Sin transparencia

El empirismo filosófico es cosa sana, pues obliga a contrastar los buenos deseos proclamados en Leyes y Reglamentos con su verdadera aplicación en la práctica.

La ciudadana que escribe estas líneas participaba en dos movimientos sociales: Marbella por sus Árboles y La Plaza es nuestra que reclamaban cosas tan simples como que se cuide el arbolado de la ciudad y no se permitan las talas injustificadas y que los espacios públicos no estén totalmente copados por bares y restaurantes, expulsando a los ciudadanos de sus calles mediante el capitalismo salvaje de cañas y tapas.

Como miembro de Marbella por sus árboles, el 30 de junio de 2016 (NRE TEL-E_2016043303) solicitó acceso al expediente de las costosas obras de la Avenida Nabeul, donde entre otras cosas se les cayeron todos los árboles. Pese a las proclamas de transparencia del Ayuntamiento, nunca recibió respuesta.

Hartos de esperar y de promesas el 12.03.2017 se interpone queja ante el Consejo de la Transparencia (CSV feXMZ46FUZD870+hzLdbkWHWIFc5Ch)

Lo que se ha pedido ver es el expediente completo, incluida la fase de adjudicación de la obra. Bien pues se reciben dos respuestas:

Una del Ayuntamiento de Marbella firmada por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Antonio Sarmiento y que en una hoja por las dos caras contiene su informe sobre el arbolado, ese que tras una viva reunión se le recordó que debía producir. Los árboles de nuestras calles y plazas son jurídicamente bienes inmuebles de dominio público, que deben estar debidamente inventariados y donde los encargados de velar por su cuidado tienen una responsabilidad personal y directa por los daños que se les ocasionen.

El sistema del Ayuntamiento es que iba el técnico y de palabra decía “este sí”… “este no”.

La otra respuesta que se recibe es del Consejo Andaluz de la Transparencia quien recuerda al Ayuntamiento la necesidad de abrir un periodo de alegaciones de 15 días antes de dar vista y copia del expediente completo de obras —incluida la fase de adjudicación y cualesquiera modificaciones posteriores al proyecto—, por lo cual la solicitud de información de este interesado queda paralizada a la espera de retrotraer el expediente administrativo a este punto con el cual el Ayuntamiento no ha cumplido.

Desde entonces no se tienen más noticias.

Por su parte el Movimiento Vecinal “La Plaza es Nuestra” el 12 de marzo de 2017 solicitó copia del plano a escala que se estaba elaborando de la plaza porque no tenían (¿y entonces cómo se daban las licencias?) así como vista y copia de todos los expedientes de licencia (¿o es que la mitad estaban en precario?)

La solicitud la hizo el Portavoz del Movimiento (la redacté yo pero la presentó mi compañero en nombre del Movimiento Vecinal).

Ante la falta de respuesta presenté queja, en nombre del Movimiento Vecinal, ante el Consejo Andaluz de Transparencia. Expliqué qué era el Movimiento , iba su logo… en fin, todo muy clarito.

Sin embargo el Consejo deniega mi petición por entender que carezco de legitimación.

Veamos: los Movimientos Ciudadanos por definición, carecen de personalidad jurídica, de estructura formal o de ninguna norma que los regule: no tienen una lista de miembros y son por definición una cosa informe.

Sin embargo son perfectamente legales, por aquello de que todo lo que no le está prohibido a los particulares, por definición les está permitido. La razón de ser es algo tan simple como que el Derecho está al servicio de las personas y lo esencial del ser humano es la libertad. Perder esta perspectiva es suicida.

Las personas jurídicas y las administraciones con sus órganos, organismos y demás inventos son creaciones del Derecho, a disposición de quien quiera someterse a ellas acogiéndose a los modelos y estructuras que ofrecen.

El Portavoz del Movimiento —cuyo nombramiento no consta en parte alguna— está tan legitimado para pedir una información como lo está cualquier otro miembro —cuya pertenencia al Movimiento se presume, pues en ninguna parte consta tampoco que el Portavoz sea miembro: todo ello se basa en la buena fe, que se presume.

Y en base a ello se presume que cualquier miembro del movimiento vecinal La Plaza es Nuestra debe poder reclamar para el movimiento el acceso a los expedientes que se piden y más cuando está ocurriendo en la ciudad algo tan tremendo como que la plaza del pueblo está copada entera por los restaurantes, Plaza que dicho sea de paso es demanial y está clasificada como sistema general: vamos que esto, jurídicamente, es como poner mesas en la A7.

El fin de nuestras pomposas Leyes de Transparencia nacional y Andaluza es hacer efectivo el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos contenido en el artículo 105.b) de la Constitución salvo cuando afecte a la intimidad de las personas, la seguridad nacional o la averiguación de los delitos.

Suspenso categórico pues al Ayuntamiento de Marbella y suspenso también al Consejo de Transparencia y que siga otro: los demás tenemos cosas mejores que hacer con nuestras vidas que luchar contra una administración imposible.

 

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