La excarcelación de De Juana y la negativa de la Fiscalía a acusar a Otegi de un flagrante delito de apología del terrorismo –lo que obligó al Tribunal a absolverlo- provocaron una más que justificada reacción de indignación popular que se concretó en sendas movilizaciones ciudadanas de protesta frente al Ministerio de Interior. La Delegación del Gobierno de Madrid responsabiliza al FORO ERMUA de ambas concentraciones y propone dos sanciones de 6.000 Euros por no haberse solicitado el correspondiente permiso.
Estas propuestas de sanción deben ser interpretadas como un paso más en la política de mano tendida a ETA y de coacción e intimidación a los ciudadanos demócratas contrarios a la deriva del Gobierno, la cual resulta consustancial con el proceso de negociación: las actitudes liberticidas son inevitables cuando se trata de encontrar un punto de encuentro intermedio entre la democracia y el terror.
Así, mientras por un lado el Gobierno tuerce la Ley siempre a favor de los asesinos para satisfacerlos y mantener vivo el diálogo (excarcelación de De Juana, retirada de la acusación contra Otegi, reducción de peticiones de penas para los miembros de ETA y del terrorismo callejero[1], solicitud de archivo de Egunkaria, tolerancia con la actuación de Batasuna, negativa a ilegalizar ANV, etc.), por otro utiliza la normativa y su poder institucional para coaccionar y tratar de doblegar a los ciudadanos y asociaciones que se oponen a su política de apaciguamiento y cesión ante ETA. Son las dos caras de una misma moneda: la moneda de la negociación.
Por tanto, la propuesta de 12.000 Euros de sanción al FORO ERMUA (quien, por otro lado, sólo ha recibido este año 2.341,61 € de subvención del Ministerio de Interior) se incardina dentro de la estrategia de la negociación con ETA y tiene como objetivo coaccionar y socavar las finanzas del movimiento cívico para impedir que continúen las acciones destinadas a hacer frente al tortuoso proceso de diálogo y cesión. Sin duda el empeño es vano: A pesar de sus ímprobos esfuerzos ETA y el Gobierno vasco no nos han hecho callar nunca y tampoco lo conseguirá ahora el Sr. Rodríguez Zapatero.
El Gobierno debe saber que cuanto más ataque al FORO ERMUA mayor será nuestra fortaleza. Si finalmente se consumara la felonía y se impusiera la sanción, el FORO ERMUA apelaría a la ciudadanía para reunir fondos con los que hacer frente a la multa y dedicaría el sobrante en su totalidad a potenciar aún más la movilización ciudadana contra el ignominioso proceso de diálogo, cesión y pacto con la banda terrorista ETA. Una banda que tiene casi novecientos muertos a sus espaldas, miles de heridos, decenas de miles de amenazados y cientos de miles de desterrados y con la que el Secretario General del PSOE y actual Presidente del Gobierno prefiere entenderse antes que con nosotros: Ya no es que con Rodríguez Zapatero se nos trate a los demócratas contrarios al Gobierno como a terroristas, es que se nos trata peor. Y no lo vamos a consentir.
Los miembros del Foro de Ermua deben acatar la Ley como todos ciudadanos, por lo tanto me extraña que se revelen cuando se les aplica la Ley a ellos.
Su comportamiento es similar a los Batasunos, primero organizan algaradas, concentraciones ilegales, insultan a quienes no piensan como ellos y luego cuando les sancionan se consideran perseguidos politicos.
La persecución constante a asociaciones que han demostrado su lucha por la libertad y los derechos de todos, como la AVT o el Foro de Érmua, deja bien a las claras lo que le importa la libertad al todavía presidente del gobierno.
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Lunes, 23 de noviembre
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