(PD).- Era cuestión de tiempo. Y el momento ha llegado. Hasta la fecha, la lista de entidades financieras afectadas por la crisis estaba prácticamente monopolizada por firmas estadounidenses.
Escriben Pedro Calvo y Antonio León en El Economista que la nacionalización del banco inglés Northern Rock en septiembre de 2007 venía a ser la excepción que confirmaba la regla. Pero ya no. Los problemas del belga Fortis, del inglés Bradford & Bingley y del alemán Hypo Real Estate confirman que la crisis bancaria ha cruzado el Atlántico y habita en Europa.
Este viaje se ha producido de forma paralela al Plan Paulson, la iniciativa lanzada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos con el objeto de comprar a los bancos los activos tóxicos que tienen en su poder y reforzar así la maltrecha situación del sistema financiero norteamericano. La comparación, por tanto, resulta obligada.
¿Será capaz Europa de articular una propuesta similar? En caso afirmativo, ¿cómo sería? Y, sobre todo, si a los estadounidenses les ha costado lo suyo llegar a un acuerdo básico, ¿demostrarán la suficiente cintura y altura de miras las autoridades financieras y políticas europeas como para superar la heterogeneidad existente? El tiempo, desde luego, apremia, pero los escollos no son menores.
Hoja de ruta de mínimos
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE), más conocido como Ecofin, ya veía venir los problemas. Desde que las turbulencias de las hipotecas basura o alto riesgo -subprime- afloraron en verano del pasado año y anticiparon que se avecinaba una crisis financiera, los ministros asumieron la necesidad de mejorar la supervisión bancaria en la UE.
Con este motivo perfilaron un Memorándum de entendimiento que vio la luz de forma oficial el pasado 1 de junio y que establece un protocolo mínimo de actuación en caso de situaciones urgentes como las actuales. Eso sí, diseña una hoja de ruta, pero no tiene validez jurídica.
Todo queda en casa…
En líneas generales, dicho documento establece que, cuando los problemas afectan a una entidad con presencia en un único país, pueden ser resueltos por las autoridades competentes de dicha nación. Es lo que pasó, por ejemplo, con Northern Rock, cuya nacionalización se guisó y se comió en Inglaterra, sin que ninguna institución europea participara en la operación.
…hasta que afecta a más países
Pero la cosa cambia cuando se trata de instituciones con intereses en más de un país. «Manejar una crisis financiera transfronteriza es un problema de interés común para todos los Estados miembros afectados. Cuando un grupo bancario tiene significativas actividades transfronterizas en diferentes estados, las autoridades en estos países cooperarán», establece el Memorándum antes de precisar que el coste de una posible operación de rescate se repartirá entre los países involucrados.
Más allá, este escrito se desvanece. No detalla aplicaciones concretas y se centra en dar consejos: «Los acuerdos y herramientas para manejar una crisis transfronteriza serán diseñados flexiblemente para permitir la adaptación a los términos específicos de una crisis financiera»; «actuaciones rápidas pueden ser necesarias para resolver la crisis»; y «cualquier intervención pública debe estar de acuerdo con las reglas de competencia y ayudas estatales de la UE».
Supervisión descentralizada
¿Por qué no establece directamente el Memorándum que sea el Banco Central Europeo (BCE) el que toma las riendas de la situación? Sencillamente, porque esta entidad no tiene la potestad supervisora. O lo que es lo mismo, los países han cedido al BCE la política monetaria, de ahí que sea el que dicta unos tipos de interés comunes para los países que tienen el euro como moneda oficial, pero no la supervisión bancaria. Ésta recae o bien sobre los bancos centrales nacionales o sobre las agencias específicas creadas por cada país a tal efecto.
Esto, sin embargo, no implica que el BCE se quede al margen de los problemas bancarios. «Si bien la responsabilidad directa de la supervisión bancaria y la estabilidad financiera siguen siendo competencia de las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE, el Tratado asigna al Sistema Europeo de Bancos Centrales -compuesto por los bancos centrales de la Unión y el BCE- la función de contribuir a la correcta aplicación de la política de las autoridades competentes en relación con la supervisión prudencial de las entidades de crédito», se recoge en un documento informativo elaborado por el BCE.
Juego a ‘tres bandas’
Por tanto, la institución presidida por el francés Jean-Claude Trichet tiene un papel a medio camino entre el asesoramiento y la mediación. En este sentido, el rescate de Fortis ha reflejado cuáles pueden ser las pautas de actuación que se pueden seguir en adelante: los bancos centrales y las autoridades económicas nacionales diseñan la operación y concretan la cuantía y el reparto de los costes en unas negociaciones en las que estuvo presente Trichet.
Es decir, dado que la supervisión es nacional, deben participar los órganos encargados de ella; si hay dinero público por medio, también tendrán que estar presentes los ministros de Economía y Finanzas; y el BCE participará en las conversaciones tanto para avalarlas como para demostrar su papel activo en la gestión de la crisis.
Así, la resolución de los problemas bancarios compete a tres esferas: los supervisores, los ministros de Economía y Finanzas y el BCE.
