Actualización segunda – Impugnación ante el TC de la declaración del Parlamento catalán sobre soberanía

Entrevista a Juan Espino y Paco Maganto en Es Radio:
http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2013-06-09/entrevista-a-juan-espino-y-paco-maganto-59870.html

Los lectores de este blog vienen siguiendo el caso de dos ciudadanos quienes recurrieron ante el Tribunal Constitucional (TC) la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprobaba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, en base a que la nación española es indisoluble y el el titular de la soberanía es todo el pueblo español.

Sin motivar el TC su resolución y en contra del recto sentido de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1979 reguladora del Tribunal Constitucional (LOTC), el  recurso de estos dos ciudadanos fue inadmitidopor falta de legitimación“, una explicación difícil de encajar atendida la literalidad de la LOTC y que no cabe ignorar. La inadmisión podría dar la impresión de tener más que ver con que los recurrentes son dos simples ciudadanos y que en España la inobservancia de la Ley por parte de las instituciones es algo que queda sin consecuencia. La Fiscalía podía haber recurrido, pero no lo hizo. Qué decepción: creíamos que su misión era la defensa de la legalidad vigente. El Defensor del Pueblo a quienes se dirigieron también, produjo como era de esperar, una de sus respuestas no-pertinentes y que en absoluto respondía de manera razonada a la petición que se le hacía. En España cuando las instituciones deciden ignorar la ley, como difícilmente pueden producir argumento alguno contrario a lo que es muy obvio, lo que producen son respuestas perfectamente absurdas. Cuando se leen estas cosas uno no puede sentirse avergonzado de su país, por el nivel institucional bajísimo, bajísimo que hay y lo paleto que resulta todo. Ahora estos dos ciudadanos, haciendo uso de su derecho de petición, han solicitado que el TC revise de oficio su inadmisión del recurso. Tenéis el texto de su petición al final de este comentario. Es muy triste estar gastando tiempo y fuerzas en tener que argumentar lo evidente, y que no es otra cosa que la vulneración del derecho de todos los españoles a decidir en una materia que les afecta directamente, por supuesto que sí. Si algo está poniendo de manifiesto este caso es lo ñoño, lo mediocre y lo estúpido que resulta ya todo en este país, lo triste y decepcionante de nuestras instituciones, que no nos engañemos, no son lacayas de un poder político que las domine, no: son el resultado del comportamiento de quienes encarnan sus órganos, personas con nombres y apellidos que deciden libremente su proceder. La sensación de desapego ciudadano no puede ser mayor. La impresión de fracaso absoluto de nuestro supuestamente Estado democrático y de derecho, es inevitable. Lo que nos hemos de preguntar muy seriamente es si esto, que es tan cutre y tan casposo lo seguimos queriendo. ¿Y si sus sueldos se los pagásemos en cromos? Por parte de esta que escribe sólo siente vergüenza ajena… y lleva mucho tiempo sintiéndola. Qué antigualla, qué manera tan rancia de pensar… qué cateto es todo esto. Ya sabemos lo que van a contestar, no hay que ser muy listo para saberlo. Lo mejor de todo es que les da exactamente igual: es el completo asilvestramiento institucional que no nos olvidemos, es el de todas y cada una de las personas que traspasan sin rubor alguno la frontera de la ley. **************

Recurso de amparo 858/2013.

A LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Don M.M., Procurador de los Tribunales y de Doña M.M.U. y Don J.E.S., conforme tengo acreditado en el recurso al margen referenciado, ante el Tribunal Constitucional comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO: Que por providencia notificada en fecha 24 de Mayo de 2013, se acuerda inadmitir el recurso presentado por esta parte. Que en virtud del derecho de petición y existiendo una evidente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, solicitamos que el Tribunal Constitucional reconsidere de oficio, su decisión de inadmitir y archivar la petición de amparo formulada por esta parte, anulando y dejando sin efecto la misma en base a los siguientes, MOTIVOS PRIMERO.- La resolución dictada carece de motivación, infringiendo el artículo 120.3 de la Constitución, en relación con el artículo 248.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infringiendo el artículo 24 de la Constitución. Se limita la providencia dictada a inadmitir el recurso presentado por esta parte al considerar a mis representados carentes de legitimación, conforme el artículo 42 en relación con el artículo 46. 1, a) de la LOTC. Los mencionados preceptos sin embargo establecen como legitimados a mis representados en tanto en cuanto, tienen un interés legítimo, por tanto son personas directamente afectadas. Ante la meridiana claridad del precepto citado y previa solicitud a la Fiscalía de ese órgano, se indica por este último que los únicos legitimados son los que ostentan la condición de parlamentarios, interpretación carente de fundamento a juicio de esta parte, y que a la vista de la providencia dictada es mas incomprensible si cabe, máxime cuando nos encontramos ante un órgano y tribunal que deben proteger la no vulneración de ningún derecho fundamental ya que, A) La providencia dictada así como la opinión expresada por la Fiscalía contradicen expresamente la doctrina de ese Tribunal que a “sensu contrario” ha sostenido recientemente que el cauce para residenciar las decisiones ó actos parlamentarios sin valor de Ley es el recurso de amparo del artículo 42 LOTC, para el que basta la legitimación individual. “ATC Pleno de 13 de Enero de 2012, nº 7/2012, rec 1598/2011 EDJ 2012/769.” También contradice la doctrina de ociosa cita del Tribunal Supremo que indica que están legitimados las personas que ostentan un derecho o interés legitimo, que vendrá dado, por regla general, por el hecho de que el acto impugnado comporte la vulneración de un derecho fundamental del que resulte titular, encontrándose legitimados tanto los españoles como los extranjeros en tanto sean titulares de derechos y libertades fundamentales. De modo que cuando el artículo 53.2 CE se refiere a que “cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos…”, la expresión “ciudadano” deber ser interpretada en sentido amplio y no rigurosamente técnico. C) De igual forma contradice la doctrina del Congreso de los Diputados que en relación con la legitimación en el recurso de amparo ha declarado que “Por lo que respecta a la llamada legitimación privada en el recurso de amparo, es de destacar que los arts. 161.1 b) CE y 46.1 LOTC contienen distintos enunciados: en el primero se habla de interés legítimo y en el segundo de persona directamente afectada (apartado a) y persona que ha sido parte en el proceso judicial correspondiente (apartado b). Ha sido necesaria una interpretación complementaria de los mismos, que comenzó por fijar lo que ha de entenderse por interés legítimo, fórmula por la que se excluye la acción popular (STC 214/1991, de 11 de noviembre), pero que ha sido aplicada de forma amplia y flexible por el TC (por todas STC 60/1982, de 11 de octubre), de modo que no se confunde con la más restrictiva de la titularidad personal del derecho fundamental cuyo amparo se pide (STC 47/1990, de 20 de marzo). El enunciado persona directamente afectada (art. 46,1, a LOTC), limitado a los recursos que no exigen proceso previo (art 42 LOTC), se ha interpretado como comprensivo no solo de quien afirme ser titular del derecho vulnerado, sino también de toda persona que demuestre un interés legítimo en la preservación o reparación del mismo (STC 141/1985, de 22 de octubre). (http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=162&tipo=2). SEGUNDO.- La falta de motivación de la providencia dictada por ese Tribunal tampoco justificaría el argumento de que la falta de legitimación se considere porque el recurso “tiene carácter preventivo”, pues consideramos que el daño es actual y en todo caso, el artículo 41.3 CE habilita para recurrir en amparo ante dicha posibilidad. Por todo lo cual, SUPLICO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Que habiendo por presentado este escrito se admita, y en su virtud, ante la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, amparado en la Constitución, ante la inexistencia de instancia judicial previa, y en virtud del derecho de petición de mis representados, se anule de oficio la providencia de referencia decretándose la admisión del recurso presentado. Por ser de justicia que respectivamente pido en Madrid a 3 Junio de 2013. Fdo. E.P.R. Fdo. F.M.R. Letrado Letrado Fdo. M.M. Procurador

Sin categoría

Comentarios cerrados.