Elecciones regionales catalanas 2017: un procedimiento viciado de origen

Permalink 21.12.17 @ 00:07:00. Archivado en Derecho Público (Constitucional e Internacional)

El 21 de diciembre de 2017 se celebrarán las elecciones para designar a los miembros del parlamento regional catalán. Todas las elecciones al parlamento regional catalán, desde 1980 (estas serán las duodécimas) han estado aquejadas por el mismo vicio. Y ese vicio no es otro que la violación, flagrante, del mandato de igualdad en la ley por razón de su lugar de empadronamiento. Y es que en todas las elecciones celebradas desde 1980, la ley que establece el principio de distribución de escaños ha discriminado a los españoles residentes en Cataluña por razón de su lugar de empadronamiento, de suerte que los ciudadanos de la provincia de Barcelona se hallan discriminados respecto a los de las otras provincias catalanas. Lo asombroso es que nunca, tampoco ahora, nadie haya intentado impugnar la convocatoria de estas elecciones alegando que la norma en que se basan es inconstitucional.@Desdelatlantico.

I. LA NORMATIVA ELECTORAL CATALANA DE 1979, VIGENTE HASTA HOY
La Constitución establece unas exigencias para los Estatutos de autonomía como el de Cataluña. El artículo 152.1 de la Constitución dice que

En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio (...).

El Estatuto de Autonomía de 1979, aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de 19 de diciembre, dispone en su disposición transitoria 4ª:

En tanto una Ley de Cataluña no regule el procedimiento para las elecciones al Parlamento, éste será elegido de acuerdo con las normas siguientes:

1. Previo acuerdo con el Gobierno, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad provisional convocará las elecciones en el término máximo de quince días desde la promulgación del presente Estatuto. Las elecciones deberán celebrarse en el término máximo de sesenta días desde el de la convocatoria.

2. Las circunscripciones electorales serán las cuatro provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. El Parlamento de Cataluña estará integrado por 135 Diputados, de los cuales la circunscripción de Barcelona elegirá un Diputado por cada 50.000 habitantes, con un máximo de 85 Diputados. Las circunscripciones de Gerona, Lérida y Tarragona elegirán un mínimo de seis Diputados, más uno por cada 40.000 habitantes, atribuyéndose a las mismas 17, 15 y 18 Diputados, respectivamente.

3. Los Diputados serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, de los mayores de dieciocho años, según un sistema de escrutinio proporcional.
(...)
5. En todo aquello que no esté previsto en la presente disposición serán de aplicación las normas vigentes para las elecciones legislativas al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales.

Esa normativa se halla aún en vigor, pues la disposición transitoria 2ª del Estatuto de 2006, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, dispone que:

Las disposiciones transitorias tercera, cuarta y sexta de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, mantienen, en lo que corresponda, la vigencia como regulación transitoria.

Por su parte, el artículo 68 de la Constitución dispone que:

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

No hay que ser un genio de la ciencia política para saber que, al aprobarse el Estatuto de Autonomía de 1979 SE ESTABA BENEFICIANDO A LOS NACIONALISTAS CATALANISTAS frente a los que no lo eran.

II. DERECHO A LA IGUALDAD Y DERECHO AL SUFRAGIO IGUAL
Una de las reivindicaciones históricas de la democracia fue la de garantizar el derecho al sufragio "igual". Es cierto que a veces la Constitución, EXPLÍCITAMENTE, limita esta igualdad para satisfacer un interés TERRITORIAL, pero el sacrificio de la igualdad NO PUEDE LLEVARSE MÁS ALLÁ de lo que EXPLÍCITAMENTE disponga la Constitución a este respecto.

La igualdad de sufragio se deriva de los artículos 14, 23.2 y 68 de la Constitución:

Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 23
(...)
2. Asimismo, [Los ciudadanos] tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 68
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

III. LAS DESIGUALDADES DE LA NORMATIVA ELECTORAL GENERAL ESTÁN EXPLÍCITAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN
Es cierto, que en las elecciones generales hay desigualdad de voto pues el voto para elegir a un diputado por Madrid "cuesta" más votos que el necesario para elegir a un diputado por Teruel. Pero la regulación constitucional expresamente contempla esa limitación de la igualdad al decir que TODA provincia tiene UN MÍNIMO inicial que puede fijar la ley y que lo que exceda de ese mínimo se distribuye en proporción a la población EN CONDICIONES DE IGUALDAD.

