Sahara occidental, la raíz podrida de un problema

Permalink 02.12.10 @ 00:01:32. Archivado en Marruecos, Sahara Occidental, USA, Europa (UE, Consejo de Europa), Derecho Público (Constitucional e Internacional), Política exterior de España

La operación brutal arrasando el campamento "Dignidad" en Akdaim Izik ha suscitado numerosos análisis sobre la cuestión. Pero no todos han ido a la raíz del problema. En un artículo firmado conjuntamente con el Catedrático de Derecho Internacional Público de las Univeridades de León y Navarra, Romualdo Bermejo, apuntamos a la causa última del conflicto: los acuerdos ilegales de Madrid de 14 de noviembre de 1975. Por eso, la única manera de solucionar este conflicto es denunciando esos acuerdos.

SAHARA OCCIDENTAL, LA RAIZ PODRIDA DE UN PROBLEMA
Romualdo Bermejo García (*)
Carlos Ruiz Miguel (**)

La violencia marroquí contra el pueblo saharaui tiene muchas causas, pero dos pueden considerarse fundamentales. La primera tiene que ver con la causa del conflicto y la segunda con su gestión. Una buena gestión puede ayudar a paliar el conflicto, pero su solución definitiva no se conseguirá mientras no se aborde su causa última. El problema del gobierno de Rodríguez Zapatero es que ni aborda la causa del conflicto ni lo sabe gestionar.
Se dice por no quienes no tienen interés en encarar la causa verdadera del conflicto del Sahara Occidental que éste es "artificial" o “complejo”. Pero no es ni lo uno ni lo otro. El conflicto del Sahara es un conflicto muy real producido por una causa muy simple: porque no se ha querido aplicar el Derecho Internacional vigente. Y este intento de eludir el Derecho Internacional para satisfacer una pretensión política tiene su causa última en los acuerdos de Madrid del día 14 de Noviembre de 1975. Esos acuerdos se firmaron por tres gobiernos no democráticos, ni más ni menos, para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui cuyo censo ya estaba confeccionado. Se pretendía dar satisfacción a las pretensiones marroquíes de anexionar el territorio, pero sin respetar el Derecho Internacional que exige que esa anexión solo pueda llevarse a cabo si el pueblo saharaui así lo desea, pero no contra su voluntad. Esta es una de las varias razones por la que estos acuerdos son nulos. Y por eso, en última instancia, solo la denuncia de esos acuerdos, como nulos que son, puede sentar las bases de una solución al conflicto que sea civilizada, pacifica y democrática.
Todo lo acontecido desde 1975 ha sido un intento de gestionar una situación viciada de ilegalidad producida después de aquellos infaustos acuerdos. Esa gestión, tanto por España como por la comunidad internacional ha tenido protagonistas que unas veces han sido más hábiles y otros otras menos. Los más hábiles han intentado y casi conseguido superar la causa que desde el origen ha viciado este problema. Los más torpes, lejos de intentar y lograr superar las consecuencias del vicio de origen no han hecho sino ahondar en el mismo.
En España, apenas unos tres meses después de la firma de los acuerdos de Madrid, el primer gobierno de la monarquía dio un primer paso para intentar solucionar el problema. El 26 de febrero de 1976, el representante español en Naciones Unidas dejó sentada la posición oficial del Gobierno, a saber, que estamos ante un conflicto de descolonización y que la misma sólo se producirá cuando la población decida su futuro libremente en un referéndum. Es decir, cuando se aplique el Derecho Internacional que prescribe, de forma inequívoca, y tal como afirmó el Tribunal Internacional de Justicia que la descolonización del Sahara Occidental debe realizarse mediante un referéndum de autodeterminación entre las poblaciones originarias del territorio. Aquel gobierno no se atrevió a denunciar los acuerdos de Madrid, entre otras cosas porque el firmante de los mismos seguía presidiéndolo, pero dio un paso para corregir una dirección equivocada.
En esa dirección finalmente se decidió a marchar el Consejo de Seguridad cuando en su resolución 690, de 1991, aprobó por unanimidad un Plan de Paz en el que mediante un referéndum de autodeterminación las dos partes podían buscar la satisfacción de sus pretensiones políticas de un modo legal, democrático y civilizado. Aquel plan de paz fue boicoteado por Marruecos. A pesar de ello, James Baker consiguió sacar adelante el plan de paz en 1997 con los acuerdos de Houston, aprobados por unanimidad del Consejo de Seguridad, pero en el año 2000, Marruecos volvió a boicotear el proceso. Y todo ello sin que el Gobierno de España ni las Naciones Unidas condenaran el obstruccionismo marroquí.
En el año 2003, España revitalizó el proceso al conseguir que el Consejo de Seguridad aprobara por unanimidad en su resolución 1495 el "Plan Baker". Sin embargo, la ministra de Exteriores Ana Palacio disparó en el pie al Presidente de su Gobierno, Aznar, al acceder a la pretensión marroquí de rebajar el tono de la resolución del Consejo de Seguridad que, de "endosarlo" con fuerza ejecutiva, paso a "apoyarlo" sin fuerza coactiva.
Después, todo ha ido a peor. La llegada de Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno y el nombramiento de Moratinos como ministro de Exteriores ha supuesto un retroceso en este proceso de solución. Para ello, se ha desmontado la política del Gobierno de Aznar y se ha obstaculizado el esfuerzo de Naciones Unidas para buscar una solución legal, civilizada, pacífica y democrática, la del referéndum de autodeterminación en la que el pueblo saharaui pueda decidir si quiere ser marroquí (con o sin una supuesta autonomía) o quiere ser lo que fue, libre e independiente. Para decirlo claramente, el gobierno de Rodríguez Zapatero quiere volver a la política del último gobierno de Franco, un gobierno no democrático, quiere volver a los acuerdos de Madrid. No es casual que Moratinos invocara esos acuerdos para justificar la firma del acuerdo pesquero de la UE con Marruecos englobando las aguas del Sahara Occidental. Y no es casual que la tragedia actual se haya desencadenado precisamente a partir de una protesta por el expolio marroquí de las riquezas naturales del Sahara Occidental en violación de lo dispuesto en el Derecho Internacional. Los sangrientos resultados de esta política están a la vista.

Romualdo Bermejo García (*) es Catedrático de Derecho Internacional Publico de la Universidad de León
Carlos Ruiz Miguel (**) es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela

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