Ultracapitalismo y la urgente necesidad de reformar la Ley del Gobierno

El ultracapitalismo está ganando terreno en España y lo está ganando desde hace muchos años, y cada vez más. Esta es una de esas corrientes de fondo que subyace a toda la vida española, en todos sus aspectos: y no es buena: es, de hecho, profundamente destructiva del país y de la sociedad en su conjunto.

En los años venideros —hablamos de veinte, treinta, cuarenta años, la prioridad de cualquier partido que gobierne, es revertir esta tendencia. Ambos, derechas e izquierdas, han contribuido en España, de manera muy activa, al empobrecimiento de las clases medias —entendidas en un sentido muy amplio—, y al aumento de las diferencias sociales. La aportación más significativa viene de quien más ha gobernado, que han sido las izquierdas.

El ultracapitalismo, palabra que me parece infinitamente más descriptiva que la de neoliberalismo, tiene unas consecuencias nefastas en todos los órdenes. Revertir la tendencia es una prioridad.

No es sólo que las diferencia sociales en España sean cada vez mayores y que las rentas salariales como participación en el PIB sean cada vez menores, es que la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas es cada vez mayor y más injusta, con el aumento de impuestos indirectos, tasas y contribuciones especiales aunque esta es una figura tributaria que por profundamente odiosa resulta menos frecuente en la práctica. En efecto, impuestos indirectos y tasas (con algunas excepciones) son iguales para todos, con independencia de la renta. ¿Dónde queda el mandato constitucional de tributar en función de la riqueza que se tenga?

Aznar se queda muy corto cuando dice que “la mejor política social es el empleo”; como se quedó muy corto cuando decía aquello de que “España va bien”. El “España va bien” no iba seguido de un “y seguirá yendo bien”, y en efecto faltó sentar las bases de un crecimiento sólido dentro de un sistema mejorado. Al contrario, ciertas cosas se hicieron muy mal, como la puntilla a la ya mermada independencia judicial, protagonizada por un nefasto, nefasto, nefasto Michavila, horror de los horrores por su manifiesta incompetencia y su comportamiento inexcusable.

Que la mejor política social sea el empleo es sólo parte de la historia. Aparte de tener un empleo, dicho empleo ha de estar remunerado de una manera justa; y una vez remunerado, no puede ser que esté sometido a una presión fiscal salvaje y que con la miseria que queda, apenas se lleguen a cubrir las necesidades más básicas, pues en España los bienes de primerísima necesidad tienen un precio simplemente disparatado en relación a la renta media.

Por supuesto que ese precio disparatado es y era perfectamente evitable, de no haberse legislado en España durante muchos, muchos años para satisfacer a la Diosa Codicia. Así la Ley del Suelo favorecía la especulación, y se sabía: pero también favorecía la recaudación tributaria que acompañaba al boom inmobiliario y a todos los niveles, aumentando los ingresos de los municipios pero también los de las Comunidades Autónomas y por supuesto los del Estado. Y va tres cuartos de lo mismo por la inexistente política energética española, que no se aborda, ni se ha abordado en el pasado simplemente porque no se ha querido.

En vez de pensar en cómo mejorar la vida de los ciudadanos, cuando se legisla y se ha legislado en España se ha pensado en “qué me conviene a mi, personalmente, en este momento”. Ese gobernar de miras cortas, egoístas y estrechas, arropado y ayudado por el silencio cómplice de tantos que callan pese a lo que ven, por miedo a no seguir saliendo en la foto, es una constante. Sus consecuencias son nefastas y los resultados a la vista están.

La Ley 50/1997 del Gobierno

El artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno se reformó por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Cada anteproyecto de ley se acompañará por, entre otras cosas, un informe sobre el impacto que pueda tener la ley, por razón de género (además de otros como una memoria económica, un informe sobre su necesidad y oportunidad, etc).

Bien, pues es absolutamente urgente:

PRIMERO: Que se incorpore un inciso a este artículo que exija que cada anteproyecto de ley se acompañe de un estudio de cómo va a mejorar, económicamente, la vida del ciudadano medio. A ver: ¿le hace pagar más tributos, del tipo que sean? ¿Le impone un gasto más, de alguna manera inevitable? ¿Evitar dicho gasto le supone otro gasto distinto, no exactamente abarcado por la ley en cuestión, pero también inevitable? ¿Qué le ahorra al ciudadano? ¿Le simplifica la vida, le quita alguna traba, algún trámite, algún obstáculo o impedimento, algún papel que tiene que hacer para la Administración, alguna hora más de trabajo de las muchas que cada ciudadano regala a los poderes públicos todos los años?

