresas españolas ha perdido negocios por no pagar sobornos

Un tercio de las empresas españolas ha perdido negocios por no pagar sobornos

(PD).- La corrupción no distingue de crisis ni de coyunturas económicas. La mala praxis empresarial, unida a la mala gestión de los órganos de control que tienen que velar porque todo se conduzca por los cauces legales, forman un cóctel explosivo que se manifiesta en forma de fraude y soborno. Todo por el negocio… sin el negocio limpio, claro.

Explica Verónica Rodríguez en El Economista que un reciente estudio de Ernst & Young desvela un dato desalentador: el 32% de las empresas españolas admite haber perdido oportunidades de negocio por no pagar un soborno frente a un competidor que sí lo hizo, según una encuesta para la que se ha entrevistado a responsables de empresa de 33 países, incluidos más de un millar de españoles.

Lo llamativo es que nuestro país se sitúa muy por encima del resto, que ronda un 8% de media.

Así, el 24% de los encuestados españoles asegura haber sufrido en su empresa un caso de soborno o corrupción, mientras que la media europea se sitúa en el 10%.

De este dato no resulta ajeno el desembarco masivo por parte de muchas grandes compañías españolas en Latinoamérica o países emergentes. Como explica Ricardo Noreña, socio de la consultora y responsable de este área:

«Es habitual que muchas medidas anticorrupción surjan en el contexto de una fusión o adquisición, particularmente cuando las empresas objetivo están presentes en países con alto riesgo».

Terceros países

A esta circunstancia se une el que estas compañías cuentan con bases estables en terceros países, con personal a menudo local. Controlar que todas las actividades se realicen en el marco de la legalidad exige tener incorporado un buen sistema de control para que ningún directivo caiga en prácticas corruptas.

Aunque no hay que acudir a latitudes tan lejanas para encontrar focos de fraude y soborno en el entorno empresarial. Nuestro propio país tiene aún asignaturas pendientes en este terreno.

Como explica Jesús Sánchez, portavoz de Transparencia Internacional, teniendo en cuenta que el principal contratista en nuestro país es el Estado, en sus diferentes niveles, central, autonómico y local, el fraude empresarial va de la mano del de las administraciones públicas.

En el caso de los casi 8.500 ayuntamientos existe una «necesidad de financiar estructuras de personal que crecen de manera anárquica por una cuestión de clientelismo», cuenta Sánchez.

En el último barómetro de este organismo, correspondiente a 2007, se explica que «numerosos ayuntamientos han encontrado en el suelo su principal fuente de financiación extra, pero en muchos casos el dinero que obtienen con la recalificación tienen que emplearlo luego en dar servicios a los nuevos habitantes, con lo que acaban aumentando sus gastos, por lo que necesitan sacar más suelo, en un círculo vicioso».

En este sentido, los casos de corrupción urbanística asumidos por las Fiscalías Territoriales han provocado un incremento en los delitos de corrupción que han crecido en 2007 un 8,9%.

La Fiscalía Especial tramitó 178 casos en 2006, un 40,1% más que en el ejercicio precedente, según datos de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha.

Economía sumergida

Desde Gestha también se alerta sobre otro foco importante de fraude, el de naturaleza fiscal. Denuncian que la evasión de impuestos por parte de profesionales y empresas ronda un 20% del PIB.

Los últimos datos los ofrece el prestigioso informe Doing Business que publica cada año el Banco Mundial, el correspondiente a 2007 hablaba de que la economía sumergida en nuestro país representa el 22% del PIB, frente al 17% de media de los países de la OCDE.

Y uno de los problemas principales, como explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, es que más del 95% de las empresas en España, que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros (unas 57.700 sociedades) escapan anualmente al plan de lucha contra el fraude, puesto que en la mayoría de los casos sus cuentas anuales no tienen la obligación de ser auditadas, porque facturan menos de 4,7 millones de euros, tienen empleados a menos de 50 trabajadores o cuentan con un activo no superior a los 2,3 millones de euros.

VÍA EL ECONOMISTA

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