Hace mucho tiempo que llevo denunciando el fracaso del Estado autonómico. E igualmente llevo mucho tiempo denunciando que la situación obliga a elegir: Estado social o Estado autonómico. En este blog, lo llevo haciendo al menos desde diciembre de 2010. La situación desde entonces no ha hecho sino empeorar. Y lo peor es que, ante esta situación de colapso, sigue habiendo confusión sobre el diagnóstico: porque frente a la tesis (aquí defendida) de que el problema es que la estructura está mal diseñada, otros aducen que ha habido un problema en la gestión de esa estructura. Y ello por no hablar de las voces que proponen establecer un Estado federal, un camino que, a mi juicio, no lleva a ningún sitio.
I. LA ECONOMÍA OBLIGA A ELEGIR ENTRE ESTADO SOCIAL O ESTADO AUTONÓMICO
En el diario ABC del viernes 27 de abril, Álvaro Delgado-Gal ha publicado un buen artículo titulado «Autonomía en tiempos de penuria«. El autor dice esto:
No comprendemos bien qué ha sucedido. Tal vez nos hemos dado un Estado social que no podemos sostener; o quizá sean las autonomías las que resulten insostenibles; o acaso lo insostenible sea el agregado, el conjunto.
El diagnóstico menos equivocado es, casi con seguridad, el último: nos hemos dado un Estado social inviable con la ayuda, o el concurso, o el ímpetu añadido, del esparcimiento territorial.
Es una conclusión que no creo muy lejana de algo de lo que me he venido haciendo eco desde diciembre de 2010 al menos:
Agudos comentaristas han venido advirtiendo de que para hacer frente a esta crisis el Gobierno tenía que sacrificar bien el Estado social bien el Estado autonómico. Después de estar al borde de la suspensión de pagos el 7 de mayo (de 2010), el “decretazo” del gobierno (de Rodríguez) empezó una senda que continúa esta semana: sacrificar el Estado social.
II. DIAGNÓSTICO DE LA CRISIS: ¿PROBLEMA DE GESTIÓN O PROBLEMA DE ESTRUCTURA?
Una vez que la crisis alcanza proporciones de pesadilla, urge diagnosticar su origen. Pero la gran dificultad que nos encontramos es que no hay unanimidad en el diagnóstico.
Algunos hemos defendido que el problema es que la estructura del Estado autonómico es deficiente. En diciembre de 2010 decía yo aquí:
Tarde o temprano habrá que plantearse el futuro del Estado autonómico. Hasta ahora su marcha venía determinada por la tensión entre dos factores: una configuración jurídica deficiente y una dinámica política centrífuga por causa del papel que nuestra ley electoral permite tener a los partidos nacionalistas. Jurídicamente, las comunidades autónomas han ido acumulando más y más competencias que han ido más lejos de lo razonable y lo eficiente. Competencias que, entre otras cosas, han producido una auténtica ruptura de la unidad de mercado. Además, las Comunidades Autónomas han ido creando más y más órganos para hacer lo que ya antes se hacía de modo más eficaz y eficiente por un único órgano nacional. Esta dinámica centrífuga vino facilitada por la labor del Tribunal Constitucional que fue avalando el vaciamiento del Estado. Políticamente, esto ocurre con unos partidos nacionalistas que se definen por su deslealtad a la nación común, cosa que “olvidan” los defensores del proceso de centrifugación de nuestro Estado. En Alemania la descentralización no es ineficiente porque allí no existe la dispersión legislativa en España y porque allí no hay partidos nacionalistas desleales con la nación común.
Otros, por contra, han defendido que el problema no era de estructura, sino que lo que ha ocurrido es que la estructura (buena, según ellos) del Estado autonómico ha estado «mal gestionada». Es la opinión del presidente regional gallego:
El problema no es ni ha sido el sistema autonómico, sino tener un Estado autonómico mal gobernado: no ha habido coordinación, lealtad ni liderazgo.
Creo que esta opinión está equivocada.