SEGUNDO: Que no haya anteproyecto de ley cuyo “estudio de impacto en el bolsillo y en la vida del ciudadano medio” no resulte en un balance positivo para el ciudadano. Si no hay balance positivo, no hay ley y habrá que esforzarse en buscar otra solución.

TERCERO: Que dicho estudio se someta a trámite de información pública, estando a disposición de todos, las aportaciones que hagan los ciudadanos, oportunamente clasificadas mediante un práctico sistema de meta-tags o “palabras clave” y votos de los usuarios. Así, el Gobierno tendrá, a tiempo de corregir sus errores, información de primera mano de cuál es la realidad española y no podrá ignorarla. Se gobierna para la ciudadanía y no podríamos pensar que hubiere Gobierno alguno que no se sintiese feliz y satisfecho de poder dar cumplimiento a ello, ahora que tenemos toda este tecnología disponible y que nos permite hacerlo a coste prácticamente cero. Yendo a más, es que con la de gente lista que hay en España, las contribuciones de calidad, hechas con enorme conocimiento de causa, no tardarían en llegar.

CUARTO: Esto que se dice regiría también para la elaboración de los reglamentos sin los cuales las leyes resultan inaplicables, por supuesto, y que con gran frecuencia añaden más costes, gastos, trabajos, requisitos, trabas, impedimentos, horas de rellenar papelitos y formularios para que alguien en algún observatorio justifique su sueldo haciendo una estadística que nadie se lee, etc.

QUINTO: Simplificar, simplificar, simplificar. Si no es necesario, quítelo: ergo por cada nueva norma, piense en las que versando sobre materias conexas, se pueden derogar.

SEXTO: Esto se basa en el elemental principio de que más piensan dos que uno. Se frustrará un tris el placer de mandar, que no nos engañemos: el que es político lo es porque le encanta mandar. ¿Pero y el placer de las cosas bien hechas, del servicio a los demás… ? Quite-quite… lo descubrirá usted pronto. Y se frustrará, y mucho, más de un chanchullo, pero ¿y la oportunidad de ir antes al cielo que al infierno?

Y sin esto, la clase media —entendida en un sentido muy amplio—, que es el motor y sostén de este país, no se recuperará jamás. Sin una clase media enriquecida, España no saldrá adelante nunca: y en relaciones internacionales no hay amigos, sólo hay intereses: y del árbol caído todos hacen leña. Esta es la realidad de la vida, y no hay otra.

Hay por tanto UNA prioridad, y es urgente, gobierne quien gobierne que la verdad es que nos la refanfinfla porque son todos iguales: enriquecer, y de manera muy significativa, a las clases medias. No basta con que tengan trabajo: debe haber un buen nivel de rentas salariales, y debe quedar un amplio margen de renta disponible en sus manos: porque ellos son los que emprenden, y ellos son los que mueven la economía porque son el verdadero motor del consumo. Y si algún ultra-rico tiene menos dinero, nos da igual; y si hay alguna administración menos, pues mejor que mejor.

La codicia es un problema gravísimo de nuestro tiempo, y hay que combatirla con urgencia y eficacia. Y no passsssa nada…

P.S.: Discreta, cuando menos, la reforma de las Administraciones. ¿Para cuándo esa racionalización del sector público, decían…?

Sin categoría

2 comentarios


  1. Sancho Amado

    Vas bien. Pero ellos van “mejor”: se hace algo para obtener votos de determinado nicho o colectivo, con independencia del coste que suponga para la totalidad de ciudadanos. Un partido es una empresa inmoral, entre otras cosas por lo que acabo de escribir. Y claro, siempre es un partido quien gobierna y no es un administrador quien administra.

    • Cristina Falkenberg

      Si, pero hay que empezar por algo: por ejemplo, reconocer el problema y al hilo de cada ley, cada reglamento, cada sencilla instrucción administrativa preguntarse si impone un coste, un tributo o un trabajo más para el administrado y si lo hace, rechazarla: ya está bien, hombre, ya está bien de vapulear a la gente, que es un constante chupar y vapulear. El hartazgo de la gente no puede ser mayor y esto no es lo que queremos para nosotros mismos. Ese es el concepto de soberanía: decidir qué quiere uno para si mismo.