Según Expansión.com, en apartado de Jurídico, artículo del 13-2-2014, artículo de Almudena Vigil, se dice:
La decisión se había retrasado después de que los registradores de base se opusieran en abril de 2013 a asumir la gestión del Registro Civil sin una memoria económica que clarificara las condiciones en las que se iba a llevar a cabo y asegurara la viabilidad de esta nueva función para los registradores.
Esta guerra interna del colectivo llevó incluso a adelantar las elecciones a decano, resultando ganadora la lista que incluía a los disidentes, encabezada por Gonzalo Aguilera.
Sin embargo, el decano, tras su toma de posesión, matizó en una entrevista para este diario que los registradores estarían dispuestos a asumir la gestión del Registro Civil siempre y cuando «se busque un sistema de financiación», es decir, que sea viable económicamente y no suponga una carga extra para este cuerpo de fedatarios públicos.
«La llevanza del Registro Civil supone un coste muy alto, y lógicamente habrá que buscarle una solución a esa financiación, pero en todo caso será el Ministerio quien lo decida»
,
apuntaba Aguilera. La noticia la ha comunicado el propio decano de los registradores, que en una misiva enviada a sus compañeros, anunciaba el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia.
«Esta asignación se hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil»
.
El Ministerio informó a los representantes del colectivo el pasado lunes y ya han empezado a trabajar en ello.
Reacciones
Las reacciones no han tardado en llegar. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, que califica la operación de «privatización», ha señalado que
«esta decisión va en detrimento de un servicio público y supondrá a todos los ciudadanos un coste, aun sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimiento, defunciones, fe de vida, etc) que hasta ahora eran gratuitas»
,
algo que el Ministerio ha desmentido en repetidas ocasiones.
Este sindicato incide en que
«supone la privatización de un servicio público, financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870»
.
Además, advierte de que
«esta decisión deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España».
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