Más allá del federalismo fiscal

31.03.09 @ 22:33:40. Archivado en Política, Xornal de Galicia

Publicado en Xornal de Galicia el domingo 22 de marzo de 2009

Charles Tiebout, profesor universitario en Washington y discípulo de Musgrave, propuso en 1956 el conocido como “modelo Tiebout” en el que las personas seleccionaban su ciudad de residencia de acuerdo con sus preferencias por los servicios públicos que se ofertaban. Si alguien quería vivir en una localidad sin servicios públicos, o con muy pocos, y consecuentemente sin fiscalidad, buscaría ese lugar. El futuro vecino por lo tanto se encontraría en una situación análoga a la del mercado, estaría frente a una variedad de comunidades que ofrecen diferentes servicios a diferentes precios (tributos) y seleccionaría el paquete fiscal que mejor se adaptase a sus gustos.

Un primer acercamiento al término federalismo fiscal debería iniciarse con el rechazo de las bajas pasiones que produce la misma palabra cuando no está acompañada del adjetivo. El federalismo en su concepción política se mueve en parámetros diferentes a su concepción económica la cual tiene como objetivo que grupos de persona diferentes, viviendo en comunidades diferentes, expresen sus variadas preferencias por los servicios públicos, lo que lleva inevitablemente a diferencias en los niveles impositivos y en los servicios prestados. Todas estas comunidades, en el “mundo Tiebout”, competirían entre ellas para ofrecer mejores servicios con menor carga impositiva.

Es cierto que estas haciendas locales puras con movilidad infinita sólo existen en la mente del profesor norteamericano y que en la realidad los factores distorsionadores son muchos y variados. La pregunta que nos hacemos es si el sistema que analizamos soluciona mejor que otros los tres problemas fundamentales de cualquier hacienda pública: la asignación y el uso eficiente de los recursos, la distribución de la renta y la estabilización.

Estas pequeñas haciendas parece que no deberían centrar su actividad en la estabilización del sistema (control de precios, empleo…) ya que no se mostrarían eficaces, así, por ejemplo, si todas dispusieran de política monetaria abusarían de la creación de dinero y no de la presión fiscal para intentar evitar fugas a las cercanas comunidades; tampoco sería eficaz un intento de estabilización mediante emisión de deuda pública ya que su tamaño nos haría hablar irremediablemente de “deuda externa” y por lo tanto de transferencias al “exterior”.

¿Y la distribución de la renta? Dejar en manos de las haciendas menores esta política redistributiva (IRPF) de manera general es la mejor recreación del “mundo Tiebout”: ¿no cambiaríamos de pueblo si a pocos kilómetros las retenciones sobre nuestros salarios fuesen la mitad? Los flujos de habitantes en este supuesto estarían constantemente en la mente de los encargados de fijar las cuotas distorsionando las decisiones redistributivas.

Parece que la verdadera eficacia la podemos encontrar en la asignación eficiente de los ingresos, en cómo y cuánto gastamos en los bienes públicos. No se nos escapa que estamos hablando de servicios o bienes que agotan su beneficio en la comunidad, en el espacio geográfico de la hacienda tomada en consideración (recogida de basuras, transporte urbano, guarderías, seguridad, educación, sanidad, control urbanístico…).

De todas las prestaciones públicas que se nos puedan ocurrir cada comunidad escogería cuáles quiere prestar, en qué cantidad, qué calidad y a qué precio: grupos diferentes expresarán sus preferencias y las ejecutarán con la responsabilidad de su mantenimiento. Esto último no deja de tener importancia ya que la financiación de estos servicios con transferencias incondicionales provocaría que los programas de gasto tendiesen al infinito.
Por lo tanto si el gobierno central se encarga de resolver los problemas distributivos de la renta y de atemperar los ciclos manteniendo la estabilización, las haciendas locales deberían encargarse de la provisión de los servicios públicos.

Pero aquí irremediablemente surge la pregunta de las mil respuestas: ¿cuál es el nivel de gobierno óptimo para proveer un servicio público?. La afirmación que adelantábamos de que cada gobierno se encargará de sus bienes y servicios territorialmente delimitados pierde intensidad con un análisis de la realidad global; las comunicaciones inmediatas, los medios de transporte y la interrelación de la sociedad actual provoca que prácticamente cualquier servicio local influya en la totalidad. La Educación (como servicio público) en Ribadeo influirá en Sepúlveda cuándo este vecino se traslade, y no digamos nada en los flujos constantes entre las grandes ciudades.

La respuesta de la actualidad a este fenómeno es la administración prestacional multinivel que sin embargo no tiene su reflejo en nuestro sistema impositivo; siendo por lo tanto un reto interesante conseguir una estructura tributaria coordinada en la que sobre las mismas bases tributarias participen todos los niveles de subgobierno, con la debida precisión y sin perder de vista las consecuencias del “modelo Tiebout”.

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