IV. LA NORMATIVA ELECTORAL AUTONÓMICA CATALANA GENERA GRAVES DESIGUALDADES
La experiencia de las elecciones celebradas hasta ahora ha permitido constatar cómo en 1999 y 2003, el partido ganador en votos (el PSC) no fue el ganador en escaños (que fue CiU).
En las elecciones de 17 de octubre de 1999, el PSC ganó en votos (1.183.299, el 38,21%) y perdió en escaños (52 diputados), pero la coalición nacionalista CiU, perdió por 5.000 votos (1.178.420, el 38'05%) y obtuvo cuatro escaños más (56 diputados).
En las elecciones de 16 de noviembre de 2003 volvió a reproducirse la situación: el PSC ganó en votos (1.031.454, el 31'16%) pero no ganó en escaños (obtuvo 42 diputados), y CiU perdió por 7.000 votos (1.024.425, el 30'94%), pero ganó por cuatro escaños (46 diputados).

Asombrosamente (o no), el PSC no impugnó la normativa que regía las elecciones de 2003 tras haber perdido en escaños en 1999 las elecciones que ganó en votos. ¿Por qué no lo hizo?

V. ¿CÓMO SERÍA EL REPARTO DE ESCAÑOS SI NO HUBIERA DESIGUALDAD?
Añado este apartado gracias a la sugerencia del Doctor en Física, César Romero, autor del blog "No todo es el físico", que ha realizado varias simulaciones que ahora expongo.

1) Si el reparto de escaños en el Parlamento regional catalán se hiciera únicamente en PROPORCIÓN a la POBLACIÓN, Barcelona elegiría 101 diputados, y no los 85 que ahora elige

2) Si el reparto de escaños en el Parlamento regional catalán se hiciera manteniendo un MÍNIMO IGUAL de 6 diputados para cada una de las cuatro provincias Y se distribuyera el resto en PROPORCIÓN a la POBLACIÓN, a Barcelona le corresponderían 89 diputados, 4 más de los que elige ahora.

3) Si el reparto de escaños en el Parlamento regional catalán se hiciera garantizando un mínimo de 6 escaños SÓLO a Gerona-Lérida-Tarragona pero NO a Barcelona y no hubiera un límite de 85 a Barcelona y el resto más allá del mínimo se distribuyera en PROPORCIÓN a la POBLACIÓN, Barcelona elegiría 87 diputados y no 85.

VI. LAS DESIGUALDADES EN LA NORMATIVA ELECTORAL AUTONÓMICA CATALANA VIOLAN LA CONSTITUCIÓN
Sin embargo, la ley orgánica que aprobó el Estatuto de 1979, que es una norma inferior a la Constitución y que debe amoldarse a ella, NO RESPETA LA IGUALDAD para la distribución del MÍNIMO establecido en cada provincia.

En primer lugar, recordemos que la disposición transitoria cuarta del Estatuto de 1979 (que sigue en vigor) dispone que las provincias de Gerona, Lérida y Tarragona elegirán "un mínimo de seis Diputados", lo cual sería una decisión perfectamente compatible con el art. 152.1 de la Constitución que exige asegurar "la representación de las diversas zonas del territorio"... si también hubiera fijado ese mínimo para Barcelona.
Además, en segundo lugar, la citada disposición transitoria establece que por encima de ese mínimo, en Gerona, Lérida y Tarragona se elige un diputado por cada "40.000" habitantes, mientras que en Barcelona se elegirá un diputado por cada "50.000" habitantes... y con un tope de 85 diputados.
El resultado, evidente, es que, tras asegurar la representación "mínima" de las distintas provincias, LA PROPIA LEY DISCRIMINA a los habitantes de Barcelona que tienen que elegir, desde cero, un diputado por cada "50.000" habitantes mientras que Gerona, Lérida y Tarragona tienen 6 diputados atribuidos de inicio a los que pueden añadir diputados por cada "40.000" habitantes.

VII. LA NO EXPLICADA IMPUGNACIÓN DE LA NORMATIVA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE 2017
Escribo este artículo antes de que se abran los colegios electorales. Ahora bien, ya las anteriores elecciones de 2015 permitieron constatar que el nacionalismo tenía más votos en las provincias más sobre-representadas (Lérida y Gerona) y menos en la más infra-representada (Barcelona). Habida cuenta del gravísimo golpe de Estado que dieron los nacionalistas en septiembre-octubre de 2017, hubiera sido razonable pensar que en estas elecciones regionales habría que evitar el alimentar la espiral destructiva desencadenada por el nacionalismo.
Sin embargo, ninguno de los contendientes, ni el PSC ni Ciudadanos, impugnó el Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución que volvía a establecer la grave discriminación contra los ciudadanos de Barcelona que les hace mucho más difícil una victoria en escaños que a sus competidores nacionalistas.

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