Algunos ideólogos galleguistas, tras ser cómplices en la ruina de las cajas, ahora se burlan de quienes protestan contra los responsables del desastre. Es la ilustración perfecta del “mexan por nos, e din que chove”. Sucede que el escándalo de las “indemnizaciones” a los directivos que han arruinado las cajas ha suscitado dos tipos de reacciones que parecen una complicidad objetiva con los responsables. Unas pretenden excluir la responsabilidad de las administraciones gallegas; otras califican como “hipócrita” denunciar el escándalo.
Algunos para ocultar sus propias responsabilidades en la ruina de las Cajas gallegas cuya fusión apoyaron con infames campañas mediáticas alegan bien que la “desfeita” ha sido sólo responsabilidad del Banco de España y de Elena Salgado, bien que esto se ha debido a “la falta de una normativa que permitiese al supervisor marcar los límites”. Lástima (para ellos) que no sea cierto. Que hable la ley.
El Estatuto de autonomía atribuye a Galicia, dentro de las bases de la actuación económica general, la “competencia exclusiva” sobre cajas de ahorros (art. 30.1.5). A tal efecto en Galicia se dictaron diversas leyes de cajas en 1985, 1989, 1996 y 2004, refundidas en el Decreto Legislativo 1/2005 y modificado por la ley de 2009. En dicha normativa se establece que el parlamento de Galicia y los municipios tienen, cada uno, un 20% de representación en la asamblea y en el consejo de administración de las cajas. Igualmente se dispone que la “acción del Gobierno de la comunidad autónoma” debe “velar para que exista una organización administrativa y contable y unos procedimientos de control internos adecuados” (art. 5) y que los órganos de gobierno de las cajas de ahorros (donde, recordemos, hay representantes del Parlamento y de los municipios gallegos) “actuarán con diligencia” (art. 6). Y, para que quede todo perfectamente claro, se establece que la comisión de control (en la que hay representación del Parlamento de Galicia y de los municipios gallegos) “deberá informar inmediatamente de las posibles irregularidades observadas en ejercicio de sus funciones a la Consellería de Economía y Hacienda para que tome las medidas oportunas, sin perjuicio de sus facultades de solicitar la convocatoria de asamblea general y su obligación de comunicar directamente al Banco de España (…) las cuestiones relacionadas con las competencias que le son propias” (art. 42.2).
No parece que sea “hipócrita” exigir al Parlamento de Galicia y a los municipios gallegos (el de La Coruña más que ninguno) responsabilidad en lo ocurrido si no informaron a la Consellería.
NOTA:
Este artículo se ha publicado en el diario ABC, edición de Galicia, el sábado 15 de octubre de 2011.
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