(PD).- El financiero Juan Villalonga, de 53 años, acaba de negociar la compra de las acciones del máximo accionista y presidente del Valencia, Juan Soler.
El ex presidente de Telefónica, que nació en Valencia pero se educó en Madrid, ha acudido a la reunión de la mano del segundo máximo accionista de la entidad, Vicente Soriano, con quien tenía el acuerdo de comprar los 70.000 títulos de Soler y repartírselos a partes iguales: 45.000 para cada cual, si bien Soriano ya partía con 20.000 acciones propias.
Soler vendía sus acciones, un 40% del total de la sociedad, por un precio aproximado de 66 millones, que fue lo que le costaron.
LA TUMULTUOSA BIOGRAFÍA DEL COMPAÑERO DE PUPITRE DE AZNAR
Nace el 8 de abril de 1953. Sus primeros estudios en el Colegio El Pilar casualmente le hacen coincidir en el mismo pupitre que José maría Aznar, quien luego llegaría a la presidencia de Gobierno.
Es licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad de Deusto y «master» en Administración de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresas (IESE) de Barcelona. Sobrino nieto de D. Ignacio Villalonga, fundador del Banco Central, circunstancia esta que en ningún caso influyo en el hecho de ser un trabajador del citado Banco desde 1977.
En 1980, se incorporó a la consultora financiera McKinsey , donde permaneció 9 años. Tras un breve paso por el Banco de Santander, en 1989 fue nombrado director general de Fonfir, filial de la finaciera Cofir de Carlo de Benedetti y los «Albertos». El banco de negocios británico Wallace Smith le nombró su representante en Madrid. Sin embargo, al poco tiempo dejó el puesto y fichó por el despacho de abogados de Miguelin Blesa.
En junio de 1993 fue nombrado consejero delegado para España del banco de negocios Crédit Suisse-First Boston. El 7 de junio de 1996, gracias a las sugerencias de S.E , pasó a presidir Telefónica, sustituyendo al social comunista de Cándido Velázquez.
Con la llegada de Villalonga, la sociedad está estructurada en una matriz (Telefónica S.A.) y siete líneas de actividad diferenciadas, que tienen personalidad jurídica independiente: Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Internacional, Telefónica Media, Telefónica InterContinental, Terra Networks y Telefónica Data. La empresa controla más de 30 filiales en España y otros países. Con la brillante idea de conformar un empresa lo más diversificada posible, constituyó y desarrolla un grupo de comunicación con intereses en prensa, radio y televisión. Telefónica es socio de referencia en Vía Digital, Antena 3 Tv y Onda Cero, la cual adquirió a la ONCE en 1999.
Entre los episodios más brillantes que se recuerdan de su gestión tan solo recordar dos: fichaje pintoresco de «Martin Bangemann» -el comisario europeo de telecomunicaciones que intentó fichar mientras ejercía el cargo- y las «stock options» o el generoso plan de retribución concedido a sus ejecutivos en base a opciones sobre acciones de la compañía. Está separado, tiene tres hijos.
Por razones ajenas a su voluntad, tras la ruptura de relaciones con Aznar, marchó a Miami y ahora parece retornar. No se descarta que quiera entrar en medios de comunicación.
Juan Villalonga vive desde hace tiempo en un lujoso palacio en Kensignton, uno de los barrios más exclusivos de Londres. Lo adquirió por 20 millones de euros a Lord Conrad Black, el magnate editorial de publicaciones como Daily Telegraph, implicado un escándalo de desvío de fondos.
El ex presidente de Telefónica tampoco es ajeno a los escándalos. Su biografía está salpicada de ellos desde que saltara a la fama cuando accedió en 1996 a la presidencia de la entonces mayor empresa pública del país.
El más sonado, y que finalmente le empujaría a abandonar la cúpula de la operadora en verano de 2000, fue el descubrimiento de un plan para el cobro de más de 500 millones de euros en concepto de opciones sobre acciones (stock options) para todo el equipo directivo, y del que Villalonga era el principal beneficiario. La crisis de las stock options iba más allá de un problema de ética empresarial, puesto que afectó a la propia credibilidad del Gobierno, que le había nombrado.
Y es que uno de los mayores méritos curriculares de Villalonga para acceder a la presidencia de Telefónica era su amistad desde la infancia con el presidente José María Aznar, que acababa de ganar las elecciones generales.
Desde su salida precipitada de Telefónica (y remunerada con una indemnización multimillonaria que nunca se reveló) de Telefónica, Villalonga inició un largo y dorado exilio que le llevó a México, Canadá, Estados Unidos y finalmente a Londres, desde donde atiende sus negocios y alrededor de media docena de consejos de administración de sociedades en los que participa.
Tras pasar como consejero por compañías estadounidenses como Univisión o McLeodUSA, el antiguo amigo de Aznar ha centrado sus intereses en Rusia, inmersa en un proceso de privatizaciones de sus compañías de telecomunicaciones. A través del fondo Emergent Telecom Ventures compró en 2005 PeterStar la operadora de móviles de San Petersburgo. También fue consejero de MegaFon, la tercera compañía celular de Rusia. Además de sus actividades en Rusia preside Telnic, dedicada a la gestión de registros de Internet y consejero del banco portugués Espirito Santo.
En estos seis años, Villalonga sólo ha visitado España para sus compromisos familiares, y ha evitado expresamente cualquier acto público, salvo para solventar sus problemas con la justicia.
No le ocurre lo mismo en Reino Unido, donde tiene un amplia vida social de la mano de su esposa Adriana Abascal, ex Miss México y viuda del dueño del imperio Televisa, Emilio Azcárraga. Su último salto a la fama fue su intento de comprar el histórico club de fútbol Liverpool para convertirlo en un club moderno a imagen y semejanza del Chelsea del multimillonario ruso Roman Abramovich.
El problema judicial más grave fue la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para dilucidar si Villalonga pagó un sobreprecio por Endemol, la productora de programas de televisión como Gran Hermano y Operación Triunfo- adquirida en 2000 por el desorbitado precio de 5.000 millones de euros. Garzón archivó el caso en 2003.
