Si hay dos focos importantes en la actualidad internacional, ésos son, sin duda y por razones diferentes, Irán y México. El conflicto se aviva cada día más: Irán desafía todos los plazos que se le han dado hasta ahora para cancelar su programa nuclear, mientras que México, a dos meses de haberse celebrado los comicios electorales para la jefatura del Estado, sigue dividido y sin aparente solución.
Irán ha adquirido, en los últimos tiempos, una serie de rasgos que la convierten en una relevante potencia local. No sólo su gran tamaño, su estratégica situación geográfica y su población, sino sobre todo su poderío militar y económico, hacen de ella un actor esencial en el siempre inquieto Oriente Medio.
Ante las reticencias de los países occidentales a que Irán emprenda una carrera nuclear de consecuencias imprevisibles, se han barajado numerosas posibilidades. Desde las improbables sanciones económicas (improbables porque Rusia y China, ambas miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con importantes intereses comerciales en este país), hasta una intervención militar que empeoraría las cosas (sobre todo con la vista puesta en Irak y en los trágicos resultados que tuvo la invasión de 2003). Pero, ¿son realmente las únicas opciones?
Sorprende que la comunidad internacional no vea más caminos, y que ante la ausencia de posibilidades reales se evada en frases fáciles ad hoc. El secretario general de la ONU, Kofi Annan (cuyo mandato expira, en principio, a finales de año), declaraba recientemente en una entrevista al diario El País (5-09-2006) que “la comunidad internacional no debe aislar a Irán”. Dicha afirmación podría parecer obvia, pero ante las amenazas constantes de quienes incluyen a esta nación en el llamado “eje del mal”, la cuestión no es en absoluto baladí. La política de las amenazas, de los temores, de la fuerza bruta, no hará sino agravar una situación ya de por sí enormemente compleja.
¿Qué hacer, por tanto, con Irán? Creo que una opción realista y factible sería permitir a Irán desarrollar su programa nuclear con fines estrictamente pacíficos, tecnológicos y energéticos, introduciendo en los acuerdos unas cláusulas que obliguen a este país a ser objeto de inspecciones frecuentes por parte de los observadores internacionales, que supervisarían si los niveles de enriquecimiento de uranio son los propios para el uso civil de la energía nuclear o si, por el contrario, al superar ciertas barreras, inducirían a sospechar de las intenciones de Irán eran, desde el principio, otras. En ese caso, sí se podría recurrir a sanciones o incluso a una intervención oportuna para destruir los reactores nucleares.
En suma: unos acuerdos con el aval de la ONU, en los que las distintas partes (Irán, y los 5+1: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania) se comprometieran a permitir el desarrollo del programa nuclear iraní con fines estrictamente civiles, de modo que si los observadores internacionales llegasen a constatar en algún momento que Irán ha enriquecido el uranio en niveles sospechosos, la comunidad internacional contase con la legitimidad y los medios adecuados para poner fin a dicho programa nuclear. Es incoherente e hipócrita amenazar a Irán por su programa nuclear, y luego firmar acuerdos bilaterales con India, ya potencia nuclear, como ha hecho el presidente G. W. Bush.
En lo que concierne a México, sorprende que, pese a las largas protestas de López Obrador, que ha tomado el Zócalo de la capital federal desde hace semanas y que mantiene una dura campaña de resistencia civil, los jueces y las distintas instituciones sigan sin, al menos, acceder al recuento total de los votos. ¿Qué más tiene que hacer López Obrador para que, ante las sospechas e irregularidades flagrantes, los jueces y las instituciones mexicanas accedan por fin a revisar todos los comicios?
Es altamente sospechosos que en el escaso porcentaje de papeletas revisadas, se hayan encontrado miles de irregularidades que, si bien no alteran el porcentaje final de votos para el PAN y el PRD, sí nos llevan a sospechar que algo extraño ha ocurrido allí. Algo muy extraño, porque no es normal que en un país democrático se den miles de papeletas (más de cien mil en el minúsculo porcentaje analizado) fraudulentas. ¿Por qué no se revisan todas las papeleteas? ¿Qué intereses, qué negligencias, qué miopías políticas y sociales llevan a las autoridades mexicanas a no revisar unos comicios que despiertan amplias sospechas? Si realmente no hubiese habido fraude, López Obrador perdería toda credibilidad a nivel interno y externo, y Calderón sería presidente sin reservas, y no presidente que surge de un proceso probablemente fraudulento.
Por otra parte, ¿ha habido realmente observadores internacionales supervisando los comicios? ¿Podemos creernos que en todo colegio electoral de un país tan gigantesco y poblado como Méjico ha habido, al menos, un observador internacional? La simple mención a este hecho es, a todas luces, cómica, por no decir ridícula, dada la imposibilidad de que haya habido suficientes observadores imparciales para supervisar todos los comicios en todo el país.
Por tanto, considero que la solución pasa por recontar todos los votos (algo que no lleva tanto tiempo: si los resultados oficiales aparecen en, aproximadamente, un día, no creo que ocurra nada por volver a emplear otro día para darle fiabilidad al sistema democrático mexicano), uno por uno, para que de veras se demuestre que no ha habido fraude (y López Obrador tenga que ocupar el nada deshonroso puesto de líder de la oposición, con un estrechísimo margen de diferencia con Calderón), o, si lo ha habido, para que se explique quién ha apoyado ese fraude y qué medidas se tomarán para corregirlo.
Carlos Blanco, orientalista y colaborador televisivo.
Domingo, 19 de febrero
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