El debate sobre la reducción de parlamentarios sube de enteros. Como se recordará, el debate lo inició Esperanza Aguirre, que habló pero luego no hizo nada. Después, el presidente regional gallego, Alberto Núñez, también lo planteó pero, bien porque la oferta no fuera sincera (pues se hizo unas semanas antes de anunciar la disolución del parlamento regional gallego lo que hacía imposible tramitar la propuesta), bien por falta de valor para llevarla a cabo ante las críticas de algunos sectores, lo dicho es que también quedó en nada. Ahora, la presidenta castellano-manchega, Dolores de Cospedal eleva el tono del debate al plantear no sólo una reducción del número de diputados, sino también la renuncia a sus sueldos, lo que constituye una respuesta directa a las lamentables declaraciones de la presidenta del parlamento regional catalán, Nuria de Gispert, que dijo, textualmente, «Si los diputados cobran 3.000 euros no sé qué haremos».
Hace poco más de un mes, se planteó esta cuestión en Galicia. Suscitó reacciones muy diversas, algunas en mi opinión no muy afortunadas, como las de un colega que calificaba esta técnica como «gerrymandering» (desconociendo que el «gerrymandering» es una alteración geográfica de los distritos electorales, lo que no es aquí el caso), o la que exigía un «consenso» para aprobar esta iniciativa que ni la Constitución, ni el Estatuto de Autonomía, ni ninguna ley del planeta exigen.
Cuando se planteó esta cuestión, publiqué en La Opinión de Coruña, el siguiente artículo que reproduzco ahora en el blog.
Reducción de diputados, reducción de coste, ¿reducción de representación?
Hay una ¿interesada? confusión en el debate sobre la reducción del número de diputados del Parlamento gallego. Algunos han planteado la cuestión en términos de táctica política como una maniobra del presidente regional ante el temor de una derrota electoral, habiendo división de opiniones al respecto. Creo que es mejor plantear el problema desde otra perspectiva (la más importante, a mi juicio), que es la de la incidencia de la iniciativa en la calidad de la representación. Por ello, conviene deshacer previamente una confusión, no sé si interesada. Esta reducción del número de parlamentarios: ¿es una cuestión solo económica o también de representatividad? ¿Es ineluctable que el ahorro conlleve pérdida de representatividad?
La iniciativa del presidente gallego, en la línea de lo previamente sugerido por su colega madrileña, parte del reconocimiento de una obviedad: hay que reducir el gasto en políticos, algo que nadie, en su sano juicio, discute, aunque resulta sorprendente que se diga que hay que ahorrar en el coste del Parlamento gallego (se habla del 10% de su presupuesto) cuando su presidenta presumía de ahorro no hace mucho, en una entrevista el 8 de octubre de 2011. ¿No se siente desautorizada por la iniciativa del presidente Núñez?
Para tratar la cuestión, primero, hay que ver cómo se hace esa reducción del coste de los políticos y, segundo, si esa reducción necesariamente tiene que implicar una pérdida de representatividad.
Si se pretende reducir el coste de los «políticos» gallegos en general, cabría plantearse, antes que nada, si ese ahorro se podría conseguir, sin reducir el número de diputados, suprimiendo órganos que, con la jurisprudencia constitucional y la ley en la mano, son duplicaciones prescindibles (Valedor do Pobo, Consello de Contas, Consello Consultivo, Consello de la Competencia) u órganos puramente inútiles (Consello Galego de Relacions Laborais, Consello Económico y Social). Aclarado lo anterior, si lo que se pretende es reducir el coste del Parlamento sin eliminar todos estos órganos citados, habría que plantearse si ese ahorro se puede conseguir reduciendo el sueldo de los diputados y otros costes: ¿alguien cree que no se puede reducir el 10% del presupuesto… sin reducir el número de diputados?
Pero admitamos, siquiera a efectos dialécticos, que no cabe más remedio que reducir diputados. ¿Cómo hacerlo sin perjudicar a la representación? El artículo 11 del Estatuto gallego dice que el Parlamento será elegido «de acuerdo con un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio gallego». Ese sistema legitima que un diputado en Lugo/Orense necesite para su elección menos votos que en Coruña/Pontevedra. La reducción propuesta por el presidente regional primaría aún más la representación de los «territorios» Lugo/Orense sobre la de las «personas» de Coruña/Pontevedra. ¿Es eso inevitable? A mi juicio, no. A tal efecto se han propuesto dos vías. Una, reducir el número mínimo de diputados electos por provincia, pasando de 10 a, por ejemplo, 8. Ahora bien, esta propuesta, aunque no desequilibre la relación entre representación «territorial» y representación «personal», disminuye la calidad de la representación total. La otra propuesta, a mi juicio, más interesante, es la de proponer que haya menos diputados…, cada uno de ellos con dos votos, algo perfectamente constitucional a mi juicio, por cuanto no se vulneraría la igualdad de voto de los diputados. Algo que, si además se reduce la barrera electoral del actual 5% al 3% en toda Galicia permitiría tener un Parlamento que reflejara mejor la pluralidad existente en la sociedad gallega. ¿Reducción de costes? Sí. ¿Reducción de representación? No.
NOTA:
Este artículo se ha publicado en el diario La Opinión de Coruña el día 3 de agosto de 2012.
