Del Mata Mua y otras cuestiones

matamuaVaya por delante que quien escribe estas líneas le estará siempre eternamente agradecida a Doña Carmen Cervera por lo muchísimo que ha hecho siempre a favor de la cultura en nuestro país. Un museo suyo logra verdaderamente hacer una aportación transformadora de una ciudad, desde que se tiene un “Thyssen” la ciudad ya no es la misma. Y en un Thyssen siempre hay algo maravilloso que ver, y se pasan momentos de verdadera felicidad sublime, auténtica cosecha del alma.

Habiendo dicho esto, vamos al numerito del Mata Mua del otro día.

De ninguna manera, bajo ningún concepto, procedía el “show”montado por Hacienda, se le monte a Carmen Cervera o a quien sea. De entrada, se trata de un despilfarro de recursos púbicos sencillamente inaceptable. De seguido, si lo que el funcionario en cuestión quería indagar era el número de días que Doña Carmen vivía en España a efectos de considerarla residente o no según el criterio de artículo 9 de la Ley del IRPF, es porque esta señora no es residente en España. (No abundo en las dificultades de prueba que esto tiene en un espacio como el afectado por el Convenio de Schengen).

Como quiero pensar que los Letrados de Doña Carmen serán de lo mejorcito que haya, voy a asumir que esta señora ha nombrado representante fiscal en España, no por deporte ni porque le quede mono, sino porque lo dice la el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Y aplicando el criterio de normalidad, voy a pensar que estos señores están dados de alta tanto como colaboradores sociales como en el sistema de notificaciones electrónicas lo cual, en resumen, quiere decir que para notificar algo a Doña Carmen, basta con mandar un económico correo electrónico a la persona designada, según los registros de Hacienda.

imagesSi el Ministro Montoro fuese un señor —no se dice que no lo sea, sí que surge una duda más que razonable acerca de sus aptitudes sociales y demás entrenamiento básico en la vida—, habría salido a disculparse públicamente, en nombre de sus funcionarios, a quienes habría abierto expediente sin demora él, personalmente. Se llama avocación administrativa. De paso, procede que se disculpe ante todos los contribuyentes, por semejante manera de tirar el dinero de sus impuestos. Es una cuestión de puros modales y elemental sentido común. ¿O es que la Guardia Civil no tiene nada mejor que hacer?

El coste de la inseguridad jurídica y de los actos en masa

Digamos un par de verdades. El Modelo 720 lo único que ha conseguido es que numerosos extranjeros residentes que tributaban en España se hayan “deslocalizado”, por lo general a otro país de la UE. No, no se han ido muy lejos, no se crean. Y como muchos ocurre que cumplen, el resultado ha sido que ahora gastan en su país, no en España.

Esta deslocalización de residentes con cierto poder adquisitivo ha ocurrido por dos motivos. El primero de ellos es el régimen exorbitante de la tributación en España. Bien, sí, siempre se tributó por la renta universal, pero lo cierto es que los mecanismos para hacerlo efectivo eran muy débiles.

Hay alguna cuestión de dudosa justicia intrínseca. Por ejemplo, si una persona heredó una casa en Westfalia, de su abuelo, que era muy alemán, trabajador y ahorrativo. ¿Es razonable que la Agencia Tributaria cobre impuestos por una renta presunta por esa casa que en realidad no son más que gastos para su dueño? Pues es dudoso, y como es dudoso, otros Estados menos codiciosos (de la UE, sin ir más lejos) parece que han entendido que es igualmente legítima la decisión de no cobrar tributos por un concepto como este.

Pero mucho más importante que esto ha sido la sensación de tremenda inseguridad ante una Agencia Tributaria que tantas veces procede de manera absolutamente irrazonable, amén de que su avaricia no vea límites. ¿Para qué tanto recaudar, para robar en los EREs, los cursos de formación o el 5% en Cataluña… y el resto de España? ¿Para pagar sueldazos a gente que no sabe hacer la “o” con un canuto? ¿O para pagar dietas de alojamiento en Madrid a Diputados que son dueños de varias casas en la capital del Reino?

¿Es justo cobrar una renta presunta porque un extranjero tenga una casa en otro país, para pagar una dieta de alojamiento, libre de impuestos, a Elvira Rodríguez, que tiene cinco casas en Madrid? No, evidentemente.

Es un hecho que los planes para reactivar el mercado inmobiliario ofreciendo la dudosamente atractiva opción de devenir residente en España, han sido un completo fracaso; cosa que dicho sea de paso, no había que ser muy listo para atisbar de antemano: bastaba con vivir en el mundo real.