No hay manual de instrucciones
Vale, el Ecofin definió un plan general para operaciones nacionales y transnacionales que en buena parte se ha aplicado en el caso de Fortis, ¿pero qué hay de un plan paneuropeo? A día de hoy no existen mecanismos previstos en Bruselas para articular un plan de rescate continental. Lo más aproximado es el Memorándum citado.
Faltos de reglas, la alternativa pasa por aprovechar alguna de las estructuras existentes en la UE y el conocimiento de los sinuosos meandros comunitarios de quienes participan en ellas. Nadie cree que ante una situación que implica que cada Estado ponga encima de la mesa el dinero de sus contribuyentes, los Gobiernos vayan a renunciar a su soberanía y a poner a la Comisión Europea a los mandos de la operación. Como mucho, la utilizarían de secretaría.
Lo más lógico sería que sacasen partido de los engranajes del Consejo Ecofin -si participan todos los países- o del Eurogrupo -si sólo participan los Estados de la zona euro y se invita a que el Banco Central Europeo (BCE) tome cartas en el asunto-.
El Ecofin es la punta del iceberg que muestran los medios de comunicación. Pero la preparación de las reuniones ministeriales y los trabajos técnicos corren a cargo del Comité Económico y Financiero, donde se reúnen los expertos nacionales que representan a cada país del club. La virtud de utilizar este engranaje es que además de conocer la UE y sus respectivos países, estos expertos se conocen y supuestamente entre ellos reina un cierto clima de confianza.
¡Imaginación al poder!
Así pues, los aspectos que se deberían concretar en un plan de rescate europeo serían principalmente cinco, los cuales deberían ser inventados, dada la ausencia de directrices en la actualidad. El primero residiría en cuántos países participan.
¿Los 27 de la UE? ¿Sólo los quince países que comparten el euro como moneda única, además de Eslovaquia, que en enero se sumará a Eurolandia? ¿Entrarían también países como Noruega, que participan en el Espacio Económico Europeo, o Suiza, anclada en el mercado único de la UE?
El número de integrantes determinará quién lleva la voz cantante. Vamos, quién hace las veces de Paulson y del Departamento del Tesoro. Ese papel protagonista recaería, con toda probabilidad, en el propio Ecofin, si atañe a todos los países, o al Eurogrupo.
Teniendo en cuenta que lo más probable es que haya dinero público en juego, la siguiente cuestión residirá en cómo se financia.
En este sentido hay, al menos, dos vías: que el dinero provenga de las aportaciones de cada país o que se lleven a cabo emisiones de títulos a escala paneuropea para cubrir el coste de la maniobra.
La cuarta incógnita tiene que ver con el contenido del plan. Si en EEUU se ha optado por adquirir los activos tóxicos que los bancos tiene en su poder, ¿qué se hará en Europa? Aquí la solución más probable pasa por reforzar los balances de los bancos inyectándoles capital, un dinero que, si no procede de manos privadas, deberá ser aportado por los Estados o con emisión de deuda.
En cuanto a la quinta, pasaría por definir quién podría ser el ejecutor del plan. Y ahí podría emerger la figura del BCE, que podría aglutinar los esfuerzos por aquello de que ya es una institución que establece políticas comunes de forma práctica, como son los tipos de interés oficiales. Aunque su función principal consiste en vigilar la estabilidad de los precios, Trichet y sus hombres deben mostrar la cintura de la que tanto han adolecido en otros momentos.
El dinero público como último recurso
Uno de los asuntos del Plan Paulson que más polémica ha suscitado en EEUU ha sido el empleo de dinero público para resolver los problemas de entidades financieras privadas.
¿Ocurrirá algo similar? El Memorádum de entendimiento eatablece claramente que «en una situación de crisis, la prioridad siempre será dada a soluciones privadas».
Es decir, el mismo argumento expuesto la semana pasada por el presidente de la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, cuando justificó que recurrir a dinero público es la última alternativa, la vía que hay que elegir cuando no queda otra opción.
Y por ahí prosigue el Memorándum: «El uso de dinero público para resolver una crisis nunca puede darse por hecho y solamente será considerado para remediar una serio disturbio en la economía y cuando los beneficios sociales está calculado que superarán el coste de recapitalización» . Por tanto, y aunque con matices, el dinero público puede aparecer en escena. Es más, ya lo ha hecho, porque el rescate de Fortis ya ha supuesto un desembolso de 11.200 millones de euros por parte de Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Recelos nacionales
Ahora bien, una cosa es lo que pueda ser aconsejable y otra muy distinta lo que se aplique finalmente. En este sentido, las reticencias nacionales pueden desempeñar un obstáculo de primer orden a la hora de que se edifique un plan paneuropeo.
¿El motivo? «Los países preferirán resolver sus problemas internamente, en vez de verse obligados a que una autoridad supranacional les retrate y certifique que han ocultado muchos más problemas de los que han reconocido. Salvo que no haya más remedio o se desarrolle por imagen, un plan paneuropeo no parece demasiado posible», expresa de forma gráfica un experto en supervisión bancaria que prefiere no ser citado.
A priori, por tanto, los países pueden ser más proclives a seguir el protocolo colaboracionista del Memorándum; ir más allá resulta, por ahora, demasiado complicado.
