Un déficit de transparencia y participación

Con motivo de la apertura del trámite de alegaciones en el Expediente 001/2010/AMU de alteración de términos municipales entre Marbella y Benahavís, fueron varios los ciudadanos que solicitaron que el expediente se pusiese a disposición de los vecinos de Marbella en su propio Ayuntamiento. Entre los diversos escritos a disposición de los ciudadanos uno de ellos venía a hacer referencia a toda una serie de principios y normas: participación, transparencia, acceso de cualquier persona a un expediente en una cuestión que le afecta, superación de la brecha digital, de modo que los ciudadanos que no manejen internet habitualmente no se vean perjudicados frente a los que sí lo manejan, etc.

La petición que se solicitaba partía de lo establecido en el artículo 3.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPC) a cuyo tenor:

En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

Se trata ésta de una Ley que tiene ya 23 años y que decía en el segundo inciso de su artículo 1 que:

[Las Administraciones] deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

La petición se amparaba en otros preceptos, entre ellos la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que desarrolla estos aspectos de la LPC, y que dice así:

Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

Artículo 13. Información pública. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

En consonancia con ella, la  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, desarrolla la norma estatal haciendo hincapié en diversos aspectos, como la citada evitación de la brecha digital, o por ejemplo el PRINCIPIO DE GRATUIDAD, mal avenido con tener que desplazarse los ciudadanos de Marbella hasta Sevilla tan sólo para consultar unos documentos que ya obran en poder del Ayuntamiento de Marbella.

Un Ayuntamiento que no pone a disposición de los ciudadanos un expediente que tiene, es que no debe querer que éstos vean lo que pueda haber en él: si no, mal se explica el triste silencio del Ayuntamiento ante la petición que se le formulaba. De muy poco nos vale a los ciudadanos que se formulen leyes que en la práctica no son más que un brindis al sol: para eso, nos ahorramos lo que cuestan los Parlamentos e incluso la democracia entera.

La postura de la Junta

Se dio traslado a la Junta de Andalucía de la petición formulada a Ayuntamiento, recibiendo la siguiente respuesta del la Dirección General de la Administración Local:

“Atendiendo al carácter de universalidad del trámite de información pública, y de conformidad con los elementales principios de transparencia y participación, previstos en la Ley 30/1992 […] así como la Ley 19/2013 y la Ley (andaluza) 1/2014 […] desde este Centro Directivo se considera plenamente amparada por la legalidad vigente la solicitud realizada por vd. al Ayuntamiento de Marbella para que por éste se cumplimiento debidamente dicho trámite en el procedimiento relativo a la alteración de los términos municipales de Marbella y Benahavís, de modo que se permita el acceso al expediente obrante en sede municipal a cualquier persona interesada en el asunto. La negativa a facilitar tal acceso puede ser puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo de Andalucía o ser objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.”

Como no puede ser de otra manera, la Junta entiende que lo que se exige al Ayuntamiento de Marbella se basa en la más elemental legalidad, hasta el punto de que su desatención por el Ayuntamiento es lo suficientemente grave como para plantear queja ante el Defensor del Pueblo y —esperemos que con un poco más de eficacia—, recurso ante los tribunales.

Desde el punto de vista del procedimiento de alteración de lindes entre los términos municipales de Marbella y Benahavís, la cuestión es relevante. En efecto, la Ley 7/1993 de demarcación municipal de Andalucía entiende que se está ante un asunto que afecta a los ciudadanos de tal manera que inmediatamente tras haber recabado el parecer de los Ayuntamientos afectados, solicita el de los ciudadanos. En el expediente en cuestión el incumplimiento de la puesta a disposición del expediente en los términos del artículo 1.1 y 1.5 de la LPC y de las Leyes 19/2013 (estatal) y 1/2014 (andaluza) plantea la cuestión de si se ha instruido siquiera correctamente el expediente, según una recta interpretación de la ley. La cuestión a elucidar en el ámbito contencioso-administrativo es si la no exhibición del expediente en el Ayuntamiento de los ciudadanos que podían resultar claramente perjudicados por el mismo, es un defecto tal que el acto que se dicte sea en su caso anulable, por indefensión de los interesados (63.2 LPC).

Evidentemente el Ayuntamiento de Marbella no ha tenido el más mínimo interés en promover la participación ni la transparencia en el procedimiento de alteración de lindes que se propone: si no habría respondido a la solicitud que se le formulaba y que venía a pedir que por favor, a través de los medios de comunicación de los cuales tan frecuente uso hace el Ayuntamiento, anunciase que el Expediente está a disposición del público, para quien lo quisiese consultar.

SBQuien quiere ser transparente lo es, y pone a un funcionario a explicar al público de qué van todos estos mapas, incluso facilita un escrito donde cada uno pueda formular alegaciones. Si no se hace es porque no se quiere y es que no deja de resultar sospechoso que se promueva y se reactive un expediente desde el Ayuntamiento que más pierde.

O como le dijeron en un Pleno a la Señora Alcaldesa de Marbella: “Igual que San Bernabé es el Alcalde perpetuo de Marbella, usted lo es de Benahavís” – o esa impresión se puede acabar teniendo, desde luego.

 

 

 

 

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