Cuando se piensa además que numerosos actos administrativos son de los que se llaman “actos en masa”, es decir, se producen por cientos y por miles, y son todos jurídicamente idénticos, el problema es que cuando se comete un error, éste se multiplica y también el coste de su rectificación. Es el caso de un reciente acto que afecta a miles de personas y que tuve el dudoso placer de recurrir. En el caso, desde que algún lumbrera confundió el concepto de intereses indemnizatorios con el de intereses remuneratorios, que manda narices, la vagancia del recorta-pega de los que le han seguido, no ha causado más que una montaña de problemas, errores en masa, que costará muchos miles de euros del erario llegar a arreglar.

El problema de la falta de consecuencias

Bien, pues todos estos desatinos quedan sin consecuencias. Ni a los del numerito del Mata Mua —”¡ay, pero qué negra es la envidia!” habrán pensado tantos—, ni al lumbrera de la confusión en masa y sus seguidores, les va a costar su metedura de pata absolutamente nada.

Y al contrario: al administrado que de repente se ve asaltado por alguna absurda iniciativa de Hacienda, nada le quita la factura del fiscalista, que en numerosos casos no se suele recuperar. Puedo citar un caso reciente en que el funcionario de la Agencia Tributaria simple y llanamente ignoró la evidencia que se le presentaba, que era palmaria. Quizá estuviese pensando en el aumento de sueldo que la mayor recaudación le podría traer; es posible, sí…

Y, ¿qué riesgos corre él, personalmente, con su proceder? Absolutamente ninguno. Ninguno. En la práctica, jamás, ninguno.

Es un hecho que la previsión de exigencia de responsabilidad a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas del artículo 145.2 de la Ley 30/92, es papel mojado, pues se basa en que efectivamente la Administración haya sido declarada responsable y además se aprecie dolo o negligencia en el proceder del funcionario de turno, cosa que rara vez ocurre.

Que se estime que la Administración tiene responsabilidad depende de numerosos factores pues hay que partir de que como establece el artículo 142.4 de ese mismo texto legal “La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización“. O sea, a usted le han traído mártir durante siete años, se ha dejado los cuartos en asesores, y resulta que es algo que usted “tenía la obligación de soportar” – y “no era obligatorio tener letrado”.

La normativa y los procedimientos tributarios son tan complejos, que pensar que se vaya a salir vivo de una inspección sin un buen fiscalista, es una completa falacia.

La jurisprudencia española es sumamente deficitaria en este punto, una filfa: se basa como tantas cosas en España en gigantescas mentiras en cuyo fondo sólo late la más absoluta desconsideración por el ciudadano, su tiempo, su  dinero y las incomodidades que se le hacen pasar.

Pero si deficiente es la jurisprudencia, más aún lo son las leyes. Es sencillamente inaceptable que en los tiempos que corren, baste lo afirmado por quien es jurídicamente autoridad, para que tenga valor probatorio —artículo 137.3 de la Ley 30/92—, no exigiéndose ninguna otra prueba por su parte (por ejemplo unas fotos hechas con el móvil, que seguro que para otras cosas bien que lo usa) . A partir de la sola afirmación de otro, el administrado puede vivir un auténtico calvario, si no logra una contraprueba con frecuencia sencillamente imposible de aportar. Todo se basa pues en que un señor, por ejemplo, no se equivoque al copiar a mano la matrícula de un coche (enésima matricula que copia ese día mientras a lo mejor está pensando en las musarañas).

Una “democracia avanzada”

images (1)Esto, señores, es sencillamente inaceptable. Y de esto, que es muy simple, hay que empezar a hablar. Pablemos, el ombliguismo nacionalista, la vacuidad de Vox, la sonrisa profidén-PSOE y otras generalidades a mi, como ciudadano, me sobran. Con que propongo ir centrando el tiro…

En Marbella sigue pudiendo llegar a costar cinco mil pesetas una sola fotocopia Din A4 en blanco y negro de un documento que tenga más de cinco años; y llevo casi dos años de procedimiento para que se enmiende una ordenanza que es de cajón que está mal hecha, en este caso por ese PP tan especial y particular que gobierna la ciudad.

Eso sí, tras seis meses de duras negociaciones y procedimiento administrativo por la vía de urgencia, logré que tapasen un enorme agujero que había a la salida de la autovía y que era un auténtico peligro. ¿Qué pasaba? ¿Sólo lo veía yo?

¿Es aceptable? En absoluto. Eso, poner esos mínimos estándares y decir que la birria que tantas veces nos ofrecen es eso… una birria inaceptable, eso es ser pueblo soberano. Y lo demás: pamplinas para el entretenimiento televisivo.

Buenas noches

 

 

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