Los graves problemas que tiene España en Sanidad, Educación y Justicia son culpa, en parte, de decisiones del Estado central, cierto, pero muchos de esos problemas resultan agravados no por una mala «gestión», sino por el mero hecho de gestionarse descentralizadamente.
Veamos.
– Sanidad.
Es ya un clamor que uno de los problemas es que hay 17 centros de gasto diferentes a la hora de comprar medicamentos y carísimos aparatos técnicos.
Es evidente que si sólo hubiera un único centro de gasto, el precio de compra de los medicamentos y de esos aparatos sería mucho más barato.
El problema, por tanto, es el haber descentralizado esta competencia, no que el ejercicio de la misma esté mal «gestionado».
– Educación.
Es notorio que en España se han multiplicado las Universidades como setas.
Es evidente que si la decisión de crear Universidades dependiera de una instancia nacional no se habrían multiplicado las Universidades existentes como se ha hecho.
El problema, por tanto, es el haber descentralizado esta competencia, no que el ejercicio de la misma esté mal «gestionado».
– Justicia.
Es un hecho escandaloso que en España las bases de datos de los Juzgados de las distintas regiones no están interconectadas provocando un deficiente funcionamiento de la administración de justicia.
Es sabido que ello se debe a que cada región ha establecido un sistema informático para esas bases de datos con «autonomía» sobre lo que hacían otras regiones con el resultado de que no hay compatibilidad y no hay interconexión.
El problema, por tanto, es el haber descentralizado esta competencia, no que el ejercicio de la misma esté mal «gestionado».
III. ESTADO FEDERAL: CAMINO A NINGUNA PARTE
En este contexto de crisis hay voces, a veces bien intencionadas, que ofrecen como solución el «Estado federal».
Dejando de lado la cuestión de por qué sustantivamente esto a mi juicio no es correcto, los ejemplos expuestos antes nos muestran que, funcionalmente, esto no es una solución.
¿Hubiera cambiado algo el problema de la Sanidad, la Educación y la Justicia por el hecho de que España fuera, formalmente, un «Estado federal»?
A mi juicio no. Es decir, desde el momento en que esas competencias pertenecieran a «Estados federados» nos encontraríamos ante el mismo problema que hemos sufrido con las autonomías. El problema pura y sencillamente es que hay decisiones y competencias que, económicamente hablando, NO ES BUENO QUE ESTÉN DESCENTRALIZADAS. Y conviene añadir, a este respecto, que quienes defienden el «Estado federal» ni por asomo pretenden que en ese eventual «Estado federal», la educación, la sanidad y la justicia correspondan a la Federación.
A todo ello, se le añade un problema derivado de la situación política actual española. Cito de nuevo a Delgado-Gal:
Los defensores clásicos del federalismo han alegado que el desplazamiento parcial del autogobierno a unidades más pequeñas sirve para educar al ciudadano en las virtudes de la responsabilidad política.
(…)
Por desgracia, la descentralización nos ha sorprendido con el pie cambiado. La contigüidad entre administradores y administrados no ha servido para que los segundos controlen a los primeros, o estos eduquen a aquellos. Lo que ha ocurrido es que unos y otros, administradores y administrados, se han tomado la medida, han comprendido que sus intereses eran momentáneamente complementarios, y se han dedicado al deporte favorito de la socialdemocracia en su tramo descendente: hacerse favores trocando votos por dinero. No niego que el federalismo competitivo u otros esquemas por el estilo pudieran ser buenos también para España. Pero estoy hablando de lo que hay. Y lo que hay, qué le vamos a hacer, es lo único que hay.
IV. EL GOBIERNO RAJOY TIENE LA PALABRA
La necesidad de corregir la estructura del Estado es apremiante.
Y, por eso mismo, resulta hondamente preocupante que el Gobierno Rajoy, ni haya propuesto una reforma constitucional (para cuya aprobación se requeriría el concurso del PSOE) ni haya propuesto a día de hoy ni una sola ley de armonización (para cuya aprobación se basta el PP por sí solo).
Y mientras tanto, seguimos la caída hacia el abismo.
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