El PGOU y la Señora Guardabrazo

Que el PGOU de Marbella se falsificó está fuera de toda duda, o sea, esta es una cuestión fáctica que además es palmaria. Que algún día lleguemos a saber con nombres y apellidos quiénes lo falsificaron es otra cosa, pero que se falsificó es evidente y lo ve un niño de cinco años.

También están claros algunos beneficiados por la falsificación, otros no los conocemos. Por ejemplo, la falsificación en la zona de La Cañada valía entre 100 y 150 millones de euros; la falsificación en la zona de las lindes unos treinta millones de euros, etc.

La pregunta inmediata es si nadie en el Ayuntamiento veía lo que estaba pasando, y la respuesta es, evidentemente “sí, pues ciegos no están, pero todos callaron”. Esto es lo que resulta absolutamente inaceptable.

La inmensa corrupción que asola España no sería posible si a muchos niveles no hubiese personas fácilmente corruptibles, dispuestas a cooperar  de manera más o menos activa o al menos a tolerar lo que ven mientras miran para otro lado. Esto es lo que resulta tan preocupante, por su extensión y lo arraigado que está.

Estos días Marbella Confidencial ha traído a portada la figura de Doña Isabel Guardabrazo, de profesión abogada y que fue empleada por el Ayuntamiento como cargo de confianza del Partido Popular con un sueldo de 90.000 € al año pagado entre todos. Era la encargada de coordinar el PGOU y como tal muy próxima a los Concejales de Urbanismo Doña Alba Echevarría y Don Pablo Moro, que en paz descanse.

Conviene recordar que el PGOU se aprobó provisionalmente en la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 29 de julio de 2009 y que lo aprobado fue la versión auténtica, la que presentó el Equipo Redactor el 12 de junio de 2009 por Registro de Entrada (Edicto 11896/2009 del BOP 156, publicado el día 13/08/2009)

Relevos en Urbanismo

A la vuelta del verano Doña Alba cesó como Concejal de urbanismo (Edicto 13758/2009 del BOP 199, publicado el día 16/10/2009) en favor de Don Pablo Moro.

El día anterior el los medios informaban que Don Federico Guardabrazo, topógrafo del Ayuntamiento de Marbella y hasta entonces Jefe de Planeamiento, dimitió (http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/14/andalucia_malaga/1255547795.html), resultando sustituido por el arquitecto Juan Muñoz.

Sin embargo su hija, Doña Isabel Guardabrazo ha seguido trabajando para el Ayuntamiento hasta hoy. Como jurista sabe perfectamente que un PGOU tiene por misión clasificar y calificar urbanísticamente el suelo de un municipio. En 2007 se había realizado un deslinde que traducía los antiguos cuadernos de campo de noviembre de 1874 en modernas referencias UMTS. En marzo de 2009 la Junta recordó al Ayuntamiento que se acababa de hacer el deslinde —que no es otra cosa que redibujar por dónde iba la linde— y que no veían razón para alterarla.

Parece que no fue a instancias de la Concejal sino de una administrativa que Doña Isabel Guardabrazo habría emitido sus informes oponiéndose a que la linde oficial apareciese reflejada en el Texto Refundido del PGOU. Sería bueno conocer el nombre de la administrativa solicitante y entender la razón de la solicitud.

Considerando que un PGOU debe ceñirse al suelo propio, abarcándolo por completo, parece que nada más deseable que marcar sobre el plano la linde oficial vigente e inalterada desde 1874, a fin de clarificar para el ciudadano del común que el PGOU de 1986 dio a Marbella un poquito más de suelo del que le correspondía y que por tanto en esa zona ha de entenderse nula la clasificación y calificación marbellí del ’86.

No resulta fácil comprender la postura de la Señora Guardabrazo, al menos desde la perspectiva de la defensa del mejor orden y los intereses de la ciudad que paga su sueldo.

Preguntas al aire

Cuesta entender que ninguno de los muchos empleados del Ayuntamiento que sabían que el PGOU se había falsificado alzase la voz. Podrían llegar a plantearse, al menos en abstracto, preguntas como si no es prevaricar emitir informes o dar licencias a sabiendas de la falsedad del PGOU que les servía de base. En Derecho la respuesta es “sí”, claro.

La falsificación del PGOU sólo valía algo si se otorgaban licencias para llevar a cabo (o acabar de bendecir) los desarrollos urbanísticos contrarios al planeamiento auténtico, y eso requiere otorgar licencias. Tales licencias se presumen legales y son válidas mientras el PGOU estuvo aprobado, pero decaen si se prueba que se dieron y se recibieron a sabiendas de su falsedad. En ese caso son nulas de pleno derecho y es posible deshacer lo mal hecho y que los autores de la fechoría no se salgan con la suya.

Si un simple grupo de ciudadanos a base de mirar unos planos y otros somos capaces de ver que el PGOU era falso, y de deducir que algunas de las falsificaciones valían muchos millones, es impensable que los técnicos del Ayuntamiento que llevaban años tramitándolo y que lo informaron, no lo supiesen.

Si a ello añadimos que tanto Doña Isabel como su padre Don Federico Guardabrazo estuvieron asesorando de manera privada a promotores con fuertes intereses en el municipio, se plantean, al menos para el ciudadano del común, una serie de preguntas de calado. Y es posible que incluso la justicia sienta que tengan entidad bastante como para merecer ser respondidas en sede judicial.

El tiempo dirá, pero indicios racionales de evidencia, hay.

